Desde el sábado 25 de febrero la mina Bonanza viene siendo explotada por extraños que se mantienen trabajando con resguardo armado e impiden que vuelvan sus dueños. El accionar de las fuerzas del orden no tiene efectos y los propietarios de la empresa piden que se declare estado de excepción en el cantón.
La denuncia fue hecha, en un primer momento, por trabajadores del cantón Camilo Ponce Enríquez, ubicado al sur de Ecuador, quienes denunciaron el ingreso a su campamento, el secuestro, agresiones y “taponeamientos” que comprometen el 60% de la operación minera de la mina “Bonanza”, ubicada en la parroquia Bella Rica.
“La fuerza pública no toma acciones. Nos ha dejado como que es nuestro problema. Ellos se quedan, sacan el mineral y si queremos nosotros ingresar nos meten bala” dicen los trabajadores que temen perder su fuente de empleo y la vida.
Sucede que tras la pérdida de la reelección del alcalde del cantón minero, Baldor Bermeo, han ocurrido una serie de hechos violentos en esa ciudad. El mismo alcalde Bermeo fue atacado al estilo sicariato una madrugada de lunes al pie del municipio, pero supo evitar disparos que casi eran a quemarropa y una ambulancia rápidamente lo recogió y llevó a una casa de salud en donde se recupera favorablemente.
La violencia es tanta que muchos visitantes -y vecinos de “la Ponce”-, han decidido andar con protección personal.
Al alcalde se le ha relacionado con una serie de irregularidades: una deuda de un total de US$ 2 millones entre el IESS y la Empresa Nacional Minera; una denuncia pública por extorsión a los grupos mineros que contaminan el río Guanache y ante la Fiscalía cuando la Policía encontró un arsenal de armas de grueso calibre en su mina “Un solo toque”.
Varias muertes de trabajadores en minas asaltadas por grupos violentos han ocurrido en el cantón, sin que exista un plan de seguridad para una actividad de la que dependen unas 6000 personas de la ciudad.
Sin embargo, los procesos y denuncias en contra del alcalde no avanzan y ninguno ha llegado a instrucción fiscal para enjuiciamiento alguno. Por eso, no extraña que la situación de la mina asaltada y secuestrada por organizaciones criminales no obtenga una atención efectiva de autoridad alguna. Todo se queda en papeles, veamos:
En Cuenca, el 29 de octubre de 2022, a través del Oficio Nro. ARCERNNR-CZA-2022-1615-OF; dirigido al mayor Moisés de la Cruz Chancusi, mayor de Policía, jefe del Distrito de Vigilancia Eloy Alfaro, se le da a conocer la denuncia de invasión del Distrito Minero Bella Rica y retención de personal civil.
El sábado 25 de febrero de este año, la empresa Bonanza informó a Eduardo Calvas, coordinador zonal Azuay de la Arcernnr, que ese día fueron objeto de una invasión de unos 30 delincuentes con armas de grueso calibre al interior de la mina desde el nivel 0, desde la veta 2, a las 10h20 de la mañana, que trataron de ingresar desde interior de la mina al campamento. Además, lo más grave, retuvieron en el sector de trabajo “veta 10” dentro de la mina a 62 personas entre trabajadores y guardias de seguridad.
Calvas trasladó la información al director ejecutivo de su instituciión, Luis Jorge Maingon Velasco.
Los concesionarios tuvieron que reforzar la vigilancia en puntos críticos como el acceso de la mina abandonada por el sector del Polvorín.
A mediodía llegó a la mina Bonanza el teniente Diego Camacho, acompañado de siete servidores policiales del eje preventivo e investigativo.
Minutos antes de las dos de la tarde fue liberado un grupo de 15 trabajadores. Ellos salieron en buen estado de salud y manifestaron que sus secuestradores se encontraban encapuchados y con armas de fuego.
A las ocho de la noche llegó el teniente Bryan Nieto con tres servidores policiales pertenecientes a la UNASE y conforma el Puesto de Mando Operativo, integrado por el Tcnl. Osorio, el mayor Adrián Armijos del GOE, el teniente Nieto y teniente Dalton Camacho de la PJ, en coordinación con personal de seguridad de la mina.
El domingo 26 de febrero a las nueve y media de la mañana fueron liberadas otras cuatro personas y poco antes de las once, salió el último grupo de tres personas que se encontraban retenidas, todos en buen estado de salud.
A las dos de la tarde llegaron los coroneles Edgardo Moreno y William Egas, comandantes subrogantes de la Zona 6 y Subzona Azuay, respectivamente, quienes disponen a las unidades tácticas presentes (GIR, GOE y GEMA) que se realice un barrido en el interior de la mina. En la maniobra encontraron un taponamiento desde el nivel 4 al nivel 8, impidiendo el paso hasta el nivel 13, con lo cual los delincuentes se tomaron el 60% en la operación minera.
El doctor Calvas informa en su oficio las coordenadas de los hechos denunciados: Operador Sociedad de Producción Minera Recuerdo Reina del Cisne: X 643738; Y 9660825. Latitud 3° 4’ 15,985”S Longitud 79° 42’ 31,645” W; y Operador Minereisis S.A.: X 642758; Y 9659752. Latitud 3° 4’ 50,961”S Longitud 79° 43’ 3,346” W.
Precisamente de estas operaciones vecinas de la mina Bonanza puede ser desde donde los delincuentes han ingresado a los túneles mineros utilizando desfondes o “accesos no autorizados”.
Con oficio Nro. MDG-GAZU-2023-0080-OF desde Cuenca, el 01 de marzo el gobernador de la provincia dispuso de manera inmediata la coordinación de un operativo con el fin de evitar el cometimiento de actos delincuenciales que afectan la integridad de las personas, a los señores Tcnl. Moisés de la Cruz, jefe de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza, al Crnl. Hugo Arroyo, comandante de la Subzona de Policía Azuay, al general de brigada comandante de la Ill División «Tarqui» del Ejército, Arturo Velasco y al teniente coronel de Em, Juan Francisco Calderón, subcomandante del Grupo de Inteligencia Militar.
En su disposición, el gobernador reseña ocho robos a la mina Bonanza ocurridos entre agosto del 2022 y febrero del 2023, cometidos por grupos de 30 a 40 individuos armados que han sometido a decenas de trabajadores y se han llevado además de ingente material aurífero, equipos, herramientas y equipos de comunicación y oficina.
