Agrupados en el Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía (CCIE), experimentados profesionales proponen al Gobierno Nacional el fomento a la pequeña minería para la explotación de placeres aluviales, que permita el aprovechamiento económico de un estimado de 30 millones de onzas de oro secundario (el que se encuentra en depósitos de tipo aluvial o coluvial) que, a los precios actuales del metal, equivalen a unos US$ 117 mil millones de dólares, aproximadamente.
El CCIE es una organización técnica sin fines de lucro y apartada de toda organización política. Los ingenieros han decidido realizar propuestas de políticas públicas en diversos ámbitos relacionados con las competencias que abarcan sus experticias, y en esta ocasión sobre el sector minero.
Sobre la base del desarrollo de la minería aluvial en condiciones de legalidad, dijeron en una rueda de prensa, se puede generar para la economía del país millones en activos de oro y miles de puestos de trabajo.
Un placer aluvial es un sector de un río donde yacen minerales, especialmente oro, plata, piedras preciosas, etc.
Síntesis de estudios propios y ajenos reunidos por el ingeniero de Minas, Edgar Pillajo, señalan que el oro aluvial u oro secundario, que se encuentra distribuido en las terrazas a lo largo de los ríos del país contienen un potencial de 30 millones de onzas de oro. Considerando el precio internacional del día, de una onza troy a US$ 3885,52, resulta que ese potencial representa 117 mil millones de dólares, aproximadamente.
“Este oro aluvial en nuestro país está distribuido en 227 ríos identificados, cuya longitud aproximada total es de 3500 kilómetros”, afirmó el ingeniero Pillajo.
Por otro lado, afirmaron que está claro que únicamente la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) podrían aprovechar el boom de precios de minerales preciosos de manera inmediata. Pero se debe anotar, que lo están aprovechando las empresas de pequeña escala y la mina Fruta del Norte que se encuentran en producción de oro primario (el que se encuentra dentro de las rocas).
En todo caso, se trata de una oportunidad porque el ciclo de vida de una pequeña minería aluvial es tal que, “en apenas 200 días se puede poner en marcha un proyecto de este tipo”. “En minería aluvial artesanal o de pequeña escala, aducen, el tiempo de exploración para entrar en producción requiere de un lapso aproximado de un mes y, dependiendo de los depósitos, podría generarse al menos 10 000 puestos de trabajo al año”.
Los aluviales en donde ahora solo gana la ilegalidad
Constan los puntos identificados hasta 2024. Fuente: Dirección Técnica de Control de Derechos Mineros y Seguridad Minera de Arcom.
El pronunciamiento del CCIE se realiza no solo en contexto de incremento del precio internacional del oro por haberse intensificado su uso como activo de reserva de bancos centrales, sino también en un auge de la expansión de actividades mineras ilegales, muchas de las cuales el gobierno supone que son financiadas por grupos narcocriminales.
La última cifra oficializada por una autoridad es de 387 puntos de minería ilegal en Ecuador, en 16 provincias, según el informe oficial de rendición de cuentas 2024 de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), publicado en junio de 2025. Sin embargo, los informes de la Arcom no señalan en cuántos de esos 387 puntos se realiza minería aluvial.
Aquí constan las provincias y zonas en cuyas riberas de los ríos principales se encuentran los puntos de minería ilegal que podrían considerarse aluvial, y con presunta presencia de grupos armados, en el año 2024, y son los siguientes:
Napo: ríos Punino, Jatunyacu, Arosemena Tola.
Morona Santiago: Sector el Tink, San Marcos, Juan Bosco, Gualaquiza, Pangui, Tiwintza.
Zamora Chinchipe: Zumbi, Cumbaratza, Yanzatza, Nangaritza, Parque Podocarpus, Centinela del Cóndor, Paquisha, Panguintza Chinapintza, La Saquea, Yacuambi.
Esmeraldas: Alto Tambo, Eloy Alfaro, Ricaurte, San Lorenzo.
Sucumbíos: Barranca Berbeja.
Fuente: Arcom, Informe de rendición de cuentas 2024 Se han excluido otras provincias en donde la ilegal no se da en playas de ríos.
