Entrevista a Andrés Rojas, abogado, especializado en Derecho Constitucional y miembro del colectivo local, Napo Ama la Vida.
¿Cuál es la situación legal de la minería en Napo?
Napo tiene una historia de más 20 años de minería. Hubo empresas, entre 2004 y 2006, que incursionaron con exploración. Pero esto se intensificó a raíz del Mandato Minero del año 2010 y del año 2012 en donde se entregaron las diferentes concesiones.
En Napo están concesionadas alrededor de 35 mil hectáreas en cerca de 150 títulos mineros. Y claro, a partir del año 2020, con la pandemia, podemos identificar una expansión total de las actividades ya como explotación y que responden a una suerte de ilegalidad porque los concesionarios no cumplen con los actos administrativos previos.
Esto significa que, por ejemplo, no tienen registro ambiental en casos de minería artesanal, ni licencia ambiental en pequeña minería, no cumplen con el certificado de no afectación a recursos hídricos y otros requisitos que impone la Ley de Minería, con lo que exigen la Ley de Recursos Hídricos, el Código del Ambiente y el propio Código Orgánico Integral Penal.
¿Qué derechos reclaman ustedes?
Lo que está sucediendo en Napo, es una clara vulneración de derechos constitucionales. La naturaleza es sujeto de derechos y eso todo el Ecuador lo sabe. Pero algo que no muchos conocen, es que la Constitución reconoció, además, que la Amazonía es un territorio especial de equilibrio ambiental para el planeta.
Y se expidió una ley en el 2017 que dice en el artículo 3, el literal I, que habla de los principios y reconoce el principio pro natura. Y este te dice: en la Amazonía, tú tienes que hacer actividades que sean lo más favorable para la naturaleza.
Entonces, cuando tú contrapones estos conceptos con lo que miras que está sucediendo respecto de la actividad minera, entiendes que esto no puede seguir en el territorio.
Porque por más que exista cuidado, por más que tengan alguna capacidad técnica que no existe, porque no hay un ejemplo de eso acá, va a generar un impacto ambiental incalculable y que no sólo es la contaminación del río, no sólo es la degradación del bosque o su deforestación, es la también la afectación social que está generando.
Por ejemplo, el Estado no entiende que en Napo todavía hay comunidades que dependen en su existencia del río. Y ahora, al tener toda esta cantidad de descargas directas por la actividad minera, hay estudios científicos que demuestran que hay una cantidad que supera 500 niveles lo permisible en la presencia de metales pesados como mercurio, cadmio, plomo y otros.
Algunas concesiones se dieron en el año 2000, 2002, otras a partir del año 2012. ¿Dónde quedó la consulta previa, libre e informada, un derecho que ya estaba en la Constitución del 98 y se ratificó en la del 2008?
¿Por qué no se ha hecho?
En temas de derechos, pasa por una voluntad política. Se sigue viendo a los pueblos y nacionalidades indígenas de una forma protocolaria, de una forma burocrática, o folclórica, pero no como sujeto de derechos.
Se sigue viendo a la consulta previa libre e informada como un formalismo y como una barrera que entorpece el proceso de concesión o licenciamiento, y no se hace el esfuerzo por entender realmente las formas de vida de los pueblos y nacionalidades y entender por qué su oposición a este tipo de proyectos.
Igual pasa con la consulta ambiental, que es mucho más compleja porque también involucra a la ciudadanía mestiza colona asentada alrededor de forma directa o indirecta de los proyectos. Y, ante eso, no hay un solo ejemplo de consulta ambiental en todo el Ecuador.
¿Qué ocurrió desde 2018 con el cierre del catastro?
Empezaron a licenciar las concesiones que ya se otorgaron o las que ya estaban en el trámite. En Napo tenemos una sola empresa, que es Terraearth Resources, que tiene seis concesiones de alrededor de 10 300 hectáreas y son los únicos que han obtenido licencia ambiental para explorar y explotar. El resto son personas naturales.
Y ahora, en el territorio, cuando tú participas de los operativos y ves cómo actúa el Ministerio del Ambiente (MAE), la Agencia de Regulación y Control (Arcom), y empiezan a generar un blindaje institucional a las actividades mineras y te dicen que “esto es una fase de exploración, esto no es una fase de explotación”.
Pero tú no puedes diferenciar eso en el terreno: ahí todo es explotación. Ahí hay cráteres de 40, 50 metros de profundidad, hay el río totalmente erosionado, hay desvío del cauce y eso no tiene nada que ver con fases. Hay un aprovechamiento ilegal del recurso. Y otra pregunta que se tiene que hacer es, ¿el Estado está perdiendo estos recursos? No solo por el tema del oro que se extrae, sino por el diésel que no controla para abastecer todas estas máquinas.
Pero además, en algún momento alguien tiene que remediar y al no tener responsables, como sucede en el caso Manatí, por ejemplo, del caso Yutzupino, más de 180 hectáreas y no hay un solo privado de libertad y ni un solo responsable del biocidio como tal, es el Estado el que tiene que remediar. Más adelante se le va a cargar al MAE, porque ya existe una sentencia que le dice que junto con la Arcom presenten un plan de restauración por el biocidio que existe en Napo a causa de la minería.
Y es el Estado el que va a terminar remediando y eso se traduce que es gente que no ha minado, los contribuyentes que no hemos minado y que estamos perjudicados, vamos a poner el hombro para remediar los pasivos ambientales de una negligencia estatal enorme.
