El arbitraje solicitado por Codelco y dos de sus filiales en contra del Estado ecuatoriano empezó oficialmente el pasado martes 25 de enero, una vez que la secretaría general del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) registró el pedido de la estatal chilena.
Según Codelco, sus funcionarios llevan más de un año esperando que la Procuraduría General del Estado atienda su pedido de empezar conversaciones amistosas. En el fondo está la aspiración chilena de conformar una sociedad en la que ellos puedan quedarse con la mayor parte de las utilidades que genere el depósito de cobre conocido como Llurimagua.
Procuraduría informó hace un tiempo que estaba recabando información para empezar a conversar con Codelco y sus filiales: Inversiones Copperfield SPA y Exploraciones Mineras Andinas (EMSA), accionistas de la ecuatoriana Emsaec, Exploraciones Mineras Andinas Ecuador.
Emsaec tiene registradas formalmente en Ecuador más de una docena de concesiones en las que busca oro, plata y cobre, principalmente. Sus predios están en Zamora Chinchipe, Loja, Imbabura y otras provincias más. Adicionalmente, tiene en sus manos una resolución según la cual podría obtener casi veinte concesiones más, muchas de las cuales están sobre áreas que ya están siendo exploradas por empresas de otros países.
Ecuador en el banquillo
Según consta en el expediente del Ciadi, la defensa chilena está en manos de dos estudios, uno norteamericano y el otro ecuatoriano.
El primero es Sullivan & Cromwell, un bufete con sede en New York y oficinas en las principales capitales del mundo. Sus abogados atienden a clientes de China, Alemania, Francia, Hong Kong, Australia y de Estados Unidos, naturalmente.
El segundo es el Estudio Robalino, muy conocido en Ecuador. Mañana, por ejemplo, patrocina como firma legal oficial el XVI Encuentro Anual de Energía y Petróleo, Enaep 2022.
El Estudio Robalino está formado por “experimentados protagonistas” que se preparan para el futuro e implementan herramientas y sistemas que les permiten “ser líderes en la prestación de servicios profesionales, con el uso de nuevas tecnologías”, según dice su página web.
El arbitraje contra Ecuador lleva el código ARB/22/3 y como la mayoría de casos, se realizará en la sede del organismo ubicada en el centro de Washington, DC.
“Las oficinas del Ciadi ofrecen un centro de audiencias de servicio completo con tres espaciosas salas de audiencia, sistemas de videoconferencia de última generación, transmisión web (streaming), servicios de interpretación, así como salas auxiliares de descanso y de deliberación”, dicen los dueños de la sede.
La demanda chilena es la segunda presentada por Codelco contra Ecuador. La primera la hizo hace más de un año ante la Cámara de Comercio Internacional por el mismo motivo.
Más antes, a fines del 2020, Codelco advirtió a Ecuador que pediría el arbitraje si Enami EP no cumplía las obligaciones que se derivaban de los acuerdos suscritos por el país respecto del desarrollo del proyecto minero Llurimagua.
En un comunicado publicado el 23 de noviembre de 2020, Codelco sostuvo que Enami EP no cumplía con los acuerdos de “formar la sociedad para el desarrollo del proyecto ni ratificado el pacto de accionistas que se acordó hace un año, obligaciones que se arrastran desde el año 2016′′.
La cosa empezó hace más de diez años, cuando Enami EP y Codelco firmaron un convenio para exploración minera en diversas partes del país, entre ellas, una zona muy rica desde el punto de vista biológico conocida como Llurimagua. Esa riqueza es defendida como bandera por organizaciones de pobladores que rechazan las actividades extractivas en sus alrededores.
No se sabe cuánto hay en Llurimagua en materia de riqueza geológica, Codelco mantuvo en bajo perfil su estimado de 2018 de 3,846 millones de toneladas de mineral. Ni se conoce a cuánto realmente asciende la inversión realizada por la subsidiaria en prospección.
Según explicó Codelco en su comunicado, el 2015 “ambas compañías estatales suscribieron los términos del acuerdo de accionistas para Llurimagua. Posteriormente, los presidentes y ministros de Ecuador y Chile han ratificado los convenios referentes al proyecto.”
En 2019 se acordaron los términos definitivos para la asociación y Codelco habría realizado relevantes inversiones en Llurimagua.
Por ellas seguramente no habría podido reclamar si en junio del año pasado Ecuador no firmaba el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Convenio Ciadi), que creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Este último fue creado como entidad autónoma y multilateral especializada, que busca brindar un mecanismo para el arreglo de diferencias entre inversionistas extranjeros y Estados.
Pero Ecuador se retiró del acuerdo Ciadi el año 2009. El ex presidente Rafael Correa denunció además todos los tratados bilaterales de inversión. El gobierno de Guillermo Lasso decidió volver como parte de un conjunto de medidas orientadas a dar seguridad jurídica a los inversionistas.
Era lógico. El país vive un proceso doble de llegada de grandes inversiones, por un lado; y de fortalecimiento de movimientos que por diversas razones se oponen a las actividades mineras y petroleras, entre otras.
Por ello es que en sus primeros meses de gestión, Lasso promulgó el Decreto Ejecutivo 122 que disponía el regreso de Ecuador al Convenio. La Corte Constitucional del Ecuador, por su parte, había señalado que tal acción no requería de la aprobación de los legisladores. Tres meses después se promulgó el Decreto Ejecutivo 165 en virtud del cual se aprobaba el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación.
El arbitraje no es una figura extraña en la industria minera. Lo particular, en este caso, es que no es frecuente que una empresa estatal sea quien lo inicie en contra de otra empresa estatal.
En una región que atrae casi el 30 por ciento del presupuesto global para exploraciones mineras, según los analistas de S&P en su informe del año pasado, resulta hasta natural que las empresas recurran al arbitraje cuando los países deciden aumentar sus impuestos o hacer más estrictas las regulaciones ambientales o las normas que protegen a los pueblos indígenas.
Pero no es una regla. Cuando las autoridades chilenas cancelaron el proyecto aurífero de Pascua Lama a la minera Barrick, sus ejecutivos aceptaron la decisión sin amenazar con arbitrajes y dijeron que esperarían unos años para buscar la forma de lograr la autorización que les permita seguir adelante con la extracción del oro.
No es que no sepan de arbitrajes. En asuntos del sector la Cámara Minera de Chile creó el Centro de Arbitraje y Mediación Minero como respuesta “para generar valor” a la industria minera. No es la única. La Cámara de Comercio de Santiago tiene también su centro de arbitraje y mediación.
Diríase que la minería chilena impulsa arbitrajes. Antofagasta Minerals, que es parte del consorcio Tethyan Copper, demandó a la República de Pakistán por un tema menor.
Ahora le tocó a Enami EP y a Ecuador. Los acusan de no ratificar el pacto de accionistas para el desarrollo de la mina de cobre. Codelco espera que las entidades de Ecuador puedan articular el correspondiente acuerdo, así como “promover una solución” en su favor.
Cuenta con el apoyo de Cámara de Minería del Ecuador, organismo que cuando se conoció la intención de Codelco difundió un comunicado señalando que apoyaba que los acuerdos bilaterales se cumplan como valor básico de la inversión extranjera.
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