La sociedad civil en la provincia de Napo, al nororiente del Ecuador, realiza un trabajo que ninguna autoridad de control asume. Se trata de un monitoreo permanente de los frentes criminales que se abren para extraer minerales. Las áreas concesionadas se encuentran invadidas sin tampoco asumir responsabilidades.
Unas 360 excavadoras han ingresado nuevamente y se desplazan libremente por los caminos vecinales y abriendo trochas para llegar a los ríos. Están repartidas en los cantones Carlos Julio Arosemena Tola y Tena. En los ríos Huambuno, Napo, Anzu, Jatunyacu, Puni, Blanco, Yutzupino, el río Puninos, entre Napo y Orellana, entre otros.
Esto, a tres años que se cumplen en febrero del famoso operativo Manatí en el cual las fuerzas del orden retiraron 148 excavadoras sin detener a ningún responsable. Pero en ese operativo en la comunidad de Yutzupino y alrededores, tampoco hubo ningún herido. Osea que la labor de inteligencia cuando se hace bien sí sirve, de algo.
Entre 360 y 370, es el cálculo de José Moreno, un activista local que como muchos emprendedores turísticos ha asumido la veeduría del problema en la presidencia del Consejo de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Napo, de la Defensoría del Pueblo de la provincia.
Accesos peligrosos
Foto: Michler. 25 febrero de 2020. Zona de la comunidad de Talag, cantón Tena. Área concesionada a Terraearth Resources. No desmentida por las autoridades.
Los operadores turísticos de la provincia han sido parte del sector más golpeado por el caos y la destrucción de la naturaleza en las zonas cercanas a la capital provincial Tena y en un radio de unos 20 kilómetros.
La minería criminal que se está realizando en Napo es minería de tipo aluvial, lo que implica que las actividades se encuentran en los lechos de los ríos.
Ríos que antes eran la pasarela por donde se deslizaban los turistas para observar las prístinas aguas de los ríos afluentes del Napo y sus orillas colmadas de exuberancia y vida de todo tipo. Entonces, fueron ellos los primeros en dar las alarmas sobre el desastre ambiental que empezó a hacerse visible antes de 2019. Por ejemplo, es legendario el video: https://www.facebook.com/holger.michler/videos/3133127306720169/ Este video fue enviado al director ejecutivo de Arcom, Gustavo Tapia Buenaño, en 2020, para que nos diera alguna información, pero nos ignoró.
La forma más común para poder acceder a los lugares del desastre, obviamente es a través de bote de rafting, porque esto permite la una mejor cercanía y una mejor visualización de cómo se encuentra el territorio.
En muy pocas zonas se puede acceder con algún tipo de transporte, pero la mayoría de los puntos fuertes se encuentran bastante alejados, sin acceso libre. Para entrar ahí, hay que considerar que eh muchos de los trenes mineros están tomados por grupos armados.
En los márgenes de los ríos, por todos sectores están ocupados con campamentos. Entonces, es muy fácil que a uno lo detecten y lo identifiquen. Por tanto, si uno no es turista se intensifica el peligro de una confrontación o más bien, un claro peligro de ataque violento. “Si no te interceptan en un frente, llaman por radio al de más abajo y probablemente vas a terminar con algún tipo de conflicto”, advierte Moreno.
Concesiones sobre comunidades
Captura de video de Redacción Sonora del 25 de marzo de 2025.
Pero en las orillas de los ríos habitan comunidades, con niños y adolescentes que están en peligro permanente.
Moreno opina que “uno de los errores que cometieron fue el de concesionar todos los principales ríos. Y adicional a eso, nunca consideraron que los ríos están habitados, o sea, hay comunidades. En todas las concesiones están comunidades de pueblos y nacionalidades dentro. Entonces, concesionaron dentro de comunidades quichuas”.
Así resulta que, afirma, “por ejemplo, se hace minería alrededor de las escuelas, alrededor de colegios. Se contaminan los ríos de donde el agua va para la escuela, para los niños, para las guarderías, o sea, eso es una situación compleja”.
“Hay que ir a los lugares donde la gente, por ejemplo, no tiene agua. A pesar que el río pasa por el frente de su en casa no lo puede consumir. Entonces esas realidades no las puedes ver simplemente desde lejos, tienes que ir a la comunidad”, señala.
Esas comunidades amenazadas y en permanente zozobra porque se registran constantemente balaceras entre grupos rivales en sus vecindarios, son las que realizan una verdadera veeduría del problema.
Con la colectividad que nos alerta, monitoreamos el territorio constantemente, cada nuevo frente que se abre vamos mapeando y viendo su evolución. “También se analiza el tema de la legalidad en las ubicaciones, obviamente”, afirma Moreno.
