En línea con el desarrollo del caso que enfrenta al Municipio de Cotacachi, por un lado; con el Ministerio del Ambiente y las empresas Enami EP y Cornerstone, del otro; por la utilización del bosque protector Los Cedros, el día de hoy lunes 19 de octubre, a partir de las diez de la mañana, se realizará una audiencia pública que puede marcar el destino de gran parte de la minería en el país.
La audiencia pública ha sido convocada por la Corte Constitucional que, adicionalmente, ha pedido a las instituciones académicas nacionales o internacionales que hayan realizado investigación científica sobre el bosque ya mencionado, o ecosistemas similares, le envíen los estudios realizados o la información que consideren relevante zanjar con el tema.
Esos estudios se sumarán a los escritos presentados por los “legitimados activos” y los “legitimados pasivos”, es decir las partes directamente involucradas en el caso; así como a los Amicus curiae que ya han presentado más de dos docenas de personas e instituciones vinculadas con la minería.
El caso que está en la Corte Constitucional, como todas las acciones humanas relevantes, pone a prueba la inteligencia de los actores principales y debe merecer además la atención de todos los ecuatorianos. En la vida no hay espectadores, sencillamente; y nadie puede negar la importancia de combatir la deforestación para enfrentar el cambio climático como tampoco puede negarse la importancia de disponer de minerales para implementar la tecnología y las energías verdes que permitan el cambio de la matriz energética a una menos contaminante.
La Corte ha pedido estudios científicos y no han de faltar. Se ha probado que allí viven más de 100 especies de anfibios, casi 100 especies de mamíferos, más de 300 especies de pájaros, 50 de reptiles, más de 250 variedades de orquídeas y como 200 especies de otras plantas.
Dicen los científicos que muchas de esas especies están en peligro de extinción. El mono araña cabeza de café, el mono capuchino de cabeza blanca, el mono aullador, el oso andino, el león de montaña, son algunos de ellos.
Por allí viven también ranas notables, casi todas en peligro de extinción, de las cuales dos ya son famosas: la rana hocicuda y la nodriza confusa, aparte de las casi 100 familias de ranas de cristal, unas ranitas transparentes del tamaño de una uña que también están por desaparecer del planeta.
De murciélagos no se habla mucho y ahí radica su importancia: faltan ser estudiados sistemáticamente. 600 especies de polillas y varios cientos de microbios asociados a plantas y suelos le dan un nivel de importancia mundial al bosque protector Los Cedros.
La zona es biológicamente tan rica que 1200 científicos firmaron una carta pidiendo su cuidado. Otros 19 mil ciudadanos de varios partes del mundo también están atentos a lo que pasa en esta zona de 5800 hectáreas colindantes con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas.
Vistas las cosas desde el lado de los ingresos que podría significar la minería para el país, hay también argumentos de peso.
En el plano legal, está pendiente la resolución de una acción extraordinaria de protección en contra de la Sentencia de Apelación, la misma que mediante auto de 7 de febrero, fue admitida a trámite por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, siendo signada con el Nro. 2346-19-EP. Dicho en castellano, la emisión de una sentencia mientras no se resuelva la acción extraordinaria de protección presentada por la Enami EP, vulneraría los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la seguridad jurídica.
De otro lado, está el artículo 407 de la Constitución que dice “se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal… Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles”. Como Los Cedros no está en un área protegida, un centro urbano o una zona intangible, el desarrollo de actividades mineras en su interior no está prohibido.
Otro argumento es que el Código Orgánico del Ambiente ya desarrolló el contenido de los artículos 405 y 407 de la Constitución al garantizar la intangibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual no incluye a los bosques y vegetaciones protectores por cuanto son espacios naturales con otras funciones y un régimen distinto a dicho sistema.
En síntesis, no existe una prohibición constitucional para realizar actividades de minería metálica en un bosque protector, siempre y cuando se cumplan con las normas vigentes en materia ambiental.
Otro conjunto de argumentos está vinculado al impacto que tendría una sentencia de la Corte Constitucional en el erario público dada la superposición que existe entre los derechos mineros adjudicados y los bosques protectores.
En síntesis, del total de 5964 concesiones que se han dado en el Ecuador, 541 se superponen con bosques y vegetación protectores.
Desagregando, el 67,8 % de las hectáreas adjudicadas a proyectos de la gran minería están sobre bosques y vegetación protectores. En lo que respecta a mediana minería, el porcentaje es parecido (79%) y en el caso del régimen general y el de la pequeña minería, se tiene que el 49,1% y el 63,2% de las hectáreas concesionadas están también en esa condición.
Afinando el análisis, se tiene que el 20% de la mina Fruta del Norte, el 84% del proyecto Loma Larga, el 76% de Río Blanco; el 20% de La Plata y el 33% de Ruta de Cobre, están también superpuestos sobre bosques y vegetación protectores.
Prohibir entonces las actividades mineras en esas zonas tendría consecuencias imprevisibles tanto para la economía nacional como para las economías locales.
