La historia clásica y la historia reciente del Ecuador y gran parte del mundo están marcadas por la explotación de los recursos naturales. Ayer el petróleo y hoy la minería catalizan la incursión de ideales políticos y de esperanzas económicas, de las grandes ambiciones transnacionales y de sentimientos patrióticos que reclaman una explotación que sea la herramienta para lograr el bienestar general.
Ahora está de moda hablar de minería y muchos se presentan como expertos. Las empresas operadoras son “las más grandes del mundo” y casi todos los proyectos son “de clase mundial”. Las actividades generan conflictos que trascienden lo local y la política, esa expresión concentrada de la economía, no puede dejar de considerar el impacto que tiene y tendrá la actividad minera.
Pero ocurre que gran parte de los recursos minerales están dentro de territorios indígenas ancestrales. La inteligencia y la sensibilidad de la gente, así como la correlación de fuerzas a escala mundial, hacen más difícil las prácticas de hace 500 años en los que hasta Dios justificaba la invasión de tierras en las que había oro y plata.
Sin embargo, hay experiencias distintas que nos hablan del intento de establecer una relación distinta entre minería y pueblos indígenas. Para empezar, “Ecuador es la última oportunidad en el mundo, que le queda a la minería, para demostrar que puede ser un instrumento de progreso; contribuyendo a la prosperidad de todos, asumiendo su responsabilidad en la protección del medioambiente y velando por el bienestar de las futuras generaciones”, señala Federico G. Velásquez, vicepresidente de Operaciones de Solaris Resources.
Solaris Resources tiene a su cargo el desarrollo del Proyecto Warintza, ubicado sobre la provincia de Morona Santiago en territorios de comunidades Shuar cuya organización principal, el Consejo del Pueblo Shuar Arutam, la PSHA, tiene aprobados documentos fundacionales en los que se dice no a la actividad minera en gran escala y que “sin embargo, contempla la oportunidad de hacer estudios que permitan identificar el potencial minero de la región”, afirma Velásquez.
Solaris y las comunidades shuar Yawi y Warints, a través de un camino de reconciliación (proceso de un año, 2018) que logró ir del conflicto hacia una “Alianza Estratégica”, llevando adelante un proceso que involucra directamente a la población y encontrando en el diálogo de buena fe, la participación y la transparencia, la clave para buscar, juntos, caminos que eviten la violencia en la solución de los conflictos inherentes al choque entre dos civilizaciones: la occidental y la tradicional indígena.
Esa alianza estratégica tiene un directorio que asesora a Solaris en el desarrollo del proyecto y que inclusive, participó en la última convención más grande de la minería de esta parte del mundo, conocida como “el PDAC”, realizado en marzo de este año en Toronto, Canadá. Allí viajaron los representantes de las dos comunidades ya mencionadas.
Lo importante de esta experiencia es que la empresa Solaris entiende que la legitimad de sus actividades se basa en los permisos del Estado pero también en el apoyo de la Asamblea de los centros Shuar Yawi y Warints.
“Las asambleas son el espacio donde se toman las decisiones más importantes y en las que, junto con el directorio de la Alianza Estratégica, se adoptan acuerdos públicos y transparentes que asesoran el desarrollo del proyecto Warintza”, enfatiza Velásquez. Para el ejecutivo esa norma es algo así como el principio que hará posible una minería diferente, que se construye de cara a la gente.
El asunto es más profundo porque pareciera que ha calado hondo en la visión empresarial. Entender y aplicar que sus actividades sean entendidas, analizadas, conversadas y finalmente asesoradas por las comunidades, genera un proceso complejo pero con una fortaleza excepcional. Por eso la viabilidad del proyecto no depende de la fuerza pública. Depende del diálogo, el entendimiento y la transparencia entre la empresa y los centros Shuar.
Warintza
Warintza es uno de los proyectos menos mediáticos de la Cordillera del Cóndor. Fue descubierto por una figura icónica de la geología mundial, desaparecido hace poco y considerado en vida como “el más grande descubridor de proyectos del mundo”.
Se llamó David Lowell y su apellido está en varias empresas que exploran la Cordillera de los Andes en Perú, Chile y Argentina. En los ochenta descubrió Escondida, la mina de cobre más grande del mundo. En Chile descubrió también San Cristóbal y Leonor. En los noventa, descubrió en Perú Los Calatos y años después, Antamina y Toromocho, que ahora son soportes del auge que vive la minería peruana del cobre.
Lowell después se vino a este país y descubrió Mirador, la primera mina a gran escala de Ecuador y en lugar de cobrar en efectivo sus honorarios, pidió que le dejen explorar unos depósitos que había mirado un año antes. Eso es Warintza.
Opina Velásquez que él y sus ejecutivos no creen que estén al frente de una empresa minera. “Somos una compañía que explora. Buscamos el potencial del subsuelo y estudiamos si tiene oportunidades de convertirse en una operación minera. Por ende, nuestra obligación es aún más importante, porque si cometemos errores y no tomamos responsablemente nuestras actividades estamos comprometiendo la posibilidad que tiene nuestro sector de ofrecer una oportunidad de desarrollo del país”, sostiene.
