Desde el 6 de febrero del año 2017 está vigente la normativa interministerial que contempla las Disposiciones para el Uso de Maquinaria y Equipo Pesado en la Actividad Minera y Transporte Comercial de Carga Pesada de Productos Forestales, con la cual se debería controlar por GPS la movilización de las excavadoras que se utilizan en la minería, y en otras actividades, aunque no estén fuera de la ley.
El horrendo crimen contra 11 militares ecuatorianos en el alto Punino el 9 de mayo, reiteró una vez más la combinación de factores que contribuyen a la expansión de la minería criminal, uno de los cuales es la ausencia de controles estatales, que dejan un vacío por llenarse, en este caso, supuestamente por un grupo armado del país vecino.
Uno de esos controles incumplido es el acuerdo interministerial “N° 002”, como se denomina la normativa, publicada en el Registro Oficial N° 938, tiene por objeto regular el uso de la maquinaria y equipo pesado, sus partes y accesorios, que sirvan para la ejecución de la actividad minera y forestal. Los inversionistas mineros y forestales, concesionarios e importadores de maquinaria y equipo pesado, se deben sujetar a esas disposiciones.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) debería tener a su cargo el Registro y Catastro de toda la maquinaria, equipo y transporte objeto del acuerdo, que incluye un listado de 15 tipos de maquinarias, entre las cuales constan: cargadora de ruedas, excavadora sobre orugas, lo mismo pero de cucharón frontal, excavadora sobre ruedas, miniexcavadora y retroexcavadora.
Para el proceso de registro y matriculación previsto en el Reglamento del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria, los mineros, concesionarios e importadores, dentro de los períodos regulares de matriculación dispuestos por el MTOP, presentarán el “Certificado de instalación y conectividad del GPS” emitido por el proveedor, sujetándose a los demás requisitos y procedimientos previstos.
El artículo 5 del acuerdo, contempla que las comercializadoras de maquinaria y equipo pesado, deberán entregar a los compradores las maquinarias con los respectivos dispositivos de rastreo satelital instalados, así como el registro debidamente emitido por el MTOP. Los importadores de maquinaria, una vez que ésta se encuentre nacionalizada, tendrían que hacer lo propio.
De ahí que, la instalación de dispositivos GPS híbridos (satelitales + celulares) que emitan la posición de la maquinaria o equipo pesado en tiempo real, debería hacerse obligatoriamente.
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) debería realizar el control y monitoreo de la maquinaria y/o equipo pesado, cuya actividad sea la movilización y aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos, a través de la plataforma e infraestructura tecnológica definida para que se lleve a la práctica esta normativa.
El MEM y el Ministerio del Ambiente, ahora con otro nombre y competencias de la ex Secretaría del Agua (Maate), validarán la documentación presentada por los proveedores de los dispositivos GPS, y publicarán, en los sitios web oficiales, la nómina de proveedores autorizados, según el acuerdo interministerial vigente.
En su artículo 10 dice que el MTOP compartirá con la Arcom y la Dirección Nacional Forestal la base de datos de las matrículas de maquinarias, equipos pesados y vehículos, por medio de una clave de acceso de consulta al Sistema Integrado de Transporte y Obras Públicas, Sitop y AXIS, con el compromiso de mantener la confidencialidad en su manejo.
En 2019, debía realizarse lo dispuesto en dicha normativa: la Arcom y la Dirección Nacional Forestal del ahora Maate, evaluarían los resultados de la normativa y, si todo iba bien, los llevarían a la plataforma de la Agencia Nacional de Tránsito.
El Acuerdo Ministerial N° 002 fue emitido por Boris Sebastián Córdova Morales, ministro Transporte y Obras Públicas, Javier Felipe Córdova Unda, ministro de Minería y Walter Francisco García Cedeño, ministro del Ambiente, y está vigente.
Sin datos sobre las excavadoras matriculadas
Con el combate a la minería ilegal que de un tiempo a esta parte realiza el gobierno nacional, las autoridades de la Arcom, del MTOP y de control ambiental tampoco han quedado nada bien, puesto que la rápida extensión de la minería criminal y su naturaleza violenta, ha revelado que no hay autoridades que hagan cumplir las normativas.
Las excavadoras se pueden ver con fotografía satelital y con drones. El gobierno decomisó 148 en 2022 en el operativo Manatí y la sociedad civil de Napo calcula que actualmente existen unas 270 en los frentes mineros en la provincia y lo ha denunciado de todas las formas posibles. Se venden en alrededor de 100 mil y 250 mil dólares en Ecuador, y son indispensables para remover las tierras antes de minar los minerales del subsuelo o lavar las arenas de los ríos en la minería aluvial.
La importación y comercialización de excavadoras, parte de las cuales son utilizadas en la minería criminal, generó un negocio de 500 millones entre 2017 y 2024. El número de excavadoras de oruga importadas en ese lapso se disparó a partir de 2021, en un período en el que no hay obra pública ni del gobierno central ni de los seccionales ni actividad inmobiliaria en el país que lo explique.
Las autoridades del MTOP no hacen público el dato de matriculación por año, de acuerdo a un reportaje del periodista de Bitácora Ambiental, Franklin Vega. Según este, “de las excavadoras detenidas en Manatí solo lograron liberar cuatro. Las restantes 144 tenían adulterados o borrados los números de identificación del motor y del chasis”.
