Abril, 16 de 2023.- Una alianza de 18 organizaciones sociales publicó el pasado 12 de abril una carta en la que sostienen que las empresas mineras arremeten contra la sentencia de la Corte Provincial de Imbabura y el derecho a las consultas previas.
La carta está dirigida “a las misiones diplomáticas acreditadas en el Ecuador, a las y los inversionistas nacionales y extranjeros, a la comunidad internacional en general y a la ciudadanía ecuatoriana”.
La sentencia a la que se refieren dejó sin licencia ambiental al proyecto Llurimagua, uno de los que, además del arbitraje en contra de Ecuador planteado por la estatal chilena Codelco, viene generando conflictos socio ambientales con notoria repercusión internacional.
Las organizaciones dicen en su carta que la Corte Provincial encontró que, en el trámite de la licencia dada el año 2014, el Estado violó la consulta ambiental y los derechos de la naturaleza, previstos en la Constitución vigente desde el 2008.
Puntualizan que “el reconocimiento expreso del derecho a la consulta ambiental existe en la Constitución desde octubre de 2008. Por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado desde esa fecha”.
Que “la sentencia de la Corte Provincial de Imbabura determinó, sobre la base del artículo 398 de la Constitución, que socialización no equivale a consulta”.
También que “en la sentencia del caso Llurimagua se declaró la vulneración de derechos de la naturaleza por haberse aprobado un estudio de impacto ambiental incompleto y antitécnico, lo cual ha sido invisibilizado por la Cámara de Minería y Codelco”
En torno al motivo de su pronunciamiento, las organizaciones señalan: “Nos permitimos aclarar lo que consideramos un intento de tergiversación de las empresas mineras en el Ecuador sobre la sentencia judicial en el caso Llurimagua. A la vez, para explicar, brevemente, el marco normativo que rige las consultas en el Ecuador y su violación sistemática”
“El Ecuador vende al exterior, a gobiernos y a empresas extranjeras la ficción de un clima favorable a las inversiones en proyectos extractivos. La verdad es que los planes extractivistas se imponen con violencia y chantaje a las comunidades y contra mandatos constitucionales expresos. Esto último está volviendo a ocurrir con el inconstitucional instructivo de consulta prelegislativa y el inconstitucional proyecto de normativa de consulta ambiental, que han sido defendidos y avalados por la Cámara de Minería”, agregan.
“Los gobiernos y las empresas extranjeras que deciden invertir en el Ecuador se exponen a una jurisprudencia en construcción que está exigiendo el cumplimiento de derechos reconocidos desde, al menos, 2008 y largamente violados. No hay inseguridad jurídica en esa exigencia. Por el contrario, es la vigencia del Estado de Derecho; un valor que, esperamos, sea compartido por los Estados amigos del pueblo del Ecuador”, señala la carta en su parte final.
