Junio 8 de 2025.- Aunque las acciones de persecución del Estado a la minería criminal aumenten, como el reciente bombardeo a un campamento en plena Amazonía ecuatoriana, mientras no exista un enfoque integral que incluya el fortalecimiento de las capacidades de sanción de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), y, la mejora de los recursos judiciales, el combate a la comercialización ilegal de minerales en el Ecuador seguirá siendo obstaculizado, según informes de organismos internacionales y de fuentes propias.
Lo que dice la ONU
Un informe de mayo de la ONU afirmó: “las investigaciones han revelado una corrupción generalizada en la (Arcom) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Un informe de 2021 indica que funcionarios incurrieron en prácticas irregulares al otorgar permisos y concesiones mineras, a menudo a cambio de sobornos.
“Esta corrupción ha facilitado la autorización de numerosas operaciones mineras ilegales, permitiendo a las empresas explotar recursos sin la debida regulación. (Unodc, Análisis Global sobre Delitos que Afectan al Medio Ambiente. Parte 2b: Delitos Minerales: Minería Ilegal de Oro).
La ONU se basa en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) titulado, “Tras la pista de los ingresos ilícitos del oro: Fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal. Ecuador”, de 2021, que es parte de un proyecto de la OEA concluido el año pasado, que tuvo como finalidad fortalecer las capacidades institucionales en la detección y sanción de los delitos vinculados a la minería criminal.
De acuerdo a este informe: “El menor desarrollo del comercio ilegal de oro en Ecuador, en comparación con otros países de la región, ofrece al gobierno importantes ventajas en la lucha contra esta economía ilícita. Las exitosas acciones de Ecuador contra el contrabando de oro ilegal desde Perú a partir de 2015 y su desmantelamiento de la actividad minera ilegal en Buenos Aires en 2019 también demuestran una notable capacidad y compromiso para responder a este desafío.
“Sin embargo, algunas deficiencias notables en la lucha contra el lavado de dinero, como la coordinación inadecuada entre las autoridades policiales nacionales y las limitadas facultades sancionadoras administrativas de la UAFE, así como la insuficiencia de recursos judiciales, han obstaculizado un enfoque más integral para combatir la comercialización ilegal de minerales.
Lo que dice la OEA
El proyecto de la OEA afirma que: “Junto con la minería ilegal, existe una cadena de actividades ilícitas que abarca desde la importación irregular de precursores y maquinaria hasta la comercialización de recursos extraídos ilegalmente.
“Esto incluye el lavado de ganancias que se reutilizan en otras actividades ilegales, o la expansión de las operaciones mineras ilegales a otras zonas de los países de la región.
“Las deficiencias en los marcos regulatorios y en los protocolos de procedimiento, la insuficiente coordinación entre las autoridades responsables de la detección, investigación y persecución penal de la minería ilegal y sus flujos financieros ilícitos, así como la necesidad de mejorar los mecanismos para promover la cooperación internacional, son algunos de los desafíos en los que se centra este proyecto.
“Las actividades están dirigidas a beneficiar directamente a funcionarios y organismos públicos de Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam.
“Estos países se encuentran entre los mayores productores de oro de América Latina. Su producción combinada los sitúa como el segundo mayor productor mundial. Se estima que entre el 50% y el 60% de la industria minera en la región es informal, lo que dificulta la supervisión y el control del Estado y crea las condiciones ideales para su explotación”.
Fotohistoria 2 de 3 Esta lámina la presentó la viceministra Illescas en un evento público en febrero.
Lo que dice el IFG
En 2019, el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), que actualmente tiene en sus manos una consultoría para el MEM sobre el mismo tema: “Evaluación del Marco de Políticas Mineras del IGF: Ecuador”, señaló en un informe: “Actores en el terreno, expertos y agentes gubernamentales informan que existe corrupción sistémica en el control de la minería artesanal y pequeña minería (MAPE).
