Los contratos de operación minera artesanal, que están regulados en la legislación minera ecuatoriana, tienen el potencial de establecer una relación virtuosa entre el sector minero formal y el sector minero informal, de beneficio para las dos partes, al generar un espacio de operación controlada y avalada por el ministerio del ramo, dentro de concesiones legalmente establecidas.
Estos contratos son un subtema que roza la superficie de un problema mayor, que incluye la participación de la inversión nacional y local en la minería, así como también las políticas públicas -más allá de la ineficiente represión- que enfrenten el fenómeno multifactorial de la llamada minería ilegal.
Este tipo de contratos se creó en el espíritu de evitar que los concesionarios tengan que denunciar invasiones, manifestó el ingeniero Oscar Loor, dando una salida a un problema social, a la vocación minera de los distritos tradicionalmente productores.
Loor es presidente de las empresas BIRA, de pequeña minería, y Sodirec, planta procesadora, ubicadas en el cantón Zaruma, ha sido presidente de la cámara de minería que agrupa a los pequeños mineros del Ecuador y BIRA fue destacada en tres ocasiones con el premio a la excelencia ambiental de la Organismo Latinomericano de Minería, Olami.
De acuerdo al artículo 134 de la Ley de Minería, se considera minería artesanal en el Ecuador a aquella que se realiza mediante trabajo individual, familiar o asociativo de quien efectúa labores mineras en áreas libres, única y exclusivamente como medio de sustento.
El antecedente de esta política pública que no ha sido promocionada por los gobiernos es la práctica tradicional de los dueños de terrenos en ciertos lugares del Ecuador, que hacían la distribución de las áreas de actividad minera en abierta ilegalidad otorgándose una atribución del ministerio de energía y minas. “Pero en estas ciudades mineras antiguas los dueños de terreno eran los que daban permiso”, explica Loor.
El trato era el siguiente: que entren, hagan túneles y extraigan el mineral del cual se repartían un porcentaje que variaba entre el 40% o 30 % para el dueño del terreno y el resto para el minero. “De eso vivía mucha gente en forma irregular, como parte de una economía informal”, señala.
Pero con el afán de modernizar y desarrollar la actividad minera en marcos regulados, el Estado ha establecido y concesionado áreas sobre las cuales el dueño del terreno no tiene ningún derecho en el subsuelo. Por su lado, las empresas concesionarias de pequeña, mediana o gran minería tienen que cuidar una concesión siendo responsables en material laboral, ambiental, fiscal y penal, de todo lo que ocurre en ellas.
Por tanto, las empresas tienen la obligación de informar al estado de cualquier invasión para que la fuerza pública se haga cargo de detener las actividades ilegales “el hueco por donde están entrando las actividades ilegales”. Pero en casos en que las instituciones no ejercen un control efectivo, las concesionarias tienen que acogerse al recurso legal de amparo administrativo, con el cual dejan de correr los plazos de sus planes de trabajo e inversión.
“La policía puede llegar en uno o dos meses, puede encontrar o no en ese momento las labores denunciadas, pueden poner un sello. Y después de unas dos semanas puede que vuelvan a romper el sello. Esto se transforma en un problema social porque todo el mundo quiere su derecho al trabajo, pero los trabajos tienen que ser legales”, afirma.
Y continúa, “viendo todo este problema social, el Estado dijo ¿porque no conversan y hacemos una especie de contrato de asociación minero artesanal con las empresas titulares siempre y cuando lleguen a un acuerdo?”.
Este tipo de contrato se ha conocido solo en las explotaciones de pequeña y mediana minería, pero en opinión del ingeniero Loor también podría ser aplicado en la gran minería, “si me lo preguntas, porque es bueno”, asevera.
“Primero, tienes que estudiar la situación y si es bueno para una parte y no para la otra no vale porque todo mundo viene a subsistir y a ganar, no viene a perder. Segundo, siempre es bueno cortarse el dedo y no la mano, o sea, solucionar un problema cuando se puede solucionar y no cuando se haga más grande. Y los problemas no se inventan sino que también existe una necesidad de trabajo”, reflexiona.
Los contratos se respetan. “Antes, el dueño del terreno podía hacer ingresar más personal a trabajar en esta cuando alguien encontraba una veta, entonces les cansaba a los primeros, y se quedaba con el trabajo, relata Loor. Acá no, si el material es bueno a buena hora, pues hemos llegado a un contrato en que las dos partes ganan, tiene tiempo de 1 a 10 años”.
La responsabilidad de la empresa titular de la concesión es de que el trabajo se realice dentro de un marco técnico: “que haya ventilación, enmaderado, seguridad, un marco ambiental en que las aguas sean tratadas, que las escombreras sean bien manejadas y que la parte de los mineros artesanales también pague de regalías un proporcional a su producción”, agrega.
El pago puede ser en mineral o en dinero. “Si avanzan mucho como hay un contrato el pago es el porcentaje de lo mucho, si avanzan poco el porcentaje de lo poco, pero ya no estamos con mineros ilegales que tengo que denunciarlos sino con mineros legales amparados por un título minero con contrato de operación respaldado por el Estado”, explica.
Además, agrega Loor, como ha hecho BIRA, el concesionario puede colocar en el contrato las reservas del área minera y la eficiencia del proceso de recuperación que ofrece a los operadores en su planta, con lo cual la información semestral al estado sería más fiable.
BIRA ha tenido cientos de trabajadores bajo contratos de operación minera a lo largo de sus más de 30 años, obteniendo un amplio beneficio para los participantes, pero con el catastro minero cerrado han surgido problemas porque las áreas no se pueden actualizar y no se están renovando, concluye.
Detalles del contrato de operación minera
» Los involucrados tienen que ser personas de conocida actividad minera artesanal, no concesionarios. En la actualidad pueden tener cursos de capacitación en minería subterránea en el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE).
«Los mineros no se convierten en empleados de la titular, pero están obligados a estar afiliados al seguro social general no al seguro social campesino.
» La superficie de operación tiene hasta cuatro hectáreas, con límites georeferenciados, y también se asignan cotas y franjas de alturas que deben respetar tanto los operadores como el concesionario.
» Solo pueden ingresar los trabajadores que son parte y constan en el contrato.
» Los mineros operadores necesitan un RUC para cobrar y tienen un acuerdo con el concesionario para pagar una parte del 3% de regalías que corresponde a la pequeña minería.
» Deben procesar el mineral, hasta 10 toneladas por día en una planta de beneficio que tenga licencia ambiental.»
