El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Poder Legislativo un proyecto de decreto que reforma la regulación del sector minero y que casi de inmediato, fue criticado por diversas organizaciones gremiales del sector.
En síntesis, el proyecto plantea la eliminación de beneficios y el aumento de las obligaciones para las empresas privadas.
El proyecto propone que las concesiones sólo se entreguen mediante concurso público, bajo condiciones mínimas que aseguren beneficios económicos para el Estado y para la población; y garanticen la realización de acciones para preservar, restaurar y mejorar el ambiente, prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo.
Plantea también la reducción de la duración y prórroga de las concesiones mineras, de 50 a 15 años, prorrogable por una sola ocasión.
La iniciativa incluye el establecimiento de la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Adicionalmente, establece la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera. Para ello, se prevé la realización de un estudio de impacto social que deben presentar las personas ganadoras de un concurso de licitación para determinar las probables afectaciones que podría tener la actividad minera en la vida cotidiana de las personas y establecer medidas de prevención, mitigación y compensación reales, garantizadas eficazmente por una carta de crédito.
Otro cambio sugerido consiste en la eliminación del carácter preferente de la actividad minera, es decir, propone eliminar el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación minera.
Con un mayor alcance en general, el proyecto tiene el objetivo de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las Leyes Minera; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.
Como parte de la reforma propuesta por el gobierno federal, se precisan y adicionan como causales de cancelación de las concesiones mineras la falta de informe sobre posibles daños o riesgos al equilibrio ecológico, no contar con permisos, concesiones o autorizaciones de otras autoridades, ni con los programas de cierre o de gestión de residuos.
Asimismo, se incorpora un capítulo de delitos con el objeto de sancionar conductas delictivas en materia de minería. Serán consideradas delitos las conductas consistentes en la extracción ilegal de minerales o sustancias; la enajenación o tráfico de minerales y derivados metalúrgicos no concesionados; el menoscabo de la seguridad física de trabajadores por omisión del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Minera y su Reglamento, así como el traslado ilegal fuera del territorio nacional de productos mineros y metalúrgicos.