Se ha informado que, al momento de aplicar sanciones por incumplimiento de la normativa, agentes de gobierno reciben dádivas para no aplicar las sanciones debidas.
“Esta situación llegó a su extremo con el caso del hundimiento en una escuela en Zaruma por la explotación minera descontrolada en zonas donde la actividad minera estaba prohibida y resultaba peligroso para la estabilidad del suelo. Resultaba imposible que las autoridades en el terreno desconocieran el descontrol de la minería allí.
La pequeña minería no es tan pequeña
“Notamos también que algunas de las operaciones que en la ley de Ecuador están consideradas como de pequeña escala son, en la realidad, de un tamaño que, comparativamente, requieren una mayor gestión y más eficaz de parte del Estado que la otorgada por la ley.
“Minas calificadas de pequeña escala tienen 600 empleados, múltiples niveles de túneles, con el túnel principal de un largo de cinco kilómetros. Estas operaciones mineras de “pequeña escala” superan los estándares generales de pequeñas empresas por la cantidad de empleados, de producción o de inversión en maquinaria. Una mina de este tamaño necesita de una gestión ambiental relativamente compleja y puede tener impactos significativos en el ambiente”.
Sin embargo, como usuarios del sistema de gestión minera, los pequeños mineros productores y exportadores legales están sensiblemente cansados de la situación, como se pudo constatar recién en una reunión con la Arcom que reseñamos en la nota “Inconformidades sobre la gestión de la Arcom” que se puede leer aquí: https://www.viaminera.com/#Inconformidad%20sobre%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20Arcom
Fotohistoria 3 de 3: un poco más de 1500 concesiones a nivel nacional. Tabla presentada por la ARCOM para sustentar la imposición de una tasa de fiscalización por área a las mineras la semana pasada. Con estas cifras de concesiones y áreas concesionadas se calculó el monto de las tasas para cada régimen y fase de actividad. Además, con estas cifras se calcularon los recursos que van a obtenerse de la tasa y los gastos en los la Agencia pretende que se inviertan.
Lo que dicen la Arcom y los afectados
La Arcom sencillamente no responde a entrevistas y las autoridades del Ministerio en el ámbito minero solo atienden a “entrevistas” con preguntas pactadas y en medios “amigos”. Tampoco responden a las solicitudes de información sobre el listado de auditores mineros y el número de auditorías que ha realizado cada uno.
Ni se ha conocido que haya investigado sobre el origen del oro de 70 empresas de exportación de minerales inexistentes, de acuerdo a una denuncia periodística, ni creado ni aplicado mecanismo alguno que contribuya a la trazabilidad del producto vendido por esas empresas.
La Arcom sigue sin cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lotaip 2.0, gracias a la cual por lo menos se podía ver en las instituciones cuánto personal tenían en nómina y otros muchos aspectos del presupuesto y planes institucionales relacionados con la rendición de cuentas a la ciudadanía.
El control es muy sencillo, pero no hay autoridades
El control en el terreno es muy fácil, bastaría con ver cuáles empresas que no reportan producción y exportan, o que reportan una producción muy alta de repente o con un tamaño de mina que no corresponde, o reportan producción sin que se verifiquen avances en los frentes mineros de sus proyectos, explican varios auditores y mineros en sus testimonios.
Además, la Arcom tiene la lista de empresas que cuentan con certificado de exportación al día y debería con ese instrumento impedir que se permita exportar a empresas no autorizadas, como ha ocurrido en montos que han sumado hasta unos US$ 500 millones, con las pérdidas correspondientes al Estado por concepto de impuestos y regalías, y el lavado de dólares por medio de la actividad de comercialización. «Solo el oro certificado debería salir del país por vías normales y legales», dijo un exportador que nos pide guardar la reserva de su identidad.
La inseguridad en el terreno no es pretexto, señalan, menos ahora que la Arcom cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y hay mucho trabajo que pueden hacer desde los escritorios porque todo tiene que coincidir y ser preciso para descubrir el chanchullo y los responsables, aseguran.