Lowell Mineral, subsidiaria de Solaris en Ecuador, tuvo desde el año 2000 graves problemas en el proyecto Warintza ya que este se encontró en suspensión por fuerza mayor desde el 2006, por solicitud de la empresa, al no poder acceder a la concesión y mucho menos hacer exploraciones. Emociona saber, sin embargo, que en el 2019 Solaris solicitó y logró el levantamiento de dicha suspensión con el apoyo de las comunidades shuar.
En minería, una “fuerza mayor” es un periodo en el que no corre el tiempo del contrato.
“Durante esa década no se pudo entrar a la comunidad porque el relacionamiento no era el adecuado. Sin embargo, la voluntad del Estado en lo que se refiere a la política minera y el apoyo del Gobierno a nuestros esfuerzos de diálogo con las comunidades shuar, nos dio la convicción para apostar por el Ecuador y empujar hacia el acercamiento con las comunidades y con esto, el desarrollo de nuestro modelo”.
“Quisimos entender qué es lo que estaba pasando y qué es lo que había causado que un proyecto de tanto significado esté en fuerza mayor por un período de más de 12 años”, recuerda.
“Para eso, el trabajo no podía hacerse desde otra zona que no fuera en la región del proyecto. Desde marzo del 2018 enfocamos nuestro trabajo en un proceso de aprendizaje mutuo visitando a los centros shuar Yawi y Warints con la autorización de la PSHA y con la creación de una Mesa de Diálogo”.
Dos verdades, dos idiomas, dos mundos…
Velásquez señala que el aprendizaje tomó meses de almuerzos y cenas comunales, reuniones con líderes y familias, conversaciones duras, risas y tristezas. Velásquez nos comenta que llegó un momento donde logró entender que ambas partes – empresa y comunidades – tenían su propia verdad dentro de su propio mundo – estructuras de derecho versus estructuras indígenas – y, por ende, cada una válida al explicar lo sucedido.
“El Génesis teórico del problema que encontramos se originó al implementar un concepto como el de “propiedad privada” al comprar propiedades, donde la noción de “la colectividad” prepondera a la de la individualidad. Entendimos que las propiedades que se compraron tiempo atrás en la zona del proyecto, por más que contaran con la legitimidad del Derecho, carecían de la legitimidad indígena de quienes viven en esos territorios desde tiempos ancestrales. Del mismo modo, los centros shuar entendieron que el proceso que se siguió al comprar esas propiedades, en donde ellos participaron, tenía toda la legalidad que el derecho requiere”.
“Recuerdo muy bien la reunión con los líderes shuar y el momento que me dijeron: mire Federico, lo que usted propone puede llegar a ser una gran oportunidad para nosotros, pero nosotros queremos un relacionamiento genuino y sin condicionamiento. Allí, entendí el idioma colectivo indígena y la oportunidad de crear un nexus de oportunidades entre dos mundos, si una de las partes estaba dispuesta a tener fe”.
Velásquez regresó a Canadá y en un momento de lucidez colectiva, él y su directorio entendieron que no podía haber un condicionamiento entre ambas partes ni “yo te doy si tú me das”. Y fueron ellos los que decidieron dar el paso de confianza.
Comprendieron entonces que para entablar un diálogo sincero tenían que devolver los terrenos comunales sin poner ninguna condición. Asumieron eso y es a partir del momento que comunican su decisión a las autoridades indígenas que se puede hablar de un proceso de reconciliación, donde ambas partes asumieron sus responsabilidades y ofrecieron sus disculpas.
La posición de la empresa fue entendida como un gesto de humildad y de sabiduría que dio pie para un giro en la conducta de los líderes indígenas. Los que nunca tuvieron voz ante la sociedad mayor, los que ni siquiera tenían un nombre y eran simplemente “los indios shuar”, eran por fin escuchados y respetados en sus derechos. Así la relación de ambos pasó del conflicto hacia una alianza estratégica responsable con involucramiento social y con la construcción de consensos.
Como resumió Vicente Tsakimp, líder shuar de la comunidad, “lo que pasó con Lowell fue que quisieron entrar por la ventana y no por la puerta”. Quisieron pero no pudieron. Después de internalizar que los pobladores de la Amazonía no son ni menos ni más que otras personas, los mineros entendieron que el respeto a una cosmovisión distinta no es sino el principio que está en la base de una relación de buena convivencia.
“Los shuar les estamos abriendo la puerta para establecer una buena relación y trabajar juntos”, les dijo Tsakimp.
Testigos de la sabiduría amazónica
Es en este punto donde puede verse la voluntad de aprender aquello que no está en los libros ni en los manuales de relaciones comunitarias. En palabras de Velásquez, “Entendimos visiblemente lo que muchas compañías no quieren reconocer: que existe una autoridad del gobierno central representada por la ley y otra representante de los mundos aborígenes andinos o amazónicos que tenemos que escuchar, obedecer y estar dispuestos a trabajar con ella”.
La reflexión de Federico Velásquez parece tomada de un libro de antropología… él comprende ahora que muchas veces la forma en que el mundo indígena se presenta al exterior, interpretada como agresiva o autoritaria, es algo normal en el mundo de las negociaciones cuando una parte se da cuenta que la otra no valora lo que ésta puede contribuir en ese proceso.
