Dundee Precious Metals (TSX: DPM) anunció, mediante una rueda de prensa organizada por la Cámara de Minería del Ecuador, que su proyecto Loma Larga, cumplió con la consulta previa, libre e informada, requisito que le faltaba para solicitar con ventaja la licencia ambiental para ese emprendimiento. El proyecto aurífero tiene la oposición expresada mediante consulta popular del cantón Cuenca, en la provincia del Azuay, al sur de la sierra ecuatoriana,
La consulta previa que, gracias a una acción de protección constitucional de las comunidades opuestas al proyecto, se ha convertido en la práctica en un paso previo a la obtención de la licencia, fue ordenada por la Corte de la provincia como una “medida de reparación”, cuando en realidad, en la Constitución ecuatoriana y los tratados internacionales, es un derecho de las comunidades indígenas y ancestrales, montubias y afros de la población.
El 8 de mayo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó a la Corte Provincial de Azuay que ya cumplió con consultar a la comunidad San Pedro de Escaleras, la única reconocida como ancestral pero “fuera del área de influencia”, según lo establecido en el estudio de impacto ambiental de Dundee, y ubicada en las parroquias Victoria del Portete y Tarqui.
Loma Larga, antes Quimsacocha, es un proyecto de mina subterránea sobre un yacimiento en forma de palanqueta, depósito epitermal de alta sulfuración de oro, cobre y plata. Dispuesto en modo cuasi horizontal y relativamente “superficial”, aunque el término hay que reconocer que es antitécnico. No obstante, existen motivos para temer que la minería ilegal se tome el área si la compañía, que tiene su campamento, se retira, como le solicitaron las comunidades vecinas recientemente.
El área de ubicación del proyecto es el páramo de Quimsacocha, del que antes tomaba su nombre. Se trata de un área de recarga hídrica de la provincia y por eso, además de la inexistencia de capacidad de control estatal a la actividad minera, existen motivos para creer que la mina puede contaminar tres ríos que nacen cerca de la denominada área de implantación. De esto hay un informe técnico de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental del cantón Cuenca, Etapa, que DPM desautoriza.
Un boletín de prensa del MEM señala que dicha “medida de reparación” se desarrolló acorde a estándares emitidos por la Corte Constitucional.
En una apurada convocatoria a medios, sin autoridades del MEM o del Ministerio del Ambiente (Maate), se anunció el informe como un hecho histórico.
En esa rueda de prensa el abogado de Dundee, Emilio Suárez, no recordaba los datos de la consulta previa, cuántas personas fueron consultadas, en qué fechas, ni cuántos años de vida tendrá la mina, ni si los empleos en la etapa de construcción serían 1200 ó 1500, ni a cuánto se calcula que ascenderían las regalías de la mina en su tiempo de vida, estimado en 12 años.
La Cámara dijo lo que abonó más la polémica alrededor del proyecto: que es la primera consulta previa, libre e informada que se realiza en un proyecto minero en el país. En redes sociales, enseguida se remarcó que hay un reconocimiento implícito, ese sí histórico, que ningún otro proyecto, de los muchos ubicados en territorios “ancestrales”, cuenta con el cumplimiento de tal derecho vigente en el país desde hace más de 20 años.
El MEM dijo que durante las 21 reuniones informativas realizadas durante la consulta, se llegó a ocho compromisos a favor de la comunidad de Escaleras, entre estos: que en los “estrictos controles al cuidado a la naturaleza” participarán miembros de la comunidad; mayor acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes; acceso a servicios de salud para adultos mayores, mujeres y niños; seguridad y erradicación de la delincuencia; garantizar la contratación de mano de obra local; apoyo y capacitación a las actividades agrícolas y ganaderas y “establecer los procedimientos esenciales para que la zona perciba los beneficios de la minería, acorde a las leyes”.
La consulta ambiental que fue un requisito anterior demandado por la Corte y fue organizado con el Ministerio del Agua, Ambiente y Transición Ecológica, (Maate), se realizó en el cantón San Fernando, en la Comuna Chumblín Sombrederas, en el cantón Cuenca, y, en la parroquia Victoria de Portete, la comunidad Durazno y la comunidad Cristal Aguarongos y en el cantón Girón, en la parroquia San Gerardo, de la provincia de Azuay.
Sobre el tema de la definición de el “área de influencia de una mina” publicamos hoy un artículo sobre una propuesta metodológica en función de la cual se realiza el análisis de dos casos peruanos, las minas Antamina y Las Bambas, del experto internacional César Reyna Ugarriza.
La Cámara dijo en un boletín de prensa, además, que la consulta previa se inició en junio de 2024, liderada por el MEM, con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo y la verificación de la Defensoría del Pueblo. Recordó que la falta de una ley no justifica el no cumplimiento de un derecho fundamental.
El resultado anunciado fue que, «por consenso, los sujetos consultados se pronunciaron a favor del cambio de fase del proyecto Loma Larga”.
Este respaldo comunitario permitirá, una vez obtenida la licencia ambiental, el inicio de la fase de construcción del proyecto minero a gran escala, afirmó. La inversión estimada supera los 400 millones de dólares durante la etapa de construcción de la mina y 1500 empleos directos y 500 empleos directos permanentes durante la operación de la mina, agregó.