La trazabilidad del dinero pagado en la compra de los equipos tampoco se realiza y los concesionarios y comerciantes, de acuerdo a testimonios recogidos por Vía Minera, pagan en efectivo por un equipo, y si los vendedores se niegan a aceptarlo, enfrentan amenaza de muerte. Ver: Vía Minera: “Ojalá los políticos se den cuenta del daño que le hacen al país. Entrevista a Hassan Becdach”. https://www.viaminera.com/entrevistas.html/#Hassan%20Becdach%20Mu%C3%B1oz:%20Ojal%C3%A1%20los%20pol%C3%ADticos
La idea de prohibir las retroexcavadoras focalizadamente por estar relacionadas con lavado de activos se usó en Colombia en los años previos a la firma de la paz, cuando las zonas aluviales de minería de oro y todas las demás en las extensas áreas estaban controladas por los subversivos en el país vecino.
De acuerdo a datos recabados por el ingeniero Franklin Viera de la empresa ecuatoriana Geomingold, Colombia llegó a exportan 1 millón de onzas de oro al año, cuando solo existía una empresa regular en la zona del valle de Nenchi, sector El baque, la empresa Mineros S.A., compañía que estaba muy lejos de esa capacidad de producción.
A 60 kilómetros de la frontera
Concesiones mineras en la zona de intervención del Ejército ecuatoriano en un operativo contra la minería criminal el 9 de mayo.
Las últimas víctimas de la minería criminal, por la ubicación de los hechos y por la versión oficial, fueron once soldados ecuatorianos y un miembro de una banda delictiva. La matanza calificada de emboscada por el Ejército ocurrió el viernes 9 de mayo, en la zona conocida como el alto río Punino, en la provincia de Napo, límite con la provincia de Orellana, al nororiente del país. El presidente Daniel Noboa manifestó por la red social X que se perseguirá y se eliminará a los responsables.
La versión oficial dice que 80 hombres del Ejército realizaban un control de la minería criminal cuando fueron emboscados los primeros 20 hombres ya recogidos de su punto de acción planificado. Los autores serían del grupo armado “Comandos de la Frontera”, conformado por disidentes de las colombianas FARC, utilizando alta tecnología, lanzagranadas, drones e inteligencia. Se señaló también transcurridos algunos días, que se comprobó la identidad del miembro de la banda muerto en intercambio de información con las fuerzas armadas colombianas.
El grupo delictivo hizo publicaciones en las que negaba la autoría del hecho, pero su versión es dudosa porque se verían afectadas las negociaciones de paz y desarme que lleva en la actualidad con el gobierno de Colombia.
El hecho ocurrió un día después de que se inicie la etapa de juicio de trece integrantes del grupo mafioso a cargo del fiscal Wilson Toainga, una semana antes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional y dos semanas antes del inicio del nuevo mandato de Noboa, quien declaró al Ecuador en guerra interna en enero del 2024. Desde ahí, las Fuerzas Armadas han estado presentes en las calles del país y ese desdoble de sus funciones de seguridad externa a al interior, por los errores garrafales de algunos de sus miembros, ha sido objeto de polémica social.
El control de la minería criminal con la Policía Nacional y el Ejército, ya iniciado en 2023, se considera una de las causas de una reducción en la exportación de oro desde el Ecuador. Según el Banco Central del Ecuador, tanto el valor como el volumen de las exportaciones experimentaron una contracción en 2024 respecto a 2023, con una disminución del 7,5% en valor FOB y del 10,7% en toneladas métricas.
Esto se explica, según la Cámara de Minería, por la producción de la mina de cobre Mirador por falta de suministro de electricidad y por los controles más estrictos del gobierno a la exportación de oro a la pequeña minería en la cual se hallan irregularidades en las concesiones y filtración de oro ilegal en los canales formales de exportación.
La composición de las exportaciones mineras ecuatorianas de 2024 en valor FOB muestra que en comparación con 2023, se observa una disminución en la participación del oro, que pasó del 41,84% al 33,42%, mientras que los otros productos mineros aumentaron su participación del 20,83% al 28,55%.
Además, en enero del año 2023, el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) primero y, a continuación, la Asamblea Nacional de Ecuador declararon a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad del Estado. Con ello, el gobierno de Guillermo Lasso anunció acciones firmes para combatirla que incluyeron la revisión del ordenamiento normativo y sancionatorio y respaldar a las concesiones mineras legalmente establecidas.
Alrededor del sector en el que sucedieron los hechos existen una serie de concesiones mineras. El sitio se conoce como Los Puninos o el alto Punino, en la confluencia con el río Sardinas, en la provincia de Napo justo en el límite con Orellana, al nororiente del país.
De ahí en línea recta hacían el norte a la frontera con Colombia hay unos 60 kilómetros, 45 kilómetros a la vía de primer orden E45 por el oeste y 27 km por el norte en el poblado de Lumbaqui, 54 km a la ciudad fronteriza de Nueva Loja; 105 kilómetros a la ciudad de Tena, 45 a la ciudad de Coca. Pero, según mineros y expertos en seguridad conocedores del sector, en esa zona es selva cerrada sin accesos distintos de los senderos ancestrales y no hay otra forma de ingresar equipo pesado que por el aire, lo que da idea de la magnitud de la inversión criminal y otra falta de control, al movimiento aéreo.