Denostan de los indígenas quienes no han salido de su torre de marfil. “Para mí, el mundo indígena ecuatoriano está pidiendo algo que no es diferente a lo que han pedido las poblaciones africanas, las naciones indígenas canadienses o las comunidades indígenas de diferentes partes del mundo. Lo que piden es ser parte del proceso de tomar decisiones, estar involucrados, quieren entender qué significa este proceso (el minero) y ser finalmente beneficiados. Creo que tú o yo estaríamos pidiendo lo mismo de estar en sus zapatos”, sostiene.
Y agrega: “El problema no son ellos sino nosotros, que no nos hemos dado cuenta ni nos hemos tomado la molestia de escuchar y traducir a nuestro lenguaje lo que nos dicen o están pidiendo. ¿Qué haces cuando no eres escuchado? Alzas la voz”.
No hay necesidad de decir que con esa decisión Solaris ha asumido políticas que no han sucedido antes en Ecuador. Cuando decidieron devolver los terrenos sin condiciones no sabían si iban a tener un proyecto. Todavía no lo saben en realidad, porque para ello tienen que reiniciar la perforación y después de analizar esos resultados, empezar otros estudios para ver la factibilidad del negocio minero.
Es justamente en ese proceso cuando las comunidades shuar se dan cuenta de que por fin están siendo escuchados. Solaris está tratando de demostrar a las comunidades que con ellos la cosa es diferente, pues han encontrado una compañía que puede ser un aliado para poder entender lo que significa la exploración y lo que es un estudio del subsuelo.
La consulta previa, libre e informada: problema y posibilidad
Cuenta Federico Velásquez que cuando la comunidad decide firmar una Carta de Entendimiento, el pasado 23 de enero del 2019, en virtud de la cual se permite el inicio de actividades de exploración en la zona, puso a la empresa frente a una disyuntiva.
“Aquí es donde las comunidades Shuar, PSHA y Solaris proponen al Estado algo nuevamente no antes hecho: el desarrollo de un “proyecto piloto” que permita al Estado poner en prueba y analizar con las comunidades, en este caso Shuar, los mecanismos que el Estado está desarrollando para ser parte de la futura norma de consulta. Aquí ganaban todos, por un lado, el Estado podía practicar los procesos que estaba considerando y corregirlos dependiendo de los resultados del ejercicio; y las comunidades Shuar veían la involucración del Estado en el proceso.
El 10 de abril de 2019, Solaris y el Ministerio de Recursos No Renovables firman un convenio técnico para poner en práctica el proyecto piloto propuesto por PSHA, las comunidades Shuar y Solaris. “Y aquí hay algo importante que mencionar -comenta Velásquez- este proyecto piloto, no disminuye en nada las obligaciones que Solaris tenga a futuro una vez que la norma de consulta sea finalmente regularizada. Es decir, Solaris acatará cualquier proceso que la futura norma disponga”.
El proyecto piloto de “Valoración de Mecanismo de Consulta” se inició en septiembre de 2019, liderado por la Subsecretaría de Territorio y Seguimiento Ambiental, fue una secuencia de actividades entre las comunidades y el Estado únicamente, sin la participación de Solaris que es la entidad privada y por ende su obligación en el proceso fue informar.
El proceso de la valoración de mecanismos de consulta fue interrumpido por las movilizaciones indígenas de octubre del año pasado y a pesar de esa situación, reinició en noviembre. En enero de este año se oficializó con el resultado de un reporte oficial que convalidó el proceso de consulta y los resultados fueron presentados, como una primicia, en el PDAC de este año.
“La oportunidad que el Estado, las comunidades y Solaris han creado con “El Modelo Warintza” va más allá de ser un proyecto de exploración. Creo y espero que sea una oportunidad de integración de dos mundos que a menudo chocan. Ojalá sea la oportunidad para que aprendamos del valor de la colectividad indígena -este puede ser muy útil en el sistema de eficiencias del mundo de los negocios-. Y las comunidades indígenas puedan valorar las oportunidades socio-económicas y sostenibles que el occidente sigue desarrollando y mejorando gracias a nuestra naturaleza humana de perfeccionar todo lo que hacemos,” concluyó Velásquez.
Cálculo de regalías mineras tiene nueva fórmula
11 de mayo de 2020.- El pasado siete del mes en curso el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, señaló en el webinar Ecuador Mining Summit “Oportunidades del sector minero en Ecuador”, organizado por RDN Global, que uno de los dispositivos legales aprobados en su segunda gestión ha sido el Acuerdo MERNNR/MERNNR 20-0019-AM, Reforma al instructivo de auditoría, cálculo de regalías y beneficios de la actividad minera metálica.
El viceministro explicó que una de las razones por las que se había tomado dicho acuerdo era la inexistencia de la empresa encargada de dar los datos de los precios. No dijo más. Al cierre de esta edición, el acuerdo tampoco estaba “colgado” en las páginas web del sector.
En febrero de este año Vía Minera inició una investigación sobre el tema y de ese material extraemos este avance que, dado que el instructivo ha sido modificado, sólo servirá como referencia para quienes se interesen en el tema.
De conformidad con el artículo 408 de la Constitución Política del Ecuador, el Estado como propietario de los recursos naturales no renovables tiene derecho a recibir el pago de regalías por parte de los titulares de concesiones mineras y plantas de beneficio. Los derechos mineros son los establecidos en el artículo 17 de la Ley de Minería.
Según los artículos 92 y 93 de la Ley de Minería, las regalías para minerales metálicos se establecen con base en un porcentaje sobre la venta de los minerales principales y secundarios. En síntesis, los concesionarios mineros y las plantas de beneficio deberán pagar una regalía de entre el 3% y 8%.
