First Quantum Minerals (FQM) confía en un posible diálogo con el gobierno panameño, tras anunciar que trabajará en la suspensión de los arbitrajes internacionales contra el país. El gobierno prohibió las visitas públicas a las instalaciones de la mina Cobre Panamá, que se realizaban con guías trabajadores de la propia mina, y el operador acató la orden.
La mina operada por la minera Panama Cooper, subsidiaria de FQM, se encuentra cerrada desde noviembre de 2023 tras la declaración de inconstitucionalidad de su contrato por la Corte Suprema de Panamá. Es la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
La Corte Suprema declaró inconstitucional su contrato renovado al violar 25 artículos de la carta magna, y actualmente la mina paralizada es objeto de demandas de arbitraje por más de 20 mil millones de dólares.
La administración del presidente, José Raúl Mulino, pidió la suspensión de los arbitrajes para iniciar «conversaciones formales» sobre la mina, y a la espera de una confirmación, anunció que comenzaría el lunes 24 consultas internas con su equipo sobre «el tema minero».
Y declaró: “¿con qué criterio, como presidente de la República, puedo decirle al país: ‘adiós a la mina, no va haber mina porque cinco gatos que no pagan una planilla no quieren mina?’”.
A pesar del cierre oficial, First Quantum anunció en marzo de 2025 un programa de visitas a las instalaciones de la mina, con el objetivo de mostrar el estado actual del sitio y posiblemente generar apoyo para su reapertura. Sin embargo, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá indicó que cualquier ingreso de terceros a las instalaciones ha sido gestionado unilateralmente por la empresa, sin la autorización del Gobierno Nacional.
La concesión
En marzo de 2023, el Congreso de Panamá llegó a un acuerdo con la minera canadiense FQM, permitiendo que su subsidiaria local continúe operando la mina al menos 20 años más. La mina a cielo abierto fue cerrada temporalmente en 2022 cuando las negociaciones entre el gobierno y First Quantum se vinieron abajo debido a pagos que el gobierno quería.
El contrato, que recibió la aprobación final el 20 de octubre de 2023, permitió a la subsidiaria continuar operando la mina durante los próximos 20 años, con la posibilidad de extenderse por otros 20 años si el sitio seguía siendo productivo.
La minera cifra en alrededor de 10 000 millones de dólares su inversión en esta mina y en un yacimiento con 3.000 millones de toneladas de reservas probadas y probables.
En la mina, situada al oeste de la capital, en medio de una gran zona boscosa cerca del Caribe panameño, dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, considerado de alta biodiversidad, las máquinas permanecen paradas, salvo alguna labor de mantenimiento, a la espera de volver a excavar en un tajo que, según datos de Cobre Panamá, alcanza los 180 metros en vertical.
También se mantienen en pausa las 2.000 hectáreas de terreno natural destinadas a almacenar los relaves, o remanentes del proceso.
«La empresa se está gastando sus propios recursos para mantener la sostenibilidad física y química del sitio, se está gastando 20 millones de dólares mensuales. De esos, 10 millones se destinan solamente al tratamiento de las aguas», asegura.
El impacto ambiental
El ministro Julio Molto enfatizó que el gobierno está en proceso de contratar una auditoría integral para evaluar técnica y objetivamente el estado actual de las operaciones y su impacto.
Desde la compañía se afirma que del total del agua utilizada durante las operaciones, el 99 % proviene de la lluvia, manteniendo 7 millones de metros cúbicos de agua almacenada, y el 78 % de la utilizada en la planta de procesos se recircula. También muestran parte de unas 4.500 hectáreas reforestadas.
Rogelio Vargas, que trabaja como biólogo especialista en Cobre Panamá, defiende también, junto a un túnel repleto de murciélagos que sirve de paso artificial para los animales bajo una de las carreteras, su «diseño ecológicamente amigable con el medio».
Pero los grupos ambientalistas han comenzado a mostrar su recelo ante ese posible inicio de conversaciones entre la administración de Mulino y Minera Panamá, al considerar que es un intento de reabrir la mina de cobre. Los grupos componen el movimiento ‘Panamá vale más sin minería’, lideraron en 2023 las mayores protestas en décadas en el país y anunciaron que están listos para volver a salir a las calles.
El impacto económico
Mulino recuerda que el cese de la actividad de esa mina, que representaba cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB) del país, se está sintiendo en desempleo, en falta de ingresos al Estado -que supondría 780 millones de dólares en impuestos directos- y el quiebre de muchas empresas que eran contratistas de la mina.
Hace quince días, autorizó la exportación del concentrado de cobre que quedó en la mina, unas 130 000 toneladas en total, así como la importación de carbón para reactivar la planta termoeléctrica de 300 megavatios e incorporar su producción en el abastecimiento de energía.
Los que también están pendientes de una decisión sobre la mina son alrededor de 7.400 trabajadores con los que contaba antes de su cierre, dijo la empresa, de los cuales ahora quedan en labores de mantenimiento unos 1.200. Con información de: EFE, AP y Mineriaenlinea.com.
