Enero, 24 de 2021.- La Cámara de Minería de Ecuador, CME, salió al frente de lo que considera una amenaza para el sector que esta vez viene desde la Asamblea Nacional, algunos de cuyos miembros están promoviendo reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
De ser aprobados dichos cambios, “se truncarían las actividades mineras lícitas y responsables, pues los cambios allí planteados parten de un supuesto erróneo y discriminatorio, en el que se dibuja a la industria minera responsable como generadora de daños ambientales”, dice la CME.
“De concretarse estas reformas se frenaría la inversión y la entrada de divisas. En ese escenario, el daño a la industria minera se extenderá a otros sectores productivos”, agrega.
La CME pide al gobierno ecuatoriano “defender sus intereses como administrador de los recursos minerales y de los sectores estratégicos”. También hace un llamado a las autoridades legislativas para que decidan con base en criterios técnicos, para que escuchen a los sectores involucrados y que ejerzan su mandato con responsabilidad y defendiendo la industria, el empleo y las operaciones responsables que serán claves para sacar al país de una de las mayores crisis económicas de su historia.
«El sector que más creció»
Señala el gremio de las empresas que el año pasado “la minería responsable fue el sector que mejor desempeño tuvo, constituyéndose en una pieza clave para la reactivación del país”.
Según cifras de la Cámara, en el año 2020 se exportaron más de mil millones de dólares en productos metálicos.
“En caso de que las reformas se aprueben, causarán un efectivo y determinante estancamiento a la minería del Ecuador, generando -además- un grave e irreversible efecto en el sector productivo” sostiene.
Añade que la propuesta legislativa modificaría la Constitución que en su artículo 407 ya establece que no se puede hacer minería en áreas protegidas. “Esta iniciativa pretende ampliar las restricciones de manera antitécnica, antojadiza y discriminatoria, creando -además- un caos jurídico al generar contradicción de normas”.
El pronunciamiento de la CME es respaldado por el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, la Cámara de Industrias y Producción y la Cámara de Comercio de Quito, entre otros gremios empresariales.
Lo suscriben también instituciones de profesionales ligadas a la actividad minera, los GAD parroquiales de Chumblín y San Gerardo y decenas de organizaciones de mujeres, padres de familia, transportistas, ganaderos, artesanos y de otras actividades.