Para el caso de explotación de minerales no metálicos el porcentaje se calculará con base en los costos de producción.
En función de lo que rige en la Ley de Minería, los principales conceptos para el cálculo y declaración de regalías por la explotación de minerales metálicos y no metálicos, son los siguientes:
Cálculo de las regalías para metálicos
El instructivo de auditoría “Cálculo de Regalías y Beneficios de la Actividad Minera Metálica de las Regalías” emitido por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables mediante Acuerdo Ministerial 323 publicado en el Registro Oficial 657 el 9 de marzo de 2012; establece la fórmula para el cálculo de la regalía minera para minerales metálicos, de la siguiente manera:
Regalía = ( (CM x PI) – GTI-CR-GT-IIE) x % Regalía
En donde:
CM es la cantidad de metales pagables contenidos en los productos minerales vendidos. Se obtiene una vez descontadas las mermas y deducciones metalúrgicas establecidas en los respectivos contratos.
PI es el precio internacional de venta de los metales pagables. Este precio será igual al promedio mensual (mes calendario) de precios durante el período de cotización, y corresponden a los publicados en la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres.
GTI, que corresponde a los gastos y descuentos de transporte, ya sea terrestre, marítimo o como fuere, manipulación (inspecciones, transbordos, análisis, laboratorio arbitral de contenidos metálicos), y primas de seguros por pérdidas en tránsito de los productos minerales, desde que el producto mineral es embarcado en la nave de exportación hasta el puerto de destino.
CR, son los cargos de los procesos de tratamiento y refinación. Corresponden a los cargos de tratamiento y refinación (TC/RC), y penalidades por impurezas, de acuerdo con los términos y condiciones particulares acordados para cada venta bajo parámetros internacionales.
GT son los gastos de transporte. Incluyen los gastos y descuentos de transporte (terrestre, marítimo, etc.), manipulación (inspecciones, costos portuarios y de embarque, bodegaje, transbordos, análisis y laboratorio, carga y descarga, empaque), primas de seguros por pérdidas en tránsito (incluida la porción no deducible en las coberturas) de los productos minerales, desde el área del contrato hasta que el producto mineral es embarcado en la nave de exportación.
IIE = Impuesto a los Ingresos Extraordinarios, que ha sido derogado mediante Ley de Fomento Productivo publicada en el Suplemento del Registro Oficial 309 del 21 de agosto de 2018.
En conclusión, de acuerdo a la anterior legislación, la multiplicación de la cantidad de metales pagables por el precio internacional menos los gastos de transporte internacional y nacional, y los cargos de los procesos de tratamiento y refinación, daban como resultado el ingreso neto o venta neta sobre la cual se aplicaba el porcentaje de regalía correspondiente en función del título minero y el régimen al que pertenece.
Según el viceministro Benalcázar, la fórmula ha sido cambiada.
Alcalde de Cotacachi solicita información sobre proyecto Llurimagua
Proyecto Llurimagua: Un matrimonio en la encrucijada
19 de abril de 2020.- Al cierre de esta edición el futuro de la relación Enami – Codelco era una incógnita y en el sector se esperaba que la intervención del presidente Lenin Moreno aclare el panorama.
De eso se trata y Vía Minera, como medio periodístico, no pretende demostrar nada. Solo vamos a mostrar una parte de lo que hemos encontrado tratando de explicar cómo se gestionan nuestros recursos naturales.
Si la realidad podía definirse como caótica por la crisis sanitaria y todas las crisis que se venían, tenemos un asunto más para pensar y es preciso hacerlo bien. Decíamos en el número anterior que del nivel que tenga la reflexión ahora dependerá la calidad de las políticas que se apliquen después.
Pero ocurre que no hay debate. Que los actores principales se esconden y las oficinas de comunicación no comunican. Que las autoridades se vuelven sordas y olvidan eso que llaman transparencia cuando necesitan justificar el crédito de una multilateral.
Callar las ideas no conduce a nada bueno. “Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez” decía una de las heroínas de la lucha por la independencia.
En un contexto así no debe sorprender el resultado de las actividades que pudo realizar Codelco en los últimos años. Al fin y al cabo, las empresas tienen sus propios objetivos y los países no tienen amigos sino intereses. Eso que llaman inteligencia estratégica muestra al Ecuador como una nación que requiere una inyección urgente de capitales y todos se quieren aprovechar de esta necesidad.
Por la razón o por la fuerza
En la parte central del escudo chileno hay dos animales. Uno típico de la zona que comparten con Argentina y que estaría representando a la razón y uno que consideramos muy nuestro. Es el cóndor que simboliza la fuerza que inspira a esa nación.
Es el sino que acompañó a Codelco desde sus inicios allá por los años sesenta, unos años antes de que asumiera el presidente Salvador Allende. Era una empresa condenada a ser chica porque iba a tener la mitad más uno de las operaciones más chicas de Chile, es decir, de aquellas que no habían sido entregadas a las grandes empresas.
Pero vino Allende y nacionalizó el cobre y le entregó a Codelco la operación de las grandes minas. Codelco como la conocemos hoy nació de una acción de fuerza y conserva ese empuje.
