El nuevo Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), producto de la fusión en proceso del Ministerio de Energía y Minas (MEM) con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), anunció que el 23 de agosto se realizó una “asamblea de consulta ambiental” del proyecto minero La Plata, ubicado en el cantón Sigchos, sierra norte del Ecuador, provincia de Cotopaxi.
Las consultas ambientales son una atribución del ministerio de Ambiente de acuerdo a la normativa vigente. Sin embargo, luego de la fusión de ambas carteras de Estado, se desconoce quién encabezará la nueva secretaría de Estado: ambas ex ministras, la de Energía y Minas, Inés Manzano, y la anterior cabeza del Maate, María Luisa Cruz Ríofrío, se mantienen en las noticias oficiales como “ministras”.
Tanto Manzano como Cruz se mantienen en sus cuenta personales de Equis como “ministra” y la nueva cuenta de Equis del MAE, está ligada a la página web del ex ministerio de Ambiente.
El detalle es relevante porque las consultas a la ciudadanía en materia de proyectos mineros son procesos que han trastabillado en varios casos con movilización social o acciones legales de rechazo. Por tanto, son temas delicados y políticamente sensibles. Tanto más, porque la familia del Presidente Noboa no ha negado su participación en los negocios mineros.
Recientemente, pese a que el Maate de la ministra Cruz entregó la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga, la ministra Manzano suspendió ese acto administrativo hasta que la empresa operadora Dundee Precious Metals publique el estudio de impacto ambiental de la fase de explotación en una web, en formatos “entendibles para todo público”. La calificación, validación y aceptación de tales formatos y los plazos quedaron indefinidos.
El comunicado sobre el hecho reciente, dice también que la reunión se llevó a cabo en estricto cumplimiento del Decreto 754 y los estándares establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia del caso N° 51-23-IN/23, que permite la aplicación del decreto 754 mientras se aprueba una ley de consulta en la Asamblea Nacional.
Los reportes de prensa sobre este reciente evento que frente a la noticia han recogido expresiones de rechazo de activistas antimineros y también del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), que perdió a mediados del mes una apelación a la decisión judicial en contra de una acción de protección para detener la consulta ambiental en el proyecto, porque «los habitantes de Palo Quemado y Las Pampas han manifestado de forma contundente su oposición a la minería».
Cuenta observada el 24 de agosto de 2025.
Los procesos de consulta deberían realizarse en las comunidades en la zona de influencia del proyecto, operado por la compañía canadiense Atico Mining (TSX.V: ATY | OTCQX: ATCMF), y el comunicado oficial señala que la “asamblea” se realizó en dos comunidades, Las Minas de La Plata y San Pablo de la Plata, “con la participación voluntaria de los habitantes de los dos recintos”.
Con servidores de la Policía Nacional bloqueando la vía de acceso al área de la actividad oficial y presencia del ejército ecuatoriano se realizó el evento en la ubicación Palo Quemado, de acuerdo a medios informativos, población en la cual el proyecto La Plata tiene su sede, a 1493 metros de altura.
El boletín de prensa oficial, señaló también que “el proceso se desarrolló de manera libre, transparente y respetuosa, permitiendo que todos los asistentes expresaran su decisión mediante voto público, reflejando posiciones respecto del desarrollo del proyecto”. Sin embargo, en esta ocasión, el comunicado careció de la publicidad de los resultados.
Una mina única en su tipo en Ecuador
El proyecto La Plata es un depósito masivo de sulfuros vulcanogénicos rico en oro que se mantuvo en producción en régimen de pequeña minería de 1975 a 1988 aproximadamente.
Toachi Mining completó una PEA en 2024 estimando un recurso inferido de 1,85 millones de toneladas con 4,1 gramos de oro por tonelada, 50 gramos de plata por tonelada, 3,3% de cobre, 4,6% de zinc y 0,6% de plomo por tonelada. Por ellos, aunque en el régimen ecuatoriano se trata de una mina de tamaño mediano, a nivel regional será una pequeña mina polimetálica, con una inversión prevista de 100 millones de dólares.
La consulta ambiental es un requisito para la obtención de la licencia ambiental de explotación de la mina que sería única en su tipo en el Ecuador, porque producirá concentrado de zinc, además de concentrado de cobre. Y también, la primera en aplicar la tecnología de relaves filtrados, con lo cual el material depositado en las relaveras tendrá un 60% menos de agua que otros relaves en general.
