Las empresas de pequeña minería Melina Changó Santa Bárbara y Ecuamin S.A. recibieron una sentencia desfavorable de la Justicia en segunda instancia, pues el tribunal aceptó una acción de protección respecto a la minería de oro, en sus concesiones ubicadas en la parroquia de Pacto, noroccidente de la provincia de Pichincha, a unos 70 kilómetros de Quito.
Los demandantes, pobladores de Pacto y promotores de la consulta popular de 2023, alegaron que la minería practicada por 20 años en las concesiones Melina, con código 401429 (que en la actualidad pertenece a Ecuamin S.A. en el 100%)
y Conquista, con código 401501, ha ocasionado vulneración de derechos humanos y de la naturaleza, afectando a la seguridad jurídica del ambiente, poniendo en peligro sus actividades productivas.
El tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó el recurso de apelación interpuesto por los demandantes “al existir violación al derecho a la naturaleza en relación con el derecho a la seguridad jurídica”.
También dispuso que los ministerios del Agua, Ambiente y Transición Ecológica (Maate) y de Energía y Minas (MEM), y la Agencia de Control Minero (antes de regulación y control de energía y recursos naturales no renovables, Arcernn), ofrezcan disculpas públicas. Además, decidió delegar a la Defensoría del Pueblo que se encargue del seguimiento y manifestó que “la presente sentencia constituye en sí misma una forma de reparación”.
La parroquia rural de Pacto fue una de las doce que fueron incluidas en la consulta popular sobre la reserva de la biósfera de la Unesco desde 2018, denominada Chocó Andino. La consulta se realizó en agosto de 2023, y el 68% de los habitantes empadronados en el distrito metropolitano de Quito optó por prohibir la actividad económica.
Pacto tiene una población de 4.798 habitantes. Las principales actividades económicas son la ganadería, agricultura, turismo, silvicultura y pesca. En la parroquia se desarrolla la canicultura para la elaboración de panela granulada, que cuenta con certificación orgánica. Los solicitantes señalan que estas actividades, dan el sustento y ponen el pan sobre la mesa a las comunidades afectadas por la concesión Melina, siendo estas El Paraíso, Buenos Aires, El Progreso, La Victoria, Puntas Urco y La Florida, además del Bosque y Vegetación Protector Pishashi, declarado así en 1993.
Pero resulta que hay otra afectada, que es la Empresa Nacional Minera (Enami EP), según un informe técnico de la concesión Melina, del 7 de enero de 2021, suscrito por el Ing. Andrés Vergara, director de Control, Seguimiento y Fiscalización Técnica e Intervención a la Minería Ilegal, de la Arcernn.
En ese informe se estableció varios puntos con labores mineras e insumos utilizados en minería (galerías, pozos verticales, un compresor), puntos que, una vez georeferenciados en el sistema de gestión minera (catastro minero), se descubrió que se encontraban dentro de la concesión minera “Ingapi”, código 403008, cuyo titular es el Enami EP, empresa pública que no opera allí. Por ello, según el informe, “estas labores estarían realizándose como presunta minería ilegal (…)”.
La sentencia fue dictada el 2 de diciembre de 2024, y señala que las entidades encargadas del control, de las auditorías y de los informes técnicos, que suman una decena, “reconocen que se han encontrado labores mineras presuntamente ilegales o la existencia de afectaciones ambientales reclamadas por los intervinientes en la presente acción de protección subsistentes”.
Las instituciones que están obligadas a aplicar la sentencia, cumpliendo las medidas de reparación, son el Maate, el MEM y la Arcom, antes Arcernn.
El tribunal dispuso, además, que esas entidades estatales “adopten los mecanismos efectivos y eficaces para prevenir y restituir los efectos ambientales causados por la presunta minería ilegal y los expuestos en los diferentes informes técnicos, así como también realicen la coordinación con los organismos competentes para ejecutar los controles respectivos con la finalidad de sancionar a quien incurra en la transgresión de los derechos a la naturaleza”.
Algunas decenas de habitantes de la comunidad de Pacto llegaron a Quito con música y danza para agradecer a los jueces personalmente. La abogada Yuly Tenorio Barragán, del equipo legal de los accionantes, manifestó al noticiero de Corape, que la empresa Melina tendrá que responder no solo a la justicia constitucional sino también a la penal.
Hemos interpuesto denuncias por minería ilegal porque actuaron en Pacto sin licencia ambiental y sin consulta ambiental. “Melina no va, enfatizó, porque durante 20 años han exportado oro en plena capital del Ecuador”. Rubén Tufiño, líder de los productores de panela, dijo a su turno que han defendido sus derechos constitucionales y la principal actividad económica de Pacto que es la panela orgánica.
La empresa minera Melina Changó Santa Bárbara, cedió en 2023 todos los derechos en la concesión Melina, a la compañía Ecuamin S.A., mientras tenía un proceso administrativo seguido por el Maate en su contra, que llegó a disponer la suspensión de actividades mineras, mediante el oficio Nro. MAAE-DNCA-2021-0293-O, de 2 de marzo de 2021.
Las disculpas públicas se deberán cumplir de la siguiente manera: En un banner web ubicado en un lugar fácilmente visible del portal institucional por un plazo de seis meses, se debe colocar el siguiente texto: “Por disposición establecida en la sentencia N° 17322-2021-00261, se reconoce la vulneración del derecho a la naturaleza en relación con el derecho a la seguridad jurídica; por lo tanto, se ofrece disculpas públicas. Asimismo, se reconoce la obligación de respetar y precautelar los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador e Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos”.
Jorge Luis Martínez Hincapié, gerente general de Ecuamin, empresa domiciliada en Machala, ofreció dar su visión del conflicto a la brevedad posible.
