La Cámara de Minería del Ecuador, CME, hizo un llamado a la Corte Constitucional a fin de que se inadmita la acción de inconstitucionalidad presentada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Cofeniae) en contra del Decreto Ejecutivo 604, mismo que regla el ejercicio del derecho de las comunidades indígenas a la consulta prelegislativa y da cumplimiento a lo dictaminado por la referida Corte Constitucional en un fallo previo.
En su petitorio, las organizaciones solicitan además que se suspendan la aplicación de este Decreto hasta que la demanda se tramite por parte de la Corte, lo que detendría el trámite -actualmente en curso- de la norma de Consulta Ambiental.
Señala la CME que “la consulta ambiental es una herramienta necesaria para la obtención de las licencias ambientales que los sectores productivos requieren para continuar con sus actividades industriales de manera reglada y apegada a la normativa ambiental. Así lo determinó la Corte Constitucional en más de una sentencia”.
Andres Ycaza, síndico de la CME afirmó que “sostenemos que ésta inviabiliza el cumplimiento de lo dispuesto por la misma Corte de practicar la consulta ambiental. Además, en caso de acceder al pedido de las organizaciones sociales, existe el riesgo de que esta acción dilate la aplicación del proceso de la Consulta Prelegislativa y por ende de la Consulta Ambiental, paralizando las actividades industriales por varios años”.
María Eulalia Silva, presidente ejecutiva de la Cámara, señaló que “el Ecuador no puede detenerse frente a la coyuntura política. Debemos seguir produciendo, generando empleo y enfrentando nuestras necesidades”.
En este contexto, Silva también señaló que “de darse paso al pedido de la acción de inconstitucionalidad, se estaría incentivando las actividades ilegales, pues en un país donde las industrias formales no pueden avanzar, proliferan las actividades ilícitas”.