El año 2015, para no remontarnos muy atrás, Codelco y la Empresa Nacional Minera (Enami) del Ecuador firmaron los términos del acuerdo de accionistas para avanzar con el proyecto Llurimagua.
Según el convenio, Enami tendría el 51 % del accionariado y Codelco el 49 %, informó el entonces ministro Javier Córdova.
Con ese convenio la historia se aceleró. Enami sería accionista mayoritario si es que el proyecto continuaba a la fase de exploración avanzada y se decidía la explotación. Mientras tanto Codelco guardaba los secretos de la exploración que ya venía realizando. Han invertido siete millones este año y el próximo año podría ser un poco más, decía al respecto el ministro ecuatoriano.
A la entonces ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, se le escapó que ese 2015 Codelco terminaría 20.000 metros de sondaje.
Sueños de opio
La historia se repite dos veces. Una de ellas es como tragedia y la otra como comedia. Los diarios de esa época conservan las declaraciones del titular del desaparecido ministerio de Sectores Estratégicos afirmando que el país invertiría US$ 2 mil millones en una refinería de cobre que empezaría a funcionar el 2020. México y China financiarían esta obra.
Los funcionarios de Enami también tenían imaginación. Llurimagua sería una empresa modelo, social y ambientalmente responsable, rentable y todo lo demás. Sería eso y mucho más.
Para que todo parezca perfecto se hablaba también de transparencia. “El compromiso del Gobierno Nacional es brindar a la ciudadanía transparencia en su gestión, con el fin de visibilizar el trabajo que se realiza en los diferentes campos para lograr el desarrollo integral del país”, decían los comunicados de Enami de esa fecha.
Pero la mentira tiene piernas cortas. El trabajo de verdad lo estaban haciendo sus socios chilenos y faltando una norma elemental de cortesía como es la de informar cómo están las cosas.
Enami, como empresa estatal ecuatoriana, hizo lo que pudo: obtuvo la “licencia ambiental para la fase de exploración avanzada”, o sea, para la perforación que después hizo la empresa estatal chilena.
La perforación es una etapa clave en la exploración minera. Es la única forma de averiguar qué riquezas esconde el subsuelo y es por ello que todos los gobiernos exigen a las empresas nacionales o extranjeras que perforan en su territorio que les informen cuáles son los resultados de sus pruebas.
La transparencia tiene otras manifestaciones favorables en la región. Brasil somete a discusión pública los borradores de los contratos que se van a firmar con empresas extranjeras y la vecina Colombia transmite en directo las sesiones de sus organismos encargados de negociar convenios, tratados y contratos de explotación.
Aquí no pasa eso. Enami no sabía y probablemente no sabe qué es lo que tiene en Llurimagua. Los chilenos sí.
En 2015 era conocida la estimación de recursos realizada por Ascendant Copper en el año 2004 que reportaba el mejor corte con un tonelaje de 1359,9 millones de toneladas de mineral con un contenido de 0,73% de Cu, 1,6 ppm de plata y 0,03 % de molibdeno, certificado por la compañía Micon International Co. Limited.
La estatal chilena Codelco sabe que existe mucho más y lo dice. El año 2018 informaron que 3846 millones de toneladas de mineral con una ley de 0,44 corresponden al 49% de su participación en Llurimagua.
El año pasado ni este año han dado cifras sobre los recursos existentes en ese proyecto y es fácil comprender por qué.
Se han limitado a decir que el 2019 completaron la actualización del modelo geológico y que la información obtenida indica que Llurimagua tiene potencial para un depósito de cobre y molibdeno de clase mundial, que podría ser explotado mediante técnicas mineras y metalúrgicas tradicionales para menas de sulfuros primarios de cobre.
Codelco tiene el control en sus manos. Tiene la información del subsuelo y sobre el suelo tiene personas muy serviciales que pueden hacer lo que la empresa necesite.
De otro lado, si ellos dicen que han invertido hasta ahora US$ 60 millones en más de 100.000 metros de perforación en Llurimagua y que para invertir este año US$ 131 millones necesitan garantías de que su inversión les traerá dividendos, están en su derecho.
Se estima que esa inversión es parte de la que permitiría obtener la información que se requiere para hacer un estudio de prefactibilidad del depósito. Mientras tanto, el valor de la concesión es un misterio y peor aún, no existen elementos de certeza con los cuales puedan ser establecidos.
Dime con quién andas y te diré…
Codelco, sus representantes y sus admiradores, tienen razones para sentirse desconfiados. Aún cuando un informe de la Procuraduría General del Estado, redactado hace dos semanas, iba a respaldar legalmente sus buenos negocios, en la Contraloría General del Estado y en la Defensoría del Pueblo no piensan lo mismo.
Como si esto fuera poco, para Codelco las complicaciones vienen también de su propio país. De sus propios bolsillos, mejor dicho. Antes de que empezaran los estragos que ha provocado la pandemia su situación ya era complicada. El virus ha sido un buen pretexto para que hace dos semanas anunciaran la suspensión de sus proyectos en la mina Chuquicamata que ahora es subterránea, en las obras de Rajo Inca y Traspaso Andina. Sus voceros han dicho que la suspensión es por 15 días pero así se empieza.
Hace unas semanas, al presentar su Memoria 2019, la minera dio a conocer sus resultados financieros del cuarto trimestre, que la dejaron en una peor posición que el año pasado, pues los excedentes que generaron fueron 17% menores a los del 2018, pasando de US$1.606 millones en 2018 a US$ 1.340 millones en 2019.
