Una de las consecuencias de las limitaciones institucionales estatales frente a la minería ilegal ha sido la incursión del narcotráfico en el control de una actividad que ha sido tradicionalmente desarrollada por la pequeña minería, que al momento se encuentra no solo amenazada sino ampliamente intervenida por el crimen, según diversos testimonios en el Ecuador.
En esta edición exponemos dos ejemplos:
Uno, en un evento de carácter académico al que asistimos como Vía Minera en julio del 2024, el de un expositor ingeniero distribuidor de equipos, entre ellos drones, software para aplicaciones en fotogrametría, Lidar para topografía de detalle, y muchas otras para estudios de suelo y subsuelo mediante tecnología de punta.
En su intervención, el profesional que ha recorrido todo el país aseveró que sus clientes mineros están siendo “vacunados” bajo amenaza de muerte si no aceptan entregar hasta el 70% de sus ganancias. Obviamente, él pidió guardar su identidad.
Quien no guardó su identidad, fue un exportador de oro, quien durante el evento del martes 18 en el auditorio de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, en Quito, manifestó: “Con estos formularios nos están haciendo más engorrosos nuestros trámites en lugar de tratar de combatir como ustedes dicen la minería ilegal o informal, esto nos está afectando a nosotros los comerciantes legales.
“A ellos nunca les va a afectar porque ellos venden al mercado negro, sacan el oro en la mina, van a las plantas y lo procesan. Ahora nosotros somos objeto de extorsión. En Ponce Enríquez, la mayoría de mineros estamos pagando a estos grupos delictivos y las plantas de beneficio tienen que moler a disposición de ellos, y si los denuncian, van a haber personas muertas.
“Ya nos pasó. Muchos empresarios mineros, compañeros que deberían estar aquí ahora ya están muertos. ¿por qué? Por querernos parar duro frente la minería ilegal. Porque ustedes deberían ejercer un control directo, en el campo, ir concesionario por concesionario, ahí vayan ustedes estimados amigos. Combatan la minería ilegal también con los compradores.
“En Ponce Enríquez hasta en las farmacias compran oro y nosotros que tenemos derechos, que tenemos una oficina con una licencia de comercialización hemos sido objeto de allanamiento, de insulto por parte de los militares porque dicen que de allí ha salido el oro. ¡No! De nuestras empresas y de la mayoría de empresas que están aquí presentes el día de hoy, se comercializa y se vende o se exporta oro legal”.
El abogado José Sánchez, alcalde de el cantón Ponce Enríquez, empresario minero y exportador asesinado. Algunos de sus compañeros piensan que fue una de las víctimas de la acción criminal en la minería ecuatoriana.
Inconformidad sobre gestión de la Arcom
La Agencia continúa con un proceso de consultas a los actores del sector con el propósito declarado de mejorar su gestión y normativas de carácter netamente técnico, que le corresponden de forma exclusiva de acuerdo a sus competencias y obligaciones establecidas en la Constitución, la ley de minería y todas las reglamentaciones conexas. En un último evento, lo que salió en limpio fue la inconformidad de muchos mineros ante el manejo de sus competencias y, especialmente, en el de control de la actividad criminal en las áreas mineras.
La invitación fue en dos fechas. A empresas mineras, operadoras, exportadoras y laboratorios, entre otros, a participar en “mesas técnicas” de un nuevo borrador de un “Reglamento para el control de Exportaciones Minerales”, en fechas distintas, para los regímenes de mediana y gran minería por un lado y para los de pequeña minería por otro.
Esta agencia es el organismo técnico administrativo, encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases de la actividad minera que realicen los diferentes actores.
Entre paréntesis, el 8 de mayo de 2024, el presidente Daniel Noboa dispuso la separación de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Arcernnr, para volver a crear las tres agencias para los sectores de minería, hidrocarburos y eléctrico. Se dispuso 90 días para la separación de la agencia y la recreación de la Arcom.
Volviendo al evento, el trabajo no se realizó en mesas técnicas y el documento quedó nuevamente en borrador a cargo del director del área de Regulación de la entidad. Entre los mineros presentes, muchos fueron claros en manifestar su inconformidad con el manejo de un borrador de nuevo reglamento que se encuentra en suspenso desde hace cinco años, ya que quedó sin vigencia por una acción de protección.
Por ejemplo, Oscar Loor, gerente de la emblemática minera Bira, de Zaruma, dijo que en 2020 se avanzó bastante en el trabajo para redefinir el reglamento de exportaciones pero desgraciadamente luego de la suspensión del proceso por la pandemia de Covid, no se habían recogido las propuestas que se realizaron.
Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería del Azuay y vicepresidente de la Cámara de la Pequeña Minería, manifestó lo que varios otros apoyaron, que se debía convocar desde el inicio a los actores, quienes están permanentemente produciendo y exportando y son quienes conocen las falencias de la normativa, y no a un auditorio lleno con expertos en diferentes aspectos del proceso de producción y exportación.
Otro de los presentes pidió que se dé paso a la conformación de una comisión representativa del sector para que realice la revisión y definición del reglamento. El abogado director, únicamente acertó a responder que lo iba a consultar. Hasta nuestra salida de la reunión, que ya había durado cuatro horas, se anunciaron próximas reuniones.
La exportación de minerales ilegalmente extraídos o contrabandeados tiene cada vez más importancia. Una reciente publicación periodística indica que la minería ilegal exportó oro por el valor de 1.385 millones de dólares en los últimos 3 años. Los 56 vendedores de oro (17 empresas y 39 personas naturales) “registran pagos mínimos de impuesto a la renta, declaración en cero o no han presentado sus declaraciones”, señaló la investigación del consorcio Plan V-CLIP-Convoca.pe.
¿La transparencia no rige para la Arcom?
Las autoridades de la Arcom son las grandes ausentes frente a la extensión de los frentes de minería ilegal y criminal que se han abierto en el país hasta llegar a contabilizarse 380 en todo el territorio, 28 de esas en áreas protegidas, según los colegas de la Revista Vistazo publicaron el 19 de marzo.
No existe una declaración oficial que haya hecho algún Director Ejecutivo en años, jamás una rueda de prensa que se haya realizado con libertad de preguntar para la prensa y en condiciones de un trato digno a los profesionales de la información.
En el sector minero, son conocidas las precarias condiciones en que trabaja la institución. El actual director de Minería Artesanal y de Pequeña Minería (MAPE), Xavier Subía, puede dar fe de que cundo fue coordinador zonal de las provincias de Tungurauhua, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza, a inicios de 2020, su coordinación contaba con nueve funcionarios, incluidos el chofer y el portero.
Los estudios dicen que tales condiciones de debilidad institucional configuran el ambiente perfecto para la corrupción y las irregularidades sin fin que se han evidenciado, por ejemplo, en el proceso de depuración del Catastro Minero que ya lleva cinco años, ¡5!, y en el incumplimiento, incluso de sentencias judiciales.
Ya en ese mismo año 2019, el grupo IFG (Intergovernmental Forum on Mining, Mineral, Metals and Sustainable Development), que ahora está trabajando para el Viceministerio de Minería de nuevo, apuntaba en una consultoría que hizo al sector: “Actores en el terreno, expertos y agentes gubernamentales informan que existe corrupción sistémica en el control de la MAPE. Se ha informado que, al momento de aplicar sanciones por incumplimiento de la normativa, agentes de gobierno reciben dádivas para no aplicar las sanciones debidas.
“Esta situación llegó a su extremo con el caso del hundimiento en una escuela en Zaruma, continuaba, por la explotación minera descontrolada en zonas donde la actividad minera estaba prohibida y resultaba peligroso para la estabilidad del suelo. Resultaba imposible que las autoridades en el terreno desconocieran el descontrol de la minería allí”.
A veces, se filtran algunos datos a medios seleccionados, generalmente los más tradicionales y que cuentan con recursos de la pauta oficial. Algunos datos de la gestión de la Agencia durante el 2024 se pueden ver en nuestro informe reciente: ¿La militarización es suficiente para terminar con la minería criminal? https://www.viaminera.com/poliacutetica-ii.html/#%C2%BFLa%20militarizaci%C3%B3n%20es%20suficiente%20para%20terminar%20con%20la%20miner%C3%ADa%20criminal?
La página de Transparencia del portal institucional, sin embargo, permanece sin información desde hace meses, como pudimos verificar nuevamente hasta el cierre de esta edición (por favor, ver imágenes) en flagrante incumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Todas las instituciones públicas la conocen como la Lotaip, y en virtud de su cumplimiento, actualizan su información institucional mensualmente en sus portales institucionales. ¿Así creen en Arcom que protegen a sus funcionarios?
En la actualidad, el director ejecutivo de la Arcom es el coronel en servicio pasivo Luis Bonilla Romero, y va cumplir un año el 20 de mayo y es imposible ver su hoja de vida porque tampoco existe la página de autoridades en el portal institucional.
