Tres hombres fueron condenados en segunda instancia a tres años de prisión, por el delito de asociación ilícita al participar en acciones en contra de la mina El Domo, antes Curipamba. El fallo fue el miércoles 19 de febrero por la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, provincia en el centro del Ecuador.
Esperando la sentencia para ser detenidos o llevar su caso a una nueva instancia, aseguran que son campesinos y emprendedores honrados, que lucharán por su inocencia y que no les detendrán en su resistencia contra la minería que pone en riesgo las fuentes hídricas de la provincia y de las provincias vecinas costeras y con ello, el acceso de las comunidades al líquido vital.
El grupo fue defendido por el abogado, excandidato presidencial y activista ambiental indígena Yaku Pérez. Sus defendidos denuncian ser víctimas de criminalización por oponerse a la minería y defender el medioambiente y expresan que no les reconocen el derecho a la resistencia de la Constitución.
Nunca han sido delincuentes, pero la empresa Curimining y el sistema judicial los convierte en criminales pero son inocentes, dijo una mujer apostada frente a la Core en Guaranda. “Han sido perseguidos por defender el agua y los recursos agrícolas de la zona que quiere ocupar la mina”, dijo otra.
Puede que ganen ellos porque son poderosos, expresó esa persona que no quiso identificarse, pero ¿quién nos pagará el daño sicológico que nos han hecho con este proceso? “Solo defendían las fuentes de agua que necesitamos para vivir y para nuestros animales y la agricultura, pero ahora nadie más va a poder reclamar porque el miedo que nos han metido”. Los acusados han tenido que presentarse cada ocho días ante la autoridad judicial y estaban prohibidos de salir del país.
Curimining, es subsidiaria de Silverstone que el año pasado compró toda su participación a la también canadiense Adventus. Ahora Silverstone es socia de Salazar Resources que es la dueña original y tiene participación en el proyecto.
La construcción de la mina para la explotación de cobre, oro, plata y zinc está en marcha y las primeras contrataciones de empresas de ingeniería y movimiento de tierras se han realizado ya. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica lo hizo posible otorgando el licenciamiento ambiental luego de una consulta a los habitantes de las proximidades de la mina, que es cuestionada por los activistas.
El defensor Pérez manifestó el año pasado que el grupo Nobis de la familia del presidente Noboa tiene acciones en Adventus y que por eso se ha celerado la megaminería en el actual gobierno, según reportó la prensa internacional. «Este proceso de criminalización no es el único. Hay otros cinco procesos más acusados por esta empresa o por terceros vinculados a esta, por delitos de violación a propiedad privada, ataque y resistencia, y asociación ilícita», detalló.
El proyecto El Domo-Curipamba se ubica en el cantón Las Naves, en una zona subtropical de la provincia de Bolívar, y la empresa operadora calculó en 248 millones de dólares la inversión en el período de construcción y la creación de unos 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
El año pasado, al emitirse la condena, la empresa aseguró que en la consulta ambiental se aplicaron tanto los lineamientos marcados por la Corte Constitucional como los estándares internacionales relacionados con la participación comunitaria en proyectos de desarrollo.
Los activistas antimineros convocaron por redes sociales a una protesta este lunes 24 de febrero a las 9 de la mañana en Quito, frente a la Corte Nacional de Justicia al norte de Quito.