Lo anterior se explicó por un menor precio del cobre y una menor producción como consecuencia del evento climático que afectó al Distrito Norte y a la huelga de trabajadores en Chuquicamata. Su producción alcanzó 1588 millones de toneladas, es decir 5,3% menos que el año anterior.
En tierra de los ciegos…
No hay que hacer leña del árbol caído. Hay que leer las noticias internacionales.
Hace menos de un mes diarios chilenos señalaban que “El presidente ejecutivo de la estatal, Octavio Araneda, sinceró el complejo momento que atraviesan por el coronavirus, donde uno de los principales efectos ha sido la brusca caída del cobre, que ayer presentó su nivel más bajo desde 2016”.
El desplome del cobre en los mercados internacionales pone en duda no solo la capacidad de seguir generando recursos para el Estado, sino que también, la viabilidad de los proyectos de desarrollo que lleva adelante. A esto se suma otro elemento, que son los vencimientos que la minera deberá enfrentar, y que alcanzan los US$860 millones.
En medio de este escenario, el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, envió una carta a los trabajadores: “Quiero ser franco con ustedes: esta emergencia está afectando drásticamente la actividad empresarial y minera, lo que generará un impacto muy significativo en la economía del país”, les explicó.
Codelco tiene muchos motivos para preocuparse en cómo mejorar su economía y una alternativa es lo que puede conseguir en Ecuador. A partir del 2008, fecha de su primer convenio, ha firmado una serie de documentos que le dan pie para determinar las condiciones más ventajosas para sus intenciones.
Como decíamos, el 2015 firmó los términos de acuerdo de accionistas y el 2019 una adenda a esos términos y al convenio para la exploración minera (2011). En base a ello exige el cumplimiento de lo pactado vía la suscripción de un Pacto de Accionistas, la constitución de la sociedad anónima y lo más importante, la cesión y la transferencia de la concesión Llurimagua a la sociedad anónima.
Y aquí empiezan los problemas porque en el Pacto de Accionistas, por ejemplo, no se explica cómo así es que Enami tendrá el 51 por ciento del paquete accionario. Es sensato preguntarse de dónde sale esa cifra y por qué no es el 60 ó el 80 por ciento si el depósito es del Ecuador. Una justificación técnica es lo mínimo que se exige en este tipo de documentos, pero no la hay.
Tampoco se establece el mecanismo que asegure el cumplimiento del artículo constitucional que dispone una participación mayoritaria para el Estado, según interpretación de los que entienden de leyes. Si ese artículo conviene o no al país en las actuales circunstancias es harina de otro costal, dicen los entendidos, pero lo concreto es que la Constitución vigente manda eso.
El Pacto de Accionistas tampoco justifica, desde una óptica técnica o económica, la conveniencia para el interés nacional de la figura de “sociedad anónima”. La cláusula del “deadlock”, convencional en otras circunstancias, puede ser ahora motivo de discusión, como efectivamente lo ha sido.
Una persona con amplia experiencia en negociaciones internacionales, contratada por el gobierno ecuatoriano para asesorar en este caso, contó a Vía Minera que la práctica del equipo negociador de Codelco podía bien calificarse como de desleal y abuso de la posición dominante que tiene esa empresa en el mercado internacional del cobre.
Varias partes de los documentos suscritos en esas condiciones contienen condiciones imposibles de cumplir. No hay forma, por ejemplo, de mantener el 51% si no se sabe cuál es el 100%, en este caso, cuáles o cuántas son las reservas. Otras consideraciones como la de aceptar el arbitraje internacional ante un tribunal con sede en París son difíciles de aceptar, al menos, por cuestiones de principios.
Hay muchos más aspectos qué ponen en cuestión la firma del Pacto de Accionistas, la constitución de la sociedad anónima y la cesión y transferencia de la concesión minera Llurimagua. Señalarlos tomaría ediciones completas de Vía Minera y seguramente las dedicaremos al tema, próximamente.
Una propuesta que el Estado no pidió
Garry Korte, CEO de Hancock Prospecting Pty Ltd., HPPL, envió el 16 de octubre del 2017 una carta al entonces gerente general de Enami, Raúl Brito, diciéndole que quería comprar la participación de la empresa estatal ecuatoriana en el proyecto Llurimagua.
HPPL tiene una larga trayectoria en trabajar con gobiernos para establecer y hacer crecer las industrias mineras, en explorar y llevar a cabo proyectos de minería a través del desarrollo y la operación, decía la carta en sus primeras líneas.
En algún momento circuló en la prensa local la versión de que Hancock quería asociarse con Enami para hacer realidad el proyecto Llurimagua pero la verdad es otra. Hancock quería sacar a Enami de Llurimagua, comprarle el 51% que tenía y, en todo caso, lo que quería era aliarse con Codelco.
Tampoco es cierto que estaba dispuesta a pagar US$ 400 millones por la parte que tiene Enami en el proyecto.
