A la pregunta de si “¿El resultado de la consulta popular (“no a la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga”) es mandatorio para quienes desde hace años han realizado trabajos de exploración y ahora quieren explotar el depósito minero que descubrieron?”, la Corte Constitucional de Ecuador señaló en respuesta a Vía Minera que “en relación a este tema, el dictamen señala expresamente cuáles eran los efectos de la consulta”.
Respondió también que hasta la semana pasada, no se había presentado ninguna solicitud pidiendo que se aclare el alcance real del resultado de la Consulta Popular que se realizó el pasado 7 de febrero, en Cuenca, en torno a la realización de actividades mineras en la zona de zona de recarga hídrica de dicho cantón.
Como se sabe, tanto los representantes del sector minero como los voceros de los grupos que se oponen a la minería en Cuenca han dicho que el dictamen de la Corte Constitucional les da la razón.
Por su parte el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Miranda, afirmó que “había que ser respetuoso de lo que diga la Corte Constitucional” respecto de la aplicación del resultado de la Consulta Popular.
Por ello que este informativo preguntó de manera formal si “¿La Corte Constitucional ha sido consultada sobre el alcance real del resultado de la Consulta Popular que se realizó el pasado 7 de febrero en Cuenca, en torno a la realización de actividades mineras en la zona de zona de recarga hídrica de dicho cantón?”
La respuesta que recibió Vía Minera el pasado 5 de julio fue: “Respecto a la presentación de una consulta efectuada dentro de la Causa 6-20-CP, se informa que no han ingresado escritos en los cuales se solicite a la Corte Constitucional información sobre el resultado de la Consulta Popular realizada en Cuenca el 7 de febrero de 2021”.
Y continua el texto: “Asimismo, se precisa que en la fase de seguimiento de sentencias y dictámenes constitucionales no se registran escritos relacionados. Cabe mencionar que más allá de los pedidos de aclaración y ampliación del dictamen, la Corte Constitucional no tiene competencia para responder sobre el “alcance real” del resultado de una consulta popular. Únicamente efectúa el control previo a la convocatoria de consulta, lo que ya hizo al emitir el dictamen”.