¿Qué ocurrió después del operativo en río Jatunyacu a la altura de Yutzupino?
Después del operativo Manatí I, no hemos vuelto a ver una intención del Estado en querer erradicar la minería en Napo. Los operadores mineros aprendieron de lo que sucedió ahí, ya no tienes focos de minería de 3.000, 4.000, 5.000 personas en un solo frente, sino que ahora existen regados en diferentes puntos de la provincia, de los cantones Arosemena Tola y Tena donde más se concentran las actividades mineras. Y están ahora 3, 4, 7, máximo 15 máquinas por punto.
Hablamos de más de 60 puntos de minería ilegal que se está desarrollando en Napo. No puedo decir que no hay operativos porque eso sería mentir. Las Fuerzas Armadas realizan operativos junto con las agencias de regulación y control ministerial, pero los resultados son insuficientes.
Esa actividad es tan lucrativa que hoy día explotas, decomisas dos maquinarias y el siguiente día ponen cinco. Entonces, de hecho el control no debería hacerse ni siquiera en la comunidad o en el territorio donde ya se está explotando. El control es en las vías, en donde pasa el combustible, en donde pasan las máquinas y que no puedan llegar a territorio donde, incluso por la dificultad geográfica, se dificulta el control.
¿Afirma que Terraearth Resources reúne los requisitos para la caducidad de sus concesiones?
Sí, por supuesto. En las concesiones Regina 1S y Vista Anzu tienen incumplimientos y suspensiones. Cuando nosotros presentamos la acción de protección 15571-2021-00685, el MAE para descargar su responsabilidad y decirle al juez que sí está controlando, presentó información en donde más de 20 veces le habían suspendido por omisiones a la normativa ambiental.
Esto traduce en incumplimientos y lo peor de todo es que ni siquiera presentaron sus planes de acción. Actualmente se encuentra suspendido el proyecto minero Tena, que tiene cuatro concesiones, Confluencia, El Icho, Anzu Norte y Talag, por los mismos hallazgos. Descargas directas, no se sujetan al plan de manejo ambiental, tampoco existe un control en la producción y hay actividades ilegales adentro.
Hace rato tenían que haber caducado su licencia, revocado la concesión minera y desgraficado porque no es una zona en donde se puede explotar.
¿Cómo controla el Estado la producción de oro de Terraearth? ¿Simplemente se están confiando de lo que dice que ha producido? No hay un solo informe que contradiga lo que dicen los informes de producción de la empresa porque no hay el seguimiento correspondiente porque tampoco técnicos especialistas en la materia.
¿Qué ocurre con Black Pearl Mining?
Recientemente tuvimos un conflicto y logramos certificaciones de parte del MAE: no tienen licencia para exploración y explotación de oro. Y ya tiene casi todo su yacimiento acabado. Es decir, aprovecharon todo el recurso y ni siquiera lograron licenciarse.
Es decir, el Estado no ha recibido un dólar de regalías, impuestos y otros por parte de la explotación que ya realizó esta empresa. Tiene tres concesiones alrededor de 1.500 hectáreas.
¿Y ustedes dialogan con las empresas?
Nosotros, incluso por seguridad, no hacemos ningún tipo de cuestionamiento a las empresas porque al final ellos son entes jurídicos que tienen contratos con el Estado. Los ministerios, el Estado, ellos tienen la obligación legal e institucional de controlar lo que hacen los concesionarios.
Pero si tienes un técnico para cuatro provincias, para controlar 35.000 hectáreas solo en Napo, es imposible y es evidente que no hay control.
El día de ayer recorrimos los frentes mineros de la parte alta del cantón Tena en horario de trabajo. En ningún momento te cruzas con un convoy de militares, de policías, de la Fiscalía, o peor aún, del MAE, de la Arcom. Que en todos esos frentes mineros no te topes con presencia del Estado, significa que no hay ningún tipo de control.
¿Hay acción de las autoridades provinciales y cantonales frente a este delito?
Sería importante que ellos respondan esa pregunta porque es imposible que no te conmuevas con lo que está sucediendo. Fuera de la provincia, del país, nos jactamos de que Napo es un destino turístico, un destino natural, pero a mí ya me daría vergüenza promocionar esto como un destino turístico natural.
Misahuallí, por ejemplo, que es nuestro principal balneario turístico, el río ya está contaminado y se junta con el Napo que ya presenta niveles alarmantes de presencia de metales pesados.
Tenemos lugares que todavía no han sido tocados por la minería, por ejemplo, pese a que está en una concesión minera, la parroquia Cando todavía está resistiendo al avance de la frontera extractiva, pero el resto no.
Entonces no se entiende cómo lograron vender sus conciencias, no sabemos si es por miedo, porque obviamente se les tiene miedo a quienes están detrás de la minería ilegal, que se habla incluso de delincuencia organizada y grupos armados. Pero no hay una sola denuncia.
No ves al Prefecto que llame a Fiscalía y le diga que están matándonos con las actividades mineras ilegales. Ni al Alcalde solicitar al Gobernador que paralice las actividades mineras que no tienen regulación, que fortalezca el control y los operativos en el territorio para que no haya paso de combustible, de maquinaria.
No hay una reacción real, insisto. No puedo mentir, hay operativos. Pero, por ejemplo, ayer se hizo un operativo en el sector del Capricho, cantón Arosemena Tola. Hay más de 300 máquinas en todo el territorio y luego del operativo te dicen, “hemos incautado una máquina y una zeta”.
Y de aquí al otro mes nos vemos.