Hasta 2024, pocos de estos puntos fueron objeto de operativos de policía y ejército nacionales desde 2019 en los cuales se destruyeron equipos, incautado miles de insumos y decomisaron unas 500 excavadoras, sin detenidos.
En las últimas dos semanas, el Ministerio de Defensa ha publicado en redes sociales operativos de control en 24 puntos diferentes, pero únicamente tres han sido en zonas de minería aluvial: Palanda, en Zamora Chinchipe, Arosemena Tola, en Napo y Gualaquiza en Morona Santiago.
En las orillas de los ríos Guayzimi y del Nangaritza, es de conocimiento público, basta dar un vistazo a googlemaps, para ver como las playas están en proceso de destrucción por la ilegalidad en la extracción, de acuerdo a geólogos que han conocido esas zonas antes vírgenes de minería.
Lo que necesita este plan
Fuente: Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía.
Para que esta parte de los recursos naturales, osea la riqueza aluvial del país sea aprovechada como indica la Constitución, de manera responsable, para que se beneficie la población local con empleo, y el fisco con los ingresos que le correspondería por concepto de los impuestos mineros más las regalías, tienen varias propuestas.
Entre ellas está que se haga efectiva la apertura del catastro para la pequeña minería metálica, aprobar la ley de fomento de la MAPE y aumentar la compra del oro en territorio por el Estado, entre otras medidas.
El catastro minero es el inventario de los recursos minerales del país, es decir, la base de datos georeferenciada en un mapa que, para el usuario externo, permite identificar geográficamente si las superficies de interés están “libres” de concesionarios.
Abrir el catastro significa sencillamente que: los interesados en concesiones pueden ingresar solicitudes, para lo cual obviamente tienen que cumplir requisitos establecidos en las leyes.
En junio del año en curso, se decretó un a apertura progresiva del catastro ecuatoriano, iniciando el primer proceso de recepción de solicitudes para otorgamiento de áreas no metálicas. El ministerio del ramo recibió unas 230, pero tuvo problemas “técnicos” y las autoridades no han hecho públicas las soluciones ni los plazos. Para el mes de septiembre debió iniciar la recepción de solicitudes de áreas para la minería metálica de pequeña escala.
Este Consejo de ingenieros considera que el haber mantenido el catastro cerrado por siete años “es una de las causas para el incremento de la minería ilegal pues los mineros no tienen dónde ni como legalizar sus actividades y el Estado se priva de su control y de la recaudación de impuestos”.
Pero además, piden que se aplique la ley orgánica reformatoria a ley de minería que, en la cláusula tercera de sus disposiciones generales afirma que “es totalmente legal que una petición para explotación de no metálicos se pueda reformar a explotación de metálicos”.
El bajo número de proyectos de gran y mediana escala que han llegado o están próximos a llegar a la fase de explotación, con casi 20 años de vigencia de la ley minera, subrayan, “refleja que no han realizado los trabajos para determinar la mineralización económica y esto debería reflejarse en la devolución de las áreas de concesión, en cuyo caso, podría procederse a la explotación de pequeñas mineralizaciones que no son de interés de la mediana y gran minería”.
En cuanto a la “Ley de Fomento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal”, el CCIE indica que existe un proyecto en la Asamblea Nacional desde el año 2010. En la ley se deben considerar la asistencia técnica, tramites ágiles y préstamos blandos.
Integrantes del CCIE: Gladys Pijal, coordinadora, Vladimir Játiva y Edgar Pillajo.
Y, complementariamente, sugieren al Gobierno el desarrollo de un “plan piloto para la legalización de mineros ilegales”.
En relación a la compra de oro, señalan que el Estado ecuatoriano podría incrementar sus reservas de oro adquiriendo este metal en los lugares donde es extraído.
“Cuando el boom de la explotación del oro en Nambija, provincia de Zamora Chinchipe, el gobierno estableció oficinas del Banco Central en Zamora para la compra directa a los mineros y así evitó su salida hacia otros países y controló indirectamente el lavado de dinero”, afirmaron.
Por tanto, el CCIE recomienda al Gobierno Nacional el aumento de oficinas del Banco Central a todas las zonas de explotación.
