El Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía (CCIE) propuso al Gobierno Nacional bajar a la mitad la tasa de fiscalización minera, por dos años, y destinar el monto recaudado, junto con los demás impuestos mineros, a un fideicomiso dedicado al desarrollo sectorial. Para este, proponen una serie de medidas de política pública, algunas de las que recogemos en esta nota.
El CCIE se declara una organización técnica sin fines de lucro y apartada de toda organización política. Los ingenieros realizan propuestas de políticas públicas en diversos ámbitos relacionados con las competencias que abarcan sus experticias y, en esta ocasión, lo hicieron en una rueda de prensa sobre la minería, en Quito.
Sin haber expuesto los métodos de cálculo, el gobierno impuso en junio la tasa minera e indicó que generaría 229 millones de dólares al año, aproximadamente, como contraprestación por el servicio público de fiscalización y control de la minería ilegal.
Hasta el momento, tampoco ha dado a conocer cuánto recaudó por el primer plazo que se cumplió el 31 de julio y se desconoce el listado de empresas que han realizado el pago de forma normal (por ejemplo, Lundin Gold y Solaris), cuántas lo han hecho bajo protesta (por ejemplo, Hanrine Exploration) y cuántas se han negado a realizar el pago y se encuentran inmersos en procesos de cobro por coactiva.
No obstante, empresas e individuos presentaron siete demandas en la Corte Constitucional se encuentran siendo analizadas en las cuales se baraja un surtido de argumentos legales que describen a la tasa como, más o menos, un impuesto ilegítimo en lugar de una tasa por servicios.
Análisis del CCIE sobre la tasa minera
El CCIE considera que, “esta tasa es exageradamente alta, pero de necesidad imperiosa como mecanismo para formalizar y desarrollar este sector, apoyando los trabajos mineros legales, combatiendo la minería ilegal y, además, evitará que se produzcan situaciones de monopolio o concentración de concesiones mineras, acatando lo que indica la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, Disposición Transitoria Séptima”.
“La tasa ha provocado una reacción adversa de algunos sectores empresariales que mantienen grandes extensiones de territorio concesionados oponiéndose al pago, pese a los significativos beneficios que reciben en virtud de la Ley de Minería”, afirmaron.
“La tasa minera permitirá impulsar la exploración de manera rápida y ágil, con tecnologías de exploración modernas, lo que sin duda beneficia al país y al desarrollo de todo el sector minero en general, afirmaron, y agregaron que los concesionarios deberán reducirse solo a las áreas más importantes para la explotación en el menor tiempo posible”.
Reducción de la tasa a la mitad y fideicomiso
Para que las inversiones mineras, principalmente internacionales, sean competitivas con países vecinos, subrayaron que recomiendan disminuir la tasa a la mitad y los tiempos de cobro para que queden “en condiciones similares a nuestros países vecinos”.
Respecto al manejo de la recaudación por la tasa, el CCIE recomendó que los fondos sean gestionados a través de un fideicomiso y, de manera transparente, se informe semestralmente sobre los montos gastados y los resultados obtenidos.
Esto, anotaron, se sostiene debido a que informes de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito y de la Organización de Estados Americanos, señalan que «…las investigaciones han descubierto una corrupción generalizada en la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y en el Ministerio de Energía y Minas».
Por otro lado, “para compensar la tasa y promover las inversiones mineras sugieren que el Instituto de Investigaciones Geológicas y de Energía (IIGE) libere las restricciones a la información técnica referente a geología, geoquímica y geofísica, al igual que lo hacen países vecinos y se la pueda bajar directamente del portal de manera electrónica”.
Destino de la recaudación por la tasa y otros ingresos mineros
Lo que proponen es un conjunto de medidas de política pública que constituyen casi un plan emergente del sector acuciado por la violencia en áreas en producción, la corrupción de las instituciones y la casi generalizada paralización de la exploración. Una propuesta que incluye un plan piloto de legalización de mineros ilegales.
El CCIE planteó que el fideicomiso que proponen sea administrado por el Banco Central, Banco de Desarrollo (BEDE) u otro organismo estatal, y no contenga solo las recaudaciones de la tasa minera, sino de las patentes de conservación y regalías, “para garantizar el buen uso de los recursos y cumplir el objetivo de controlar las más de 2 millones de hectáreas repartidas en las 2971 concesiones otorgadas”.
Las medidas incluyen también la efectiva apertura del catastro minero, además de la implementación de una ventanilla única para todo el proceso de producción y comercialización, introducir el IVA a la venta de oro y el control a los concentrados de exportación, entre otras.
