Enero, 24 de 2021.- Bolívar sería la segunda provincia ecuatoriana en la que se realizaría una consulta popular promovida por las organizaciones sociales que se oponen a la minería.
Organismos de base de otras provincias, como Loja, también estarían en condiciones de seguir la ruta abierta por el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca y lograr que la Corte Constitucional autorice la realización de consultas en torno al tema.
Por lo pronto, diversas organizaciones campesinas e indígenas de Bolívar vienen realizando una serie de actividades que podrían concluir en una consulta popular en la provincia.
Sus dirigentes no descartan acciones de otra naturaleza en lo que consideran la defensa de los territorios comunales que en los últimos años han sido concesionados para la explotación minera.
Cuatro de los proyectos llamados “de segunda generación” están en esta provincia, sin contar al que se ha hecho más famoso en los últimos años por la presencia de mineros y policías que protagonizan un prolongado conflicto por el control de la zona.
Según el presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar, el ex asambleísta Gilberto Talahua, al menos 168 000 hectáreas en la provincia han sido adjudicadas para el desarrollo de proyectos mineros.
En Bolívar han tenido lugar numerosas movilizaciones de pobladores campesinos e indígenas que no están de acuerdo con abandonar sus actividades tradicionales.
Ahora se recuerda que una de ellas se realizó el pasado 25 de septiembre del 2019 y fue precedida de varias reuniones en las que diversos sectores sociales se pronunciaron en torno al futuro de la provincia.
Uno de los puntos aprobados fue solicitar que se suspendan las concesiones mineras ya adjudicadas y también las que se encuentra en trámite.
Otro acuerdo fue iniciar el proceso de la consulta popular en toda la provincia.
El dirigente Talahua sostiene que ambos temas están en la agenda de las organizaciones y comunidades y que en relación a la consulta, están elaborando las preguntas que serían entregadas próximamente a la Corte Constitucional para que las califique.