Eso está escrito con toda claridad en los documentos. Hancock presumía de mucha capacidad financiera y ofrecía pagar no sólo lo que ellos consideraban que costaba Llurimagua sino comprar, casi al contado, todas las concesiones que en ese momento tenía la estatal minera ecuatoriana
“A pesar de que HPPL aún no tiene los datos de exploración iniciales a partir de los cuales basar con precisión una oferta, HPPL se complace en hacer esta oferta formal para adquirir todos los intereses (de Enami) bajo una estructura de compensación de varios niveles que comienza con una línea de base de US $ 102 millones basados en los resultados de la perforación completada hasta la fecha, más pagos adicionales si se demuestra la existencia de mayores recursos”.
Dicho de otro modo, HPPL lo que ofrecía el año 2017 y sigue ofreciendo, como veremos después, es un primer pago de US$ 102 millones.
Además, en la carta se señala la voluntad de HPPL a destinar US$ 5 millones anuales en cada uno de los seis proyectos de Enami hasta un total de US$ 30 millones; y a pagar una regalía del 2% de la ganancia neta después de impuestos.
Explicó también que la oferta básica por el 51% de Enami, de US $ 102 millones, se ha formulado sobre la base de que Llurimagua contiene 10 millones de toneladas métricas.
Ya en su primera carta al presidente de Enami HPPL señalaba que en caso de acuerdo, la compra la haría su filial ecuatoriana, Hanrine Ecuadorian Exploration Mining.
Hanrine volvió a insistir en la compra en marzo del año pasado. Se dirigió directamente al presidente Lenin Moreno y, simultáneamente, a otras autoridades, casi en el mismo tono, es decir, presumiendo de su fortaleza económica.
Su propuesta, señalan personas experimentadas, en caso sea recibida, pone en riesgo la credibilidad del país como socio de las empresas extranjeras a quienes se atrae asegurándoles estabilidad jurídica.
Y no es sólo cuestión de prestigio pues así generen malestar, lo concreto es que Codelco ha logrado la firma de Enami y podría exigir el cumplimiento de los acuerdos. Aquí o en algún tribunal internacional.
Muchos interesados
Hanrine no es la única empresa que tiene los ojos puestos en Llurimagua. El periodista Franklin Soria, el primero en especializarse en temas de la minería ecuatoriana (ver entrevista) sostiene que el gigante australiano BHP en algún momento ha manifestado que estaría mirando con interés este depósito.
En diciembre de 2017 el empresario Xiaohui Dai Zhou se comunicó con el ministro de Minería, Javier Córdova, actuando como intermediario y representante de la firma Perrier Mining Co., de Beijing, que expresaba formalmente su interés firme y serio de trabajar de manera responsable en la exploración y explotación de Llurimagua.
Solaris Resources, operadora del proyecto Warintza, está también en la lista de quienes anhelarían postular para Llurimagua.
No es para menos porque de acuerdo a estimaciones realizadas por técnicos chilenos, se especula que Llurimagua podría tener una producción anual de 210 mil toneladas de cobre fino.
Hay que hablar de lo social
Llurimagua no es sólo un depósito gigantesco ni una geología atractiva para los inversionistas mineros. Es un territorio poblado por gente trabajadora del campo que ha tenido un comportamiento que condujo al conflicto en lo social y desde el punto de vista ambiental, ha presentado desafíos que han provocado tremendos dolores de cabeza a los ejecutivos encargados de las operaciones.
Después de una reacción violenta de quienes se oponen a la minería en zonas cercanas a sus localidades, Ascendant Copper denunció al Estado ecuatoriano y ganó una demanda millonaria que se ha tenido que pagar.
Han pasado los años y la ex ministra Rebeca Illescas afirma que la concesión fue revertida al Estado y asignada a la Enami para que se haga cargo de los problemas sociales que tuvieron dos empresas anteriores. Se trata de una zona muy conflictiva en la que siempre ha habido oposición a la minería por actores puntuales, afirma.La empresa estatal ha buscado acuerdos con las juntas parroquiales y presidentes comunitarios y de las tenencias políticas, con quienes ha realizado eventos deportivos, mingas de adecuación de vías, reforestación de espacios comunitarios y talleres informativos.
Existen acuerdos que se mantienen con los centros de Salud de García Moreno y Peñaherrera para fomentar el desarrollo de brigadas médicas alrededor de todas las comunidades de influencia directa e indirecta del Proyecto Llurimagua donde Enami EP a través de sus técnicos sociales en territorio ayudan en la parte logística y facilita a los funcionarios médicos a realizar estas labores.
El periodista Franklin Soria mencionó la denuncia que hace el periodista Fernando Villavicencio respecto de las actividades de un estudio jurídico vinculado a una empresa minera que ha determinado una llamada del Presidente anunciando que ha decidido dejar en suspenso el proceso de firma del pacto entre las empresas Codelco y Enami.
“Esta es la parte final de una historia que comenzó hace mucho con la intervención de dos ex presidentes, Correa y Bachelet, cuando todavía el proyecto se llamaba Junín y estaba concesionado a una empresa canadiense, cuyo campamento fue violentado y dio lugar a un juicio que lo perdió el Estado y tuvo que pagar US$ 25 millones. Vino con el expresidente Correa que tenía un discurso favorable a la integración latinoamericana… así pasaron una serie de hechos hasta el de la propuesta de crear una sociedad mixta que tuvo observaciones de la Contraloría y mereció un análisis de la Procuraduría que ha dado su visto bueno para la conformación de una sociedad anónima”, explica Soria.
