La semana minera terminó con la noticia de un operativo contra mineros no autorizados realizado por el gobierno en la provincia del Napo con la presencia de 1600 miembros de la Policía y Fuerzas Armadas en la madrugada del domingo 13 de febrero, en la comunidad de Yutzupino, parroquia Puerto Napo, cantón Tena, sector El Anzu, a pocos kilómetros de la capital provincial Tena, a orillas del río Jatunyaku y a pocos kilómetros de su confluencia en el río Napo.
Una parte de los desalojados se opuso con fuerza al ingreso de los uniformados, pero no hubo heridos. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo haber dialogado con la comunidad y logró que acepte la intervención. Oficiales se quejaron a reporteros de televisión que, por una filtración de información, los responsables escondieron maquinaria en parroquias de los alrededores.
De la Agencia de Regulación y Control de la Energía y los Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr) se habría filtrado a Primicias.com un informe sobre la situación del área que daría cuenta de 42 hectáreas impactadas, 700 personas involucradas, 35 excavadoras y varias maquinarias usadas en la minería no autorizada.
El operativo fue parcamente mencionado como un “gran golpe” preparado contra la minería ilegal por el viceministro de minas, Xavier Grunauer, el miércoles en un programa de entrevistas.
Pero esta reacción del gobierno se hizo esperar. El área en la que se desarrolló el operativo forma parte de la concesión “Confluencia”, situada a lo largo del río Jatunyaku, y que no cuenta con licencia ambiental, según información oficial.
El titular de Confluencia, código 400408 es la empresa Terraearth Resources S.A. y tiene una extensión de 1.100 hectáreas y el régimen de pequeña minería.
El 16 de febrero del 2020, Vía Minera solicitó información oficial sobre el control a las actividades en esa provincia de la empresa Terraearth Resources. Había circulado en redes sociales un video con imágenes de dron, apocalípticas por la magnitud de la devastación, supuestamente realizado en la comunidad Shigua Yaku, parroquia Talag, cantón Tena, el mismo que se mostraba en este link:
https://www.facebook.com/holger.michler/videos/3133127306720169/
Nunca se recibió respuesta de la ex Agencia (Arcom), apenas un escueto “se está investigando”.
No obstante, y posiblemente a efectos del decreto 151 del gobierno que el 5 de febrero cumplió seis meses y que se propone la “erradicación de la minería ilegal”, el 8 de enero el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Maate, informó que entre octubre y diciembre de 2021, se ejecutaron cinco operativos de intervención a la extracción ilícita de recursos mineros en las comunidades Ceibo y Yutzupino, desarrolladas por las instituciones de control.
Durante una inspección realizada el 27 de diciembre, se encontró combustible almacenado al aire libre sin medidas de protección, modificación del suelo, descargas de agua directas sin previo tratamiento, producto del lavado de material aluvial y acumulación de residuos sólidos que afectan directamente al río.
La Agencia colocó sellos de suspensión y el Maate notificó a la Fiscalía de Napo para las investigaciones correspondientes.
Los resultados de dichas acciones incluyen decomisos de combustible y sellos de prohibición en cinco excavadoras e inutilización de dos retroexcavadoras, inhabilitación de clasificadoras tipo Z, tres motores de succión de agua y un generador eléctrico. Así también se puso a órdenes de las autoridades competentes a seis personas detenidas en delito flagrante, incluidos dos extranjeros.
El Maate informaba además que durante el 2021 ejecutó en la provincia de Napo 144 inspecciones de control y seguimiento a concesiones mineras en atención a denuncias ciudadanas. Además, se iniciaron ocho procesos administrativos de minería por incumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Ante la inutilidad de todas estas acciones, el día jueves 9 de febrero, una parte de la población alentada por organizaciones ambientalistas realizó una masiva marcha de protesta en Tena por la devastación que era visible para todos desde hace varios meses, si no años; y se extiende por las parroquias de Anzu, Arosemena Tola, Pano, Tena y Talag.
Diversas son las versiones sobre la inversión minera ilegal en estas áreas: unos dicen 150 excavadoras, otros 35, otros 70. Al igual que el número de personas involucradas en esta actividad “protegida por grupos armados”. Las armas por el momento no aparecieron y las autoridades dieron cuenta de 8000 galones de combustible, 100 excavadoras y una filtradora de oro incautados y un autobús de policías apedreado.
Mientras tanto, en Zaruma, los equipos técnicos de riesgos, de minería, del Instituto de Investigaciones Geológico Energéticas, se mantienen trabajando en la reparación de los socavones dejados por la minería no autorizada que ha horadado el subsuelo de Zaruma de tan mala forma que ocasionó el hundimiento de varias casas patrimoniales.
Las raíces de los sableros, como se conoce en la zona a los mineros sin permisos, son tan profundas que en medio de la militarización de la zona afectada de la ciudad desde el último hundimiento ocurrido el 15 de diciembre, se atreven a amenazar de muerte a los equipos técnicos que trabajan con resguardo policial y militar en las galerías, según narró el viceministro Grunauer.
