Ecuador tiene una oportunidad única para impulsar el despegue de la minería generando un entorno amigable con la inversión y con reglas claras a través de la construcción de una institucionalidad fuerte, dice una de las conclusiones principales del estudio “Importancia actual y futura de la industria minera” elaborado por el Grupo Spurrier y presentado por la Cámara de Minería del Ecuador el pasado jueves en un hotel de la ciudad.
El acto contó con la presencia del ministro del sector, Juan Carlos Bermeo, altos ejecutivos de las empresas afiliadas a la CME y personalidades vinculadas a la minería ecuatoriana.
El estudio analiza la data de 12 proyectos mineros avanzados que totalizan un estimado de reservas por un aproximado de 37,1 millones de onzas de oro, 45 449 millones de libras de cobre, 177,7 millones de onzas de plata y 129 millones de libras de zinc.
Estas cifras, aclaran los autores de la investigación, resultan de cambiar recursos a reservas aplicando un factor de conversión (0,7) porque solo Mirador, Fruta del Norte y Río Blanco presentaron información de reservas.
“Estos 12 proyectos mineros avanzados son los más visibles, pero quedan por fuera del análisis una cantidad importante de proyectos con un elevado potencial y que se encuentran en fases preliminares de avance”, se advierte en la presentación.
Datos relevantes
El estudio del Grupo Spurrier consolida una serie de cifras que nos remiten al potencial económico de la minería ecuatoriana.
Señala, por ejemplo, que la inversión solo en los proyectos avanzados (y las 3 minas en fase de explotación) tendría un valor presente de US$ 21 398 millones hasta el fin de su vida útil en 2052.
Además que:
Las exportaciones tendrían un valor presente de US$ 176 396 millones hasta el fin de su vida útil en 2052.
Las recaudaciones fiscales solo en los proyectos avanzados (y las 3 minas en fase de explotación) tendrían un valor presente de US$ 44 449 millones hasta el fin de su vida útil en 2052.
Las regalías para inversión social solo en los proyectos avanzados (y las 3 minas en fase de explotación) tendrían un valor presente de US$ 7.040 millones hasta el fin de su vida útil en 2052.
El empleo formal directo se incrementaría en más de 215 mil plazas en los próximos cuatro años, en relación con el 2020, cerrando el 2024 con 270 180 plazas; y a partir de 2027, el sector minero generaría más de 500 mil plazas formales de empleo entre directo e indirecto.
Tomando como base para la estimación los proyectos mineros avanzados, para el año 2026, el VAB minero se incrementaría a US$ 4.607 millones. Los autores acotan que el VAB minero de Ecuador todavía es bajo en relación con Chile (12,5%) y Perú (10,2%).
El sector minero, señala el trabajo, tiene un efecto multiplicador de 1,42. Esto significa que, por cada dólar de producción en el sector minero, se generan 42 centavos en el resto de los sectores de la economía. Por ello, el elevado potencial de expansión minera podría transformar a este sector, en un mediano plazo, en motor de la demanda de bienes y servicios de otros sectores que le proveen servicios.
Desafíos de la minería
El estudio del Grupo Spurrier considera que los principales desafíos para la industria minera son las amenazas de un lobby militante anti minero y el ambiguo apoyo a la minería por parte de la élite política en el pasado.
Precisa que “el debate para el futuro minero de Ecuador se libra en el corazón y la mente de los ciudadanos”.
Señala además algunos cuellos de botella que estarían retrasando el despegue de las actividades mineras. Uno de ellos sería la reapertura del catastro minero, hecho considerado ”fundamental para continuar impulsando y desarrollando un pipeline de proyectos mineros”.
“Para que en el futuro existan proyectos en fase avanzada, se requiere que existan muchos en fases tempranas en la actualidad”, sentencia con claridad.
“Si se frena el inicio de nuevos proyectos, el impacto se sentirá en el futuro cuando no existan nuevas minas que entren a operación”, remarca.
Afirma que “existen presiones desde Contraloría que objeta permanentemente el trabajo realizado por los funcionarios del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica” y que “frente al riesgo de glosas por discrepancias con Contraloría, la decisión más frecuente es bloquear los trámites”.
Sugiere que una alternativa para solucionar esta descoordinación institucional sería que el Ejecutivo realice una consulta a la Procuraduría General del Estado para que determine las competencias del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de la Contraloría.
Otro aspecto que Spurrier considera negativo es el de los plazos de la legislación actual que contempla plazos fijos para el avance del ciclo de una mina: un máximo 4 años para exploración inicial, 4 años para exploración avanzada, 2 años para evaluación económica y luego fase de explotación.
Opina que se trata de “plazos artificiales que no corresponden con la realidad geológica de cada mina ni la relación con la comunidad. Tampoco son consistentes con la realidad en los mercados de capitales en donde se deben levantar los recursos para financiar el proyecto».
Una parte de la investigación está dedicada a explicar qué pasaría si no ocurren las inversiones que se esperan en el sector minero.
“En este escenario las reservas de oro serían 82% inferiores con apenas 6,8 millones de onzas, las de cobre 87% inferiores con 6.063 millones de libras y las de plata 85% inferiores con 25,8 millones de onzas”.
Se perderían US$ 5.804 millones en inversiones en los próximos 4 años y US$ 11 694 millones a partir de 2025 hasta el fin de la vida útil de los proyectos considerados.
También caerían las exportaciones. Se calcula que se registrarían US$ 3.350 millones menos en exportaciones en el periodo 2021-24 y US$ 137 336 millones menos a partir del 2025.
Los ingresos fiscales descenderían en US$ 857 millones en los próximos cuatro años y en US$ 34 757 millones a partir de 2025 hasta el fin de la vida útil de los proyectos. “Esta pérdida -concluye el estudio- iría de la mano con una disminución de la inversión social”.
Hasta el próximo mega operativo de control
