Angel Acurio trabajó durante 12 años en la empresa Green Valley Resources (GRV), comprada primero por Core Gold y este año por Titan Minerals. Fue despedido por carta del 15 de abril firmada por Mark Bailey, a nombre de Green Valley Resources, anunciando la “suspensión permanente de operaciones”.
Los cambios de razón social de las compañías propietarias de minas y de plantas de beneficio que fueron de la compañía Elipe S. A., con actividades en el sur del país, no llaman la atención de este hombre que consiguió su primer empleo a los 12 años y trabajó casi 20 años para Odebrecht en los proyectos trasvase Santa Elena, San Francisco y Toachi Pilatón.
“Para qué también… esa empresa me liquidó bien. En cambio Titan, ¿dicen que no podían continuar con las operaciones? El gobierno puso en vigencia el artículo 160 del Código del Trabajo y ellos se acogieron rapidito para no pagarnos lo debido. Nos han botado como al perro”.
“A mis 47 años de edad pensé que me faltaban pocos años para jubilarme y nunca me imaginé que después de todo el esfuerzo que pusimos para levantar esa empresa, en la que trabajamos seis meses sin sueldo, me iban a despedir de esa forma… Ni siquiera un aviso formal. Me enteré por la página del ministerio del Trabajo que mi liquidación era de 46 dólares porque me habían descontado 44 por no sé qué”, relata.
Acurio tiene una discapacidad en una pierna, de la que no le gusta hacer comentarios, y es uno de los 249 despedidos de Titan Minerals.
Como a todos los trabajadores de las minas Dynasty, ubicada en Celica, y Cabo de Hornos, ubicada en Portovelo, y de la planta de beneficio Svetlana 1, también con sede en Portovelo, la empresa le ofreció a través de amanuenses legales cantidades que Acurio y al menos 41 trabajadores, técnicos y profesionales rechazaron porque consideran una indignidad aceptar esas cifras.
A él le ofrecían 3411 dólares, pero si firmaba su renuncia. Como no firmó, le depositaron 44 dólares. De los demás, aproximadamente 170 han aceptado una fracción miserable de la que recibirían como liquidación por despido intempestivo más la promesa de ser recontratados.
Para Omer Torres, ex presidente de la comunidad de Mullunamá, a 8 km de Celica, tampoco resultó extraño que ahora haya dos empresas más después de Elipe y Green Valley Resources involucradas en el despido de casi 250 trabajadores en plena pandemia de coronavirus, porque “no han cumplido con la comunidad. Y sabiendo que la comuna tiene autoridades a las que deben comunicar todo lo que le afecta ni nos informaron que iban a despedir a 15 miembros que trabajaban para la empresa”.
“La ley les permite el cambio de razón social, pero la comunidad está decidida a seguir juicio a la empresa que venga”, afirma y reclama: “Ya ni sé los nombres de los gerentes, porque cada vez llega uno nuevo y ninguno ha cumplido con los compromisos”. Uno de esos acuerdos es el pago de 7000 dólares mensuales por 21 años a la comunidad y se venía cumpliendo hasta marzo.
Titan Minerals, al adquirir los activos de Core Gold, dueña de Green Valley Resources, en las concesiones de Elipe S. A., ha asumido una serie de compromisos con esta comunidad ancestral de alrededor de 50 familias, el barrio Mullunamá. Tema del que hablaremos próximamente.
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