Mientras tanto, en los últimos ocho meses no ha habido Ministerio para los usuarios, porque ha sido imposible renovar los certificados de exportación para empresas que lo hemos hecho siempre y que justificamos nuestra producción y no permitimos ser vacunados por grupos criminales como Los Lobos, se queja un minero de Ponce Enríquez.
“La anterior viceministra (Rebeca Illescas) se dedicó solo a la normativa para que la Empresa Nacional Minera (Enami EP) pueda hacer ´acuerdos comerciales´ con empresas extranjeras”, afirma otra fuente, sobre una normativa para un proceso que, al decir del ex síndico de la Cámara de Minería del Ecuador es “cuestionable desde la óptica de la competencia leal y, sin dudas, moralmente cuestionable”.
Comentario: La trampa normalizada
Gremios profesionales, gremios empresariales, feria-exposiciones, grupos de amigos, academia y colegios profesionales, han mantenido silencio generalizado ante esta profunda trampa de viveza en la que se desenvuelve la actividad minera, la han normalizado. No es dable hablar públicamente de los problemas internos del sector, porque es hace el país menos atractivo para la inversión extranjera (sic). A mirar a otro lado.
Algunos de los peores casos que muestran la inoperancia y la falta de interés institucional de intervenir se han denunciado algunos portales digitales, algunas de esas denuncias constan en nuestro informe “Denuncias de medios ¿La militarización es suficiente para terminar con la minería criminal?” https://www.viaminera.com/poliacutetica-ii.html/#%C2%BFLa%20militarizaci%C3%B3n%20es%20suficiente%20para%20terminar%20con%20la%20miner%C3%ADa%20criminal?
A nivel gremial el primero y hasta ahora único denunciante de un elemento sistémico que contribuye al ambiente de prácticas antiéticas legalmente enmarcadas, ha sido el Colegio de Auditores Técnicos Mineros (Autecmin), con apoyo del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas, Petróleos y Ambiental, Cigmipa: las auditorías mineras que han perdido su razón de ser y se han vuelto insustanciales, con lo que contribuyen al engaño al fisco sobre la producción de las minas, entre los principales aspectos, y al lavado de la producción de la minería criminal.
Vía Minera ha publicado 4 artículos con testimoniales sobre este tema y un artículo de opinión. Por favor ver aquí: https://www.viaminera.com/poliacutetica-ii.html/#Informes%20sin%20verificaci%C3%B3n%20que%20incluyen y aquí: https://www.viaminera.com/opinioacuten.html/#El%20verdadero%20problema%20de%20las%20auditor%C3%ADas%20mineras
La Enami EP acaba de pasar por un proceso de fiscalización de la Asamblea Nacional, que probablemente no continuará porque el informe fue elaborado por la oposición, pero en el proceso se evidenció que el anterior gerente general, Emmanuel Delaune, ni siquiera cumplía los mínimos requisitos legales para su nombramiento y tampoco se sabe quién pagó su sueldo durante siete años que laboró en el Ministerio ya que no pudo presentar un certificado de la Dirección de Talento Humano de esa cartera sobre su cargo. Y era quien preparaba los discursos de los ministros y viceministros sobre el sector minero, dicho por él mismo.
Así mismo, en el único procesamiento de los minerales incautados a la minería criminal, la Enami EP obtuvo una recuperación de oro técnicamente muy cuestionada, durante la gerencia del abogado Rodrigo Aguayo. Pero a ninguno de los últimos cinco ex gerentes generales de la Enami EP desde 2021, Julián Agurto Erique, Reinaldo Reyes, Santiago Chamorro Hidalgo, Iván Gordón Mora y Emmanuel Dealune, les interesó dar con los responsables de la baja recuperación del metal. El actual gerente general subrogante, Eduardo Chang Dávila, que lleva un mes en el cargo nos dijo recién que “se está estudiando qué hacer con ese caso”.
