El pasado 9 de junio el Pleno de la Corte Constitucional resolvió “aceptar la acción pública de inconstitucionalidad No. 32-17-IN”, “declarar que los artículos 86 y 136 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras son inconstitucionales por inobservar el principio de reserva legal” y “notificar a la Asamblea Nacional del Ecuador para los fines pertinentes”.
El caso empezó hace más de cuatro años cuando un grupo de ciudadanos, encabezados por Fred Larreátegui Fabara, María Alejandra Zambrano Torres y Andrea Cristina Bravo Aguilar, entre otros, pidieron que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, expedido por el Ministerio del Ambiente mediante Acuerdo Ministerial No. 37 de 24 de marzo de 2014, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 213 de 27 de marzo de 2014.
Uno de los artículos, el número 86, tiene que ver con las “modificaciones de cursos de agua” y señala que “En el caso de que el proyecto minero requiera el desvío, trasvase, embalse, o cualquier modificación del curso natural de los cuerpos hídricos, la Autoridad Ambiental Competente solicitará el pronunciamiento de la Autoridad Única del Agua, dicho pronunciamiento será acogido dentro de la evaluación ambiental, dentro de sus competencias en gestión ambiental”.
“Sin perjuicio de la aprobación de los Estudios Ambientales, los Titulares Mineros previo a la ejecución de las actividades mencionada en este artículo, deberán obtener la autorización de la Autoridad Única del Agua. Si por efecto de la autorización emitida por la Autoridad Única del Agua, el proyecto necesita realizar una modificación, el titular minero deberá coordinar con la Autoridad Ambiental Competente lo establecido en el Art. 31 de este Reglamento”, continúa.
A la vez, el artículo 136 legisla sobre los “desvíos de cursos de agua” y señala que “en el caso de que la actividad de minería artesanal de aluviales, metálicos, no metálicos y materiales de construcción requiera el cambio de un curso hídrico superficial natural, o el estancamiento de cuerpos de agua, la ficha ambiental será aprobada luego de obtener el permiso correspondiente por parte de la Autoridad Única del Agua”.
Pues bien, pasó el tiempo y por fin la Corte Constitucional concluyó que la posibilidad de que se desvíe el curso natural de un cuerpo hídrico para proyectos mineros o para la actividad minera artesanal, así como los procedimientos y requisitos para autorizarlo, deben constar en una ley orgánica.
Sostiene en su dictamen que “la posibilidad de desviar el curso natural de un cuerpo hídrico debe estar consagrada en una ley orgánica”, que “la regulación relativa a esta posibilidad debe estar encaminada a que, en cada caso individual, se evalúe con información técnica y científica, si el principio de precaución es o no aplicable” y que “la regulación relativa a esta posibilidad debe estar encaminada a que, en cada caso individual, exista un permiso o autorización expedido por la autoridad competente”.
La sentencia de la Corte Constitucional abunda en considerandos y razones que se han reseñado en esta nota. Fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con ocho votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes.
El doctor Ramiro Avila Santamaría emitió su voto concurrente y la doctora Carmen Corral Ponce salvó su voto.
