La situación particular de la industria minera en Ecuador requiere generar consensos sobre cuatro temas que, creemos, son fundamentales y presentamos a continuación:
En primer lugar se debe construir consenso sobre las normas y procedimientos de consulta previa a pueblos indígenas y participación ciudadana, especialmente sobre la primera.
La razón de ello es que estas reglas deben gozar de suficiente legitimidad para que sean reconocidas por todas las partes, y eso solo se logra con el concurso, diálogo e inclusión de los grupos interesados en el diseño de las leyes y reglamentos que establecen la consulta.
Este proceso multiactor debe contar con la presencia de expertos en derechos de pueblos indígenas, asesores de los propios pueblos indígenas ecuatorianos, funcionarios de organismos internacionales como la OIT, académicos de universidades o centros de investigación, etc.
En segundo lugar, el consenso debe producirse sobre la fiscalización y supervisión administrativa de las actividades mineras, es decir, sobre los mecanismos y herramientas legales o de regulación de las instituciones encargadas de evaluar permisos, autorizar actividades y, eventualmente, sancionar las infracciones de los operadores mineros.
El fundamento es que la ciudadanía debe tener un conocimiento apropiado sobre cómo utilizar los procedimientos y ante qué instancias acudir. Ello debe complementarse con los mecanismos de quejas y reclamos habilitados por las empresas mineras, esto es, también debe construirse consenso y conocimiento sobre el empleo de los procedimientos que ofrecen respuestas sobre las prácticas de las empresas a la población interesada.
En tercer lugar, debe generarse consenso entre todos los actores, a saber, Estado, empresas y comunidades sobre el tipo de minería que se pretende desarrollar. Lo que se espera del sector es que ofrezca una minería moderna, transparente en la información, generadora de riqueza y oportunidades, y altamente responsable.
Esto implica que usará la mejor tecnología en sus procesos operativos para mitigar, controlar y eliminar impactos sociales y ambientales (reducción de huella de carbono, por ejemplo).
Además debe consensuarse la generación de beneficios tangibles para la población ubicada en las áreas de influencia. Esto puede materializarse mediante la generación empleos y oportunidades de negocio (creación de empresas comunales, por ejemplo), la adopción de acuerdos o convenios de beneficio mutuo que generen impactos socioeconómicos positivos que ayuden a reducir brechas sociales en salud, educación, infraestructura, capacidades productivas (capital humano), etc.
Finalmente, debe crearse consenso en torno a los mecanismos de compensación, reparación o indemnización a que hubiere lugar en caso de producirse u ocasionarse daños atribuidos a las empresas operadoras con respecto a la población local y el medioambiente.
De lo que se trata es de determinar, a través de la vía del diálogo y la negociación, cómo y de qué manera se remediarán eventuales perjuicios socioeconómicos y ambientales sobre campos de cultivo, tierras, bosques, paisajes, fuentes de agua, infraestructura pública, propiedad privada, etc.
Es de vital importancia discutir las formas en las que se investigarán, analizarán y repararán aquellos impactos producidos en el curso de las actividades mineras ya que ello generará mayor confianza en el sector.
(*) César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural para generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado.
