Los acuerdos comerciales entre la Empresa Nacional Minera (Enami EP) y tres compañías internacionales de peso mundial, la canadiense Barrick International, la australiana Hanrine Ecuadorian y la suiza Solaris Resources, están imposibilitados de continuar. Ahora por un pedido, confidencial, de José Neira, presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim), de suspender el otorgamiento de concesiones.
Las tres empresas firmaron los acuerdos comerciales con una intención de realizar una inversión inicial de US$ 27,5 millones por Barrick, US$ 120 millones de Hanrine y US$ 25 millones de Solaris, con lo cual la Enami EP recibió el 1% en efectivo en sus cuentas bancarias propias. Solo que las áreas objeto de los acuerdos comerciales no son de titularidad de la Enami EP, todavía.
El catastro minero está cerrado, pero no para la Enami EP. En julio del 2024 fue reformada la resolución N° 001-DE-ARCOM-2018 expedida el 24 de enero del 2018, mediante la cual se dejó de emitir y graficar nuevas concesiones mineras, lo cual se conoce como el cierre del catastro.
El artículo que se incorporó con la reforma fue el N° 6 que reza: “Disponer que, en virtud de las competencias de las Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos naturales No Renovables (Arcernn), se inicie el proceso mediante el cual, se grafique únicamente las áreas de interés de la Empresa Nacional Minera Enami EP y, posteriormente se registren las concesiones otorgadas a su favor, de conformidad con la normativa vigente, en ejercicio del derecho preferente y de primera opción de Enami EP”.
Y es que para la entrega de una concesión, existen muchos procesos y requisitos que en teoría deben cumplirse, a saber: solicitudes, informes técnicos y certificados, de que las áreas están libres o tienen categoría de “áreas especiales” (Art. 24 de la Ley de Minería), ya sea porque sus derechos se hubieren extinguido por caducidad, extinción, nulidad o hayan sido restituidas al Estado; además y obviamente, un “informe justificativo técnico y económico de la solicitud, la cual debe estar alineada con el Plan de Desarrollo Minero y la planificación interna de la Enami EP”, otorgamientos, inscripciones, etc.
Además, de acuerdo a la normativa específica que aprobó la Enami EP, se debió haber realizado una convocatoria de interés, con un mínimo de inversión, a las empresas que quisieran ofertar para las áreas que alguien libremente haya propuesto o la Enami haya dispuesto que salgan a concurso.
En fin, una cantidad de documentación oficial y tramitología burocrática para que todo esté fundamentado en la Constitución y la ley, sin perjuicio de que no contradiga la interminable normativa sectorial.
No obstante, a instancias de la reforma del cierre del catastro, la Arcom procedió a graficar las áreas solicitadas por Enami EP, con lo cual el camino está pavimentado. Pero como hay muchos criterios que reunir y cumplir en un proceso no excento de polémicas, eso no fue suficiente.
Entonces, de manera adicional a esta reforma, la ministra Inés Manzano, en el Acuerdo N° MEM-MEM-2025-0007-AM, del 27 de febrero último, expidió el “Instructivo que Regula el Ejercicio del Derecho Preferente y de Primera Opción de la Empresa Nacional Minera, Enami Ep”, ajustado para que los acuerdos comerciales puedan proceder con la negociación de los términos de la asociación con Enami que están pendientes.
Entre los temas que podemos mencionar se encuentran en proceso de negociación están: el plan general de inversiones, que incluye las actividades a realizarse con las inversiones correspondientes; el NSR (net smelter return) o retorno neto de fundición, sobre el cual cada empresa privada pagará a Enami EP un porcentaje durante la vida útil de la posible mina.
Se estuvo analizando también introducir cláusulas de arbitraje internacional, que requieren el aval de la Procuraduría General del Estado; y con Hanrine se ha trabajado en las promesas irrevocables de cesión y transferencia las cuales significan que el cumplimiento de ciertos hitos de inversión, a futuro tendría un cierto porcentaje de cotitularidad.
Pese a que existen todas las normativas actualizadas listas para que la estatal pueda ejercer su derecho preferente sobre las áreas elegidas para los convenios con las compañías mencionadas, y obtener los derechos mineros sobre las concesiones implicadas, la ministra de Energía recibió un pedido, eso sí muy cordial, del señor Neira, como presidente del Conim.
El Conim fue creado por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo No. 435. Tiene entre sus atribuciones, “coordinar con las entidades competentes en materia de minería la planificación y ejecución de actividades (…) que sean necesarios para la vigilancia, control, combate y neutralización de la prospección, extracción o explotación ilegal de recursos mineros…”.
En ese sentido, dice Neira en el oficio N° PR-SGIP-2025-0100-O, del 20 de marzo último: “con el fin de que se realice una verificación y control de los derechos mineros otorgados, recomiendo a usted, señora Ministra, SE SUSPENDA momentáneamente el otorgamiento de derechos mineros, así como la graficación y desgraficación de proyectos y áreas hasta no revisar técnicamente los procesos, a través de un proceso de verificación de integridad para la prevención de conflictos de intereses”.
El señor Neira justificó así su “recomendación”, con lo que pone en evidencia que para él se han estado procesando solicitudes de otorgamiento de concesiones pese a que el catastro permanece cerrado. Hasta ahí, lo que podemos informar.
