El ministro de Energía y Recursos Naturales, René Ortiz, ha dado curso a la reversión de concesiones que estaban en manos de Enami EP a favor de las empresas Guadalupe Mininig Corporation y Gaby Panama Corporation, según informó el ex viceministro de Minas, Fernando Benalcázar. En esas minas, que según información divulgada por el gobierno anterior pertenecen a los hermanos Isaías, han trabajado por años cientos de mineros en la zona de Ponce Enríquez.
La “Guadalupe”, obtuvo a su favor una acción constitucional de protección y la “Gaby” la “modulación” o extensión de la sentencia. Ambas están domiciliadas en paraísos fiscales y serán las concesionarias del área conocida como Muyuyacu, en la provincia del Azuay que comprende varias concesiones.
Los que saben de minería no escatiman palabras para referirse al enorme potencial aurífero de esta zona.
Benalcázar (así no sepa) tampoco se calla. En entrevista al portal prensaminera.org declaró que «el cumplimiento a las sentencias judiciales es obligación de todo funcionario público, siempre y cuando las mismas hayan sido dictadas de forma regular y apegadas a derecho. En esta línea se ejecutó la sentencia en el caso Gaby-Muyuyacu, la cual fue perdida en tribunales por Enami EP y que nos tocó asumir, a pesar de no haber sido parte procesal.»
Luego de que lograran la ratificación de la sentencia de la jueza Nelly Parrales, el 2 de julio, ella encargó a la Defensoría del Pueblo la ejecución de la sentencia. Los gerentes de “Gaby” y “Guadalupe”, respectivamente, Carlos Efraín Flores Cárdenas y Carlos Enrique Huerta Araujo, satisfechos y en tono conciliador manifestaron en un programa en el portal “MP Noticias Machala”, el 16 de septiembre, que sus empresas nunca tuvieron vínculos con los Isaías y que si les incluyeron en las listas de bienes incautados fue seguramente para convertirlos en blanco de extorsión por las autoridades de la Ugedep.
Agregaron que las suyas siempre han sido “empresas familiares” que han hecho esfuerzos por sostenerse y crecer, y que tenían intenciones de conservar los acuerdos de producción preexistentes en las áreas.
Sin duda son empresas familiares muy solventes. Vía Minera obtuvo información de que la Guadalupe Mining Corporation fue constituida en Panamá como sociedad anónima hace 26 años con domicilio en la ciudad y provincia de Panamá por el agente Mosack Fonseca, según figuraba hasta el 2 de septiembre de 2019 en el Registro Público de ese país. La Gaby Panama Corporation aparecía también en la misma fuente creada en similares condiciones hace 28 años. Ambas empresas tenían como intermediario en Ecuador al poderoso estudio jurídico Paz & Horowitz, según el portal “Offshore Leaks” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Sobre las buenas intenciones manifestadas, en cambio, los mineros artesanales regularizados por Enami EP expresan serias dudas. Medio millar de personas realizaron el 17 de septiembre una marcha de reclamo al fallo judicial preocupados porque la devolución de las mineras podría afectar de manera directa e indirecta a unas 5000 personas, cuyos ingresos dependen de estas labores.
Al cierre de esta edición, varias decenas de mineros desafiaban al Covid 19 para trasladarse a Quito y manifestarse en defensa de sus fuentes de trabajo.
Las asociaciones de mineros “12 de Octubre” y la “Asopromipem” tienen contratos de operación en las áreas implicadas y la empresa de pequeña escala Minervilla, que según su gerente Joffre Chévez Chacón, ha invertido unos 2 millones de dólares en exploración y otros trabajos, actuaba en el área de la concesión Muyuyacu que fue objeto de la ampliación de la sentencia.
El vicepresidente de la Cámara Nacional de Minería, Patricio Vargas ha dicho que defenderán hasta las últimas consecuencias sus labores mineras. Señaló que “no es cierto que la malhadada sentencia se encuentre ejecutoriada. Lo que sí es cierto es el muy extraño afán demostrado por el Ministerio de pretender ejecutar a toda costa esta sentencia, cuando conforme está redactada la resolución le correspondería a la Enami EP y a la Arcernnr”.
Agrega que “tanto con el gerente de la Enami EP cuanto con el director ejecutivo de la Arcernnr hemos coincidido en que la sentencia es inejecutable y que debemos exigir el recurso constitucional interpuesto por la Enami EP”. Denuncia que funcionarios del Ministerio han promovido reuniones tratando de lograr que los mineros acepten la “hoja de ruta” impuesta por el abogado de las empresas Ricardo Noboa Bejarano.
“Es inusitado que la misma esté siendo acogida por el Ministerio, realizando acciones que ni la propia jueza Parrales dispone en su fallo y, por el contrario, afirma, era obligación del ex Viceministro conocer y liderar la estrategia jurídica de defensa en este litigio, más aún siendo parte del Directorio de la Enami EP».
Finalmente, Vargas niega que la Gaby o la Guadalupe se hayan puesto en contacto con las asociaciones. “Flores y Huerta conocen cómo y dónde ubicarnos”.
El proceso de Acción de Protección con N° 09286-2019-01409, se encuentra en la Corte Constitucional por un recurso de Acción Extraordinaria de Protección interpuesto por el Banco Central del Ecuador desde el 5 de agosto.
Aunque estos recursos no suspenden los efectos de la sentencia, otro recurso de acción extraordinaria de protección interpuesto por la Enami EP el 7 de octubre de 2019, ante la Corte Constitucional estaría siendo calificado por la sala de admisión, signado con el Nro. 2911-19-EP, siendo la Jueza ponente, la Dra. Teresa Nuques.