Devolución de concesiones que se incorporen a la oferta de áreas
El catastro minero es el inventario de los recursos mineros del país, es decir, la base de datos georeferenciada en un mapa que, para el usuario externo, permite identificar geográficamente si las superficies de interés están “libres” de concesionarios. Abrir el catastro significa sencillamente que: los interesados en concesiones pueden ingresar solicitudes, para lo cual, obviamente, tienen que cumplir requisitos establecidos en las leyes.
En junio del año en curso, se decretó un a apertura progresiva del catastro ecuatoriano, iniciando el primer proceso de recepción de solicitudes para concesionamiento de áreas no metálicas. El ministerio del ramo recibió unas 230, pero tuvo problemas “técnicos” y las autoridades no han hecho públicas las soluciones ni los plazos. Para el mes de septiembre debió iniciar la recepción de solicitudes de áreas para la minería metálica de pequeña escala.
Este Consejo de ingenieros considera que el haber mantenido el catastro cerrado por siete años “es una de las causas para el incremento de la minería ilegal pues los mineros no tienen dónde ni como legalizar sus actividades y el Estado se priva de su control y de la recaudación de impuestos”.
Pero además, piden que se aplique la ley orgánica reformatoria a ley de minería que, en la cláusula tercera de sus disposiciones generales afirma que “es totalmente legal que una petición para explotación de no metálicos se pueda reformar a explotación de metálicos”.
“El bajo número de proyectos de gran y mediana escala que han llegado o están próximos a llegar a la fase de explotación, con casi 20 años de vigencia de la ley minera, subrayan, refleja que no han realizado los trabajos para determinar la mineralización económica y esto debería reflejarse en la devolución de las áreas de concesión, en cuyo caso, podría procederse a la explotación de pequeñas mineralizaciones que no son de interés de la mediana y gran minería”.
Más condiciones para el desarrollo del sector
La ventanilla única electrónica, afirman, elimina el contacto con servidores públicos evitando la corrupción, agilitando el certificado de no afectación al agua y la aprobación del estudio de impacto ambiental.
“Antes del cierre del catastro, cuando se recibían solicitudes se requerían de 2 a 5 años para obtenerlos. Tiempos tan dilatados implican altos capitales y muchos gastos innecesarios”, aducen.
Y, adicionalmente, sugirieron al Gobierno el desarrollo de un “plan piloto para la legalización de mineros ilegales”, sin haber profundizado en el tema. El CCIE considera que el combate a la minería ilegal se debe complementar con esto, debido a que existen mineros que han adoptado esa forma de vida “porque no tienen donde legalizar su actividad económica. Se debe considerar seriamente su legalización”.
Consideran también que la exención del IVA a las ventas de oro, establecida en la ley de minería, y las regalías actuales, debilitan la recaudación fiscal sobre una de las actividades más lucrativas del país. Por tanto, puntualizan, “se recomienda modificar la Ley de Minería en lo referente al IVA y al porcentaje por regalías que debería ser hasta un 12%, similar a otros países mineros”.
Demandan la reestructuración integral de la Arcom y aprovechar la asistencia internacional para “conformar un verdadero servicio geológico ecuatoriano reemplazando las limitaciones del actual IIGE, dotándole de capacidades geológicas, mineras y geotécnicas”.
Control metalúrgico de concentrados
Adicionalmente, el Consejo de ingenieros propone que se fortalezca el control de los concentrados de mineral que exporta el país, porque “se debe conocer con exactitud y total transparencia, cuales y en qué cantidades son los minerales que se exportan”.
El CCIE considera pertinente sugerir al Gobierno Nacional que “contrate con laboratorios internacionales especializados en la calificación y cuantificación de los enriquecidos de minerales que se exportan y se exponga a la luz pública estos datos importantes, como se hace con el petróleo en cuanto a la cantidad de barriles que exporta”.
Propuestas para el contexto social
Para mejorar las condiciones en el agro vecino a las zonas de mina, se sugiere asignar valores destinados a la construcción y/o mantenimiento de escuelas, centros de salud, vialidad, centros de capacitación, etc.
Agregan que se debe capacitar a nivel nacional a la sociedad civil respecto a los beneficios de la minería, y que esta debe ser una labor llevada a cabo por terceros como universidades, gremios profesionales y ONGs especializadas en minería, y no por el Gobierno ni las empresas mineras titulares pues se las consideraría tener un papel como “juez y parte”.