“La última balacera que se registró el 16 de marzo, ocurrió en la concesión Victoria 2 de la empresa Blackpearl Mining”, zona alta del río Jatunyacu, barrio Naranjalito. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=SokSSdCP9NM
La legalidad
En abril del 2022, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, explicó que en Napo existen 202 áreas mineras. De ellas, 159 se encuentran dentro del radio de 20 kilómetros (km) de la zona de impacto. Luego aseguró haber suspendido 76 derechos mineros vigentes en el cantón Tena para proteger al ambiente y a las comunidades aledañas.
Mientras que, decía en un comunicado, “de las 83 áreas mineras restantes, 18 concesiones han sido archivadas mediante resolución por vencimiento de plazo; 30 están en proceso de revisión para archivar por vencimiento de plazo; y los 35 restantes son trámites de peticiones por lo que no aplica una suspensión. Y fuera del radio de 20 km de la zona de impacto, se identificaron 43 concesiones, a las que se les realiza el seguimiento del cumplimiento de los permisos de agua y licencia ambiental”.
Las concesionarias tienen subterfugios legales, señala Moreno: hacen una carta al ministerio diciéndole “tenemos presencia de ilegales” y ya con eso están libres de pecado.
En junio de 2023, la empresa Terraearth Resources, concesionaria en la parroquia Talag del cantón Tena, sancionada por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, se acogió a la ley de incentivos tributarios con cuya aplicación invertiría unos 7 millones en la remediación ambiental de las áreas de sus concesiones impactadas por la minería ilegal, y con ello obtendrá 14 millones de deducción de impuesto a la renta. Puede verificarlo leyendo nuestra nota sobre el anuncio hecho por el ex ministro de Ambiente José Antonio Dávalos: https://www.viaminera.com/actividades-ii.html/#Terraearth%20tendr%C3%A1%20una%20deducci%C3%B3n
Los veedores de la asociación no trabajan para alguna institución en particular no, pero apoyan a las instituciones de estado, desde Fiscalía, Policía, Fuerzas Armadas, Gobernación. Y han manifestado con claridad que la colectividad no está en contra de que el Estado tenga un proyecto minero. “Estamos en contra en la forma antitécnica e ilegal que se está desarrollando en la provincia de Napo”, recalca.
Los pedidos
Foto: Ciudad de Tena, manifestación en contra de la minería, provocada por la ausencia de control.
Que las concesiones mineras regresen al estado hasta que este pueda investigar quiénes son los responsables de que se desarrolle tanta violación de derechos dentro de concesiones que legalmente han sido otorgadas, pero que están siendo explotadas sin un estudio de impacto ambiental, sin licencia, sin permisos de uso de agua y todas las irregularidades. “Esto, a largo plazo es una bomba de tiempo”, increpa.
Que luego de recobrar el control, el gobierno mantenga militarizada la zona hasta que se siente en una mesa con todos los concesionarios mineros y les haga rendir cuentas. A cada uno: “Has hecho explotación si los permisos. ¿Cuántas denuncias has presentado? Tienes 50 frentes mineros y has presentado una denuncia. Significa que tú has sido parte de esto”, propone.
“Luego del operativo en Yutzupino, los mineros se fragmentaron, y es más fácil controlar un territorio pequeño. Cuando hagas en uno o dos sitios, el resto se va a ir”, afirma el ciudadano.
No hemos llegado a pedir que se controle la venta de excavadoras como se hizo una ocasión en Colombia, pero sí que todas tengan sus registros para poder determinar responsabilidades, concluye.
¿Qué pasó luego del megaoperativo Manatí 1?
José Moreno, presidente del Consejo de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Napo,
La zona de Yutzupino estuvo militarizada por 15 días y luego el ministerio del ramo suspendió toda actividad minera por un mes en un radio de 20 km.
“Cuando se levantaron las suspensiones empezaron a llegar camas bajas con máquinas de paquete desfilando por toda la ciudad, hasta ahora deben estar operando unas 360 o 370”, según la asociación.
Cuando la Fiscalía hizo su proceso de investigación grandes consorcios intentaron recuperar sus máquinas: las habían alquilado y nunca se imaginaron lo que estaban haciendo. Pero se retiraron cuando el fiscal les pidió los contratos de arrendamiento.
Solidarios con el gobierno (y no al revés, en serio)
No están en contra de los gobiernos sino en contra de la ilegalidad se está produciendo.
La sociedad civil ha puesto su contingente durante la crisis de la seguridad a nivel nacional. Aportó con hospedaje para las fuerzas armadas en los hoteles, en lodges, y también con combustibles y transportes para toda la fuerza policial y militar en la provincia.
Así que la provincia de Napo es una provincia muy solidaria con la política del gobierno central, pero obviamente también se siente abandonada. Hasta hoy el gobierno no ha dado una solución clara para que la seguridad y el impacto ambiental sean frenados.
