En el oficio AN-SSSU-UIO-037, firmado en Quito, el 28 de febrero del 2023, los asambleístas por Pachakutic, Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas, solicitaron al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, información sobre lo ocurrido con el procesamiento de 1200 sacos de minerales incautados en la operación de 2019 en Buenos Aires, Urcuquí, provincia de Imbabura, por la diferencia entre el valor calculado por la Empresa Nacional Minera, Enami EP, de US$ 5 073 381,08 y el pagado por la empresa comercializadora de metales Kavel S.A., de US$ 1 765 502,95.
El oficio, desde el punto de vista formal, está lleno de barbaridades. En principio, está dirigido a Fernando “Saltes Ulvite”; tiene varios errores ortotipográficos y no respeta la concordancia de número que se estila en el idioma español.
El Decreto Ejecutivo 649 estableció que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Arcernn, ex Arcom, entregará a la empresa nacional las sustancias minerales y productos resultantes incautados en operativos de control de minería ilegal, a fin de que realice las operaciones de beneficio, aprovechamiento y comercialización, cuyo producto ingresará en su totalidad a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
El “proyecto” para cumplir con esta orden presidencial fue denominado por la Enami como Promain. Y para velar por el interés del Estado y su patrimonio, entonces el rol de la empresa nacional en este proyecto consistía en garantizar la recuperación técnica y eficiente de los metales con valor comercial, principalmente oro y plata, así como su venta más beneficiosa para el estado ecuatoriano.
La Enami EP no contaba en 2021, ni cuenta todavía, con planta de procesamiento pero sí con técnicos calificados y experimentados en el muestreo y extracción de metales, lo que le permitió realizar tanto el muestreo como el cálculo de los valores comerciales del material contenido en los más de 1200 toneladas de material incautado. Es un secreto a voces que varios técnicos de la Enami renunciaron a sus cargos por desacuerdo con las decisiones del gerente general en la gestión del Promain.
Los técnicos hicieron su parte, como se puede colegir del informe técnico No. ENAMI-GEX-IT-2021-027 “Cálculo de la Ley Promedio de los Lotes 1, 2, y 3, en Base a los Resultados de Laboratorio Bureau Veritas S.A. (Media aritmética)”.
Extracto del Informe técnico N° No. ENAMI-GEX-IT-2021-028.
Por tanto, lo siguiente que le competía a Enami fue contratar a una planta procesadora, para lo que convocó a un concurso que en primer término fue declarado desierto y en segundo intento fue adjudicado al consorcio EMFE Romero. Con este consorcio firmó un contrato por un valor de US$ 229 632 para el «Servicio integral de una planta de beneficio de minerales para el procesamiento metalúrgico de hasta 1.202 toneladas de material mineralizado a ser entregado por Arcernnr».
Finalmente, la Enami EP contrató a la empresa comercializadora de metales Kavel S.A., para la “Compra venta de productos minerales (oro fino, plata fina y concentrado de oro)”, por US$ 1 765 501,95.
De acuerdo al examen especial de la Contraloría General del Estado DNAG-RN-0006-2023, relacionado con los procesos contractuales realizados por la Enami para el procesamiento del material incautado, los productos obtenidos del procesamiento metalúrgico para la etapa de comercialización y negociación de 8 de noviembre de 2021, fueron los siguientes:
9 barras de oro con peso de 38 814,35 gramos, con precio referencial London Fix PM en US$ 2 274 129,39.
12 barras de plata con peso de 48167,68 gramos, con precio referencial London Fix PM en US$ 37 600,66, y;
25 big bags de concentrado de oro con peso (sic) de 668 gramos por tonelada, con precio referencial London Fix PM en US$ 39 138,06.
Los asambleístas afirman, además, que: “en el informe técnico No. ENAMI-GEX-IT-2021-028, los valores de oro desde los patios de la Agencia (Arcerrn ex Arcom) que eran de alrededor de 92 gramos por tonelada, luego de una segunda verificación antes del transporte los valores muestreados bajan a 60 gramos por tonelada y antes del proceso en un tercer muestreo ya en la planta dan valores de 32 gramos por tonelada, finalmente el producto barras de oro es vendido con un descuento exagerado de casi el 30%, suponiendo una gran pérdida para el Estado ecuatoriano”.
Extracto del Informe Técnico No. ENAMI-GEX-IT-2021-028.
Según consta en las concusiones del informe técnico No. ENAMI-GEX-IT-2021-028 “Determinación del Valor Máximo Asegurable de los lotes 1,2 y 3 de Material Mineralizado Incautado”, el valor máximo asegurable es de US$ 5’073.381,08 considerando el contenido de oro y plata en el material mineralizado incautado de los lotes 1, 2 y 3.
El mismo informe agrega que “El valor máximo asegurable está relacionado de manera directa con el precio de los metales, y no depende de la eficiencia de recuperación de la planta considerando que este es un factor variable, como su nombre lo expresa este el valor máximo asegurable.”
Ese informe técnico fue elaborado por la ingeniera química metalúrgica ecuatoriana, Silvia Arévalo, ex técnica de Enami y consultora internacional en muestreo y laboratorio, y aprobado por el ingeniero Juan Pablo de la Cueva, ex gerente de Exploración encargado de Enami.
Los asambleístas afirman que no ha habido esclarecimiento de supuestas irregularidades y que en la actualidad hay una investigación en la Contraloría General del Estado. Piden al ministro entregar los documentos de respaldo y respuestas a preguntas como las siguientes:
– ¿Qué sucedió con el resto del valor asegurable por los lotes 1,2,3?
– ¿Cómo y bajo qué procedimiento se trabaja sobre procesamiento de material incautado? ¿Qué funcionarios están a cargo? ¿Cuál es el plan de trabajo estratégico?
De acuerdo al abogado Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano, entonces gerente general de la Enami EP quien era asesor 2 del ministro Santos hasta enero y ahora se desempeña como Coordinador Técnico de Regulación y Control Minero de la Arcernnr, el procesamiento de los minerales incautados fue realizado con la participación de laboratorios, como Bureau Veritas, y el proceso cumplió con todos los informes técnicos necesarios e incluso fue objeto de una auditoría de la Contraloría General del Estado.
Vía Minera pudo conocer también que el despacho ministerial ya solicitó a la Enami EP informes sobre el caso para responder a los asambleístas.
