Con la exposición de diez oradores, seleccionados entre aproximadamente medio centenar de personas y organizaciones que presentaron amicus curiae, el lunes 18 de setiembre se llevó la audiencia pública del caso No. 51-23-IN que se ventila en la Corte Constitucional para determinar la constitucionalidad del decreto que regula la consulta ambiental.
Antes que intervengan quienes presentaron los amicus, lo hicieron los enviados por los legitimados activos, Cristina Melo Arteaga, José Valenzuela Rosero, Segundo Leonidas Iza Salazar y los abogados Lennin Sarzosa y Mario Melo en representación de Marlon Richard Vargas Santi; los representantes de los legitimados pasivos, la Mgs. Yolanda Salgado Guerrón, subsecretaria General Jurídica de la Presidencia de la República y el abogado José Antonio Dávalos, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y los representantes de los terceros con interés, Rafaella Uzcátegui Pacheco,
subdirectora de asuntos constitucionales de la Procuraduría General del Estado; la doctora Yajaira Anabel Curipallo Alava, delegada de la Defensoría del Pueblo, en la provincia de Pastaza y Jorge Luis Macas Romero, director de Patrocinio Legal y Eduardo Andrés Chang Dávila, director Jurídico de Minería del Ministerio de Energía y Minas.
En materia de argumentos, la novedad fue expuesta por los representantes del gobierno y algunas empresas según los cuales lo que está en juego no es la consulta ambiental en el sector minero, sino la paralización de 178 proyectos en marcha en diversos sectores de la economía nacional.
Fue el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, José Antonio Dávalos, quien explicó que se trata de 178 proyectos que se desarrollan en el agro, en camales, en genética porcina, en el cultivo de banano, de palma y en la industria camaronera que han quedado paralizados por la decisión de la Corte Constitucional de suspender la vigencia del decreto 754.
También está paralizada la construcción de varios cementerios y de 6 hospitales básicos, a cargo del Estado; y otros dos a cargo del sector privado, así como el dragado del río Caracol en Babahoyo, además de muchas solicitudes para la explotación de canteras de materiales de construcción y muchas licencias para el aprovechamiento de recursos minerales no metálicos.
La ejecución de proyectos para el transporte de combustibles, la construcción de hoteles en Galápagos, una urbanización y 40 estaciones de servicios y plantas para balanceados, curtiembres, fundiciones metálicas, embutidos, plantas de oxígeno y 22 proyectos de alcantarillado, también habrían quedado detenidas temporalmente.
El ministro Dávalos dijo que la consulta previa, libre e informada es necesaria y será propuesta por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Será realizada antes del inicio de las operaciones pero ese no es un tema que sea materia del decreto 754, señaló Dávalos.
Quienes cuestionan la legalidad de dicho dispositivo, reiteraron en síntesis que no se respetaron los estándares constitucionales sobre consulta prelegislativa y que la propuesta del Ejecutivo confunde el derecho a la consulta ambiental con el derecho a la consulta previa, libre e informada.