Desde su punto de vista, sostiene que “en este caso debería conocerse más de todo el proceso de exploración, alguien debería explicar cómo se hizo la valorización, cuál fue el método que se utilizó, cómo se ha relacionado la empresa con la comunidad, cuánto empleo se generó y si hubo o no socialización del proyecto”.
“El asunto es que no conocemos a plenitud las labores que ha hecho Codelco y como ecuatorianos, es decir, como dueños del territorio y de la riqueza que está en el subsuelo, como propietarios del 51% del accionariado, debemos tener esa información y la que pueda estar generándose en torno al 49% que tiene Codelco y que podría estar interesando a otras empresas internacionales”, finaliza Franklin Soria.
Opiniones de un minero
Edgar Salazar es un antiguo minero productor y exportador de oro. Es una persona muy respetada por su experiencia en temas que conciernen a la totalidad del sector.
“Si me permiten, debo aclarar la situación de Llurimagua para que no existan más confusiones”, empieza.
En primer lugar, la Enami es la concesionaria de las áreas donde está ubicado el proyecto. No existe por el momento un socio legal u otro dueño. Parece que ha cumplido con los requisitos para mantener esas concesiones en “good stand” ante la Arcom, hasta aquí.
Enami posee un acuerdo con Codelco, el mismo establece condiciones para que este último pase a ser socio minoritario (49%) del proyecto, a través de la formación de una compañía de economía mixta. Que el acuerdo firmado por la Enami fue o no fue justo para el Ecuador, ese es otro tema que no entra en esta discusión. La Contraloría y otros órganos de control deberán determinarlo.
Tercero: Las diferencias entre la Enami y Codelco, surgen precisamente de ese acuerdo firmado entre las partes, con el aval de los gobiernos respectivos:
a.- Una compañía de economía mixta (CEM) implica que la Enami será siempre el socio mayoritario, de acuerdo a la ley ecuatoriana. Por lo tanto, Codelco pidió que en lugar de una CEM, se forme una S.A., pues quiere ser mayoritario en algún momento.
b.- Puesto que terminó la fase I del convenio, Codelco siguió perforando sin que oficialmente se ingrese en la fase II. Esto tiene una consecuencia: Enami debe cubrir lo correspondiente a su participación accionaria de ese gasto, cosa que no es viable pues todavía no existe la CEM que establece el convenio.
c.- En el convenio no se especifica en forma clara el manejo de la información ni cómo debe reportarse. Se menciona en forma definitiva que el operador del proyecto es Codelco.
Por lo tanto, lejos de ser un problema nacional, desde mi punto de vista es un problema entre dos compañías estatales que deberían solucionar sus entuertos entre ellos, sin la participación de los Estados correspondientes.
Las concesiones mineras, insisto, son de Enami y si el Estado ecuatoriano quisiera hacer uso de ellas, esa sería una auto-confiscación o algo parecido. Si eso ocurre, el Estado podría hacer lo mismo con los proyectos que tiene Enami con Cornerstone o incluso con otras concesiones de privados.
Contraloría presenta nuevas
observaciones al Ministerio y Enami EP sobre las IMBAS
19 de abril de 2020.- En días recientes la Contraloría General del Estado formuló una serie de observaciones al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables por su gestión en seis concesiones mineras demarcadas sobre la provincia de Imbabura.
Se trata del informe DNA6-0009-2020 que señala, entre otras cosas, que Enami EP renunció sin justificativos a la solicitud de concesión de áreas que presentaban interés geológico; que se realizaron procesos de concesión de áreas mineras iniciados y ejecutados sin el pronunciamiento de Enami EP y sin contar con información geodésica, geológica y técnica.
Contraloría además observa al ministerio que hubo áreas mineras que permanecieron reservadas por un tiempo mayor al establecido en la normativa así como demora en la publicación de Términos de Referencia Técnicos, cargos a los que se agrega establecer dichos términos de referencia sin observar la normativa vigente y la inscripción de títulos en el Registro Minero fuera del plazo establecido en la normativa.
En el caso del área minera denominada IMBA 02, la Contraloría señala que el amparo administrativo para el otorgamiento de la concesión se hizo basado en un informe técnico que no corresponde.
Estas observaciones aparecen como resultado del Examen Especial al proceso de otorgamiento y la ejecución de las actividades mineras de las áreas mineras IMBA 01, IMBA 02, IMBA 03, IMBA 05, IMBA 06 y Amadores, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de marzo del año pasado.
La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental y, de conformidad con las normas vigentes, sus recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.
Respecto de la primera observación, el informe de Contraloría reseña que las patentes de conservación de las áreas que hoy se conocen como Imba 01, 02 y 03, fueron pagadas por Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining durante los años 2017, 2018 y 2019. Añade que los gerentes de Enami EP solicitaron en al ex ministerio de Minería la concesión de dichas áreas para después desistir de ellas, no obstante el interés geológico que presentaban.
Sin embargo, Enami EP tenía ya firmado un acuerdo con Cornerstone Ecuador S.A., CESA, y en virtud de una de las cláusulas, debía solicitar el otorgamiento de la o las concesiones mineras identificadas por CESA como áreas de interés específico, pero tampoco lo hizo.
Contraloría narra una serie de hechos posteriores y concluye que la actitud de Enami EP impidió que el Estado ecuatoriano cuente con los resultados y evaluación económica de un potencial proyecto conformado por áreas con interés geológico del cual pudo haber sido parte en la etapa de explotación.
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