Pobladores de la nacionalidad shuar denunciaron que la trocha carrozable que llegaba hasta la comunidad de Warints permanece bloqueada desde hace más de 15 días a la altura de Maikuants y el barrio Tseremp, impidiéndoles el libre tránsito por una vía construida por la prefectura de Morona Santiago a pedido precisamente de ellos, tras un accidente aéreo que enlutó a la familia shuar.
En rueda de prensa realizada el pasado 29 de septiembre, dijeron que son sus propios hermanos los que después de quemar dos vehículos que imaginaron pertenecían a la empresa exploradora Solaris Resources, han tomado la decisión de establecer controles que atentan contra su derecho al libre tránsito y, sobre todo, los afectan de una manera muy grave.
Dijeron que esperaban que la presidenta del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, la profesora Josefina Tunki, asuma por fin sus funciones de dirigente y resuelva de una manera justa el problema surgido entre dos comunidades de la misma nacionalidad.
Señalaron también que existen personas extrañas, extranjeras, ligadas a organizaciones no gubernamentales, que manipulan a los dirigentes de la PSHA y están provocando una tensión que sólo afecta a los pobladores nativos.
Protestaron porque el bloqueo de la vía afecta a padres y madres, niños, jóvenes y ancianos que son sometidos a un control sin sentido de pertenencias, documentos personales y hasta de títulos comerciales si es que consigo llevan algún producto que se piensa es para la empresa exploradora.
En un principio, dijeron, los retenes impedían el paso por la trocha que llega a Warints después de las once de la noche, pero en los últimos días la medida de fuerza empieza a ejecutarse a partir de las diez de la noche.
Con el pretexto de oponerse a la minería bloquean un camino que debía ser ampliado para atender a las comunidades de Numbatken, Tinkimints, Unkuch, Uwints y Banderas.
Pero la maquinaria que iba a utilizarse en esas obras fue incendiada por pobladores shuar que creyeron que eran vehículos que pertenecían a una empresa minera.
Ahora se sabe que no es así, que el camión y el cargador frontal destruido eran propiedad de un empresario que radica en Macas y que alquilaba los equipos para construir un sendero proyectado para llegar inicialmente hasta la comunidad de Yawi y aplanar la vía principal, que sirve también como pista de aterrizaje a avionetas monomotor; y las calles secundarias de la comunidad de Warints.
Los dueños de la maquinaria siniestrada no han dicho todavía si van a presentar alguna denuncia formal ni si van a acusar a alguien de haber destruido sus vehículos. Los pobladores de Warints tampoco quieren enfrascarse en trámites policiales o judiciales que los enfrente más con las comunidades shuar que son vecinas.
Apuestan por la paz. No muestran ningún signo de rencor y menos, de deseo de cobrarse una revancha por el atropello que están resistiendo de manera pacífica. En la rueda de prensa y ante el asombro de los periodistas, pidieron casi rogando que los respeten y no les prohíban circular por una vía que ellos mismos gestionaron para que se construya.
“Pido de favor que nos dejen transitar libremente para poder trabajar y progresar”, expresó el síndico de Yawi, Nazareno Antun.
El y otros pobladores manifestaron su sorpresa por la inacción de las autoridades que están al frente de la gobernación y la jefatura política. “Nuestros hermanos no nos dejan pasar, nos revisan todo lo que llevamos, nos piden facturas si es que ven mercadería. Tampoco nos dejan traer los productos que necesitamos y que ellos piensan son para la minería”, dijeron.
“¿Quién les paga a los que están todo el día controlando el paso? Nos controlan, nos insultan, asustan a nuestros hijos, nos amenazan con el desalojo. A veces por trabajo venimos de noche y encontramos la vía con cadena y candado… No tienen ningún tipo de respeto. Quieren que les digamos de dónde venimos, a donde vamos, qué hemos hecho… Hemos tratado de hablarles pero se niegan. Se olvidan que nos pueden entrar iras y ahí sí…”, afirmaron en la rueda de prensa los comerciantes que asistieron a ella y, como ellos dicen, tienen que caminar de día y de noche.
“Queremos vivir en paz. Los comerciantes que viven en nuestra comunidad quieren que se les permita traer los productos y pasar a la hora que quieran, que no se les amenace, que no se les requise, que no se paralicen las obras comunitarias y se respete su derecho a transitar por una vía que es pública”, señaló a su turno el síndico de Warints, Agustín Cayo.
Llamado a liderar conflicto entre hermanos a través del diálogo
Vicente Tsamkim, coordinador de la Alianza Estratégica, un órgano constituido por pobladores shuar y la empresa Solaris para monitorear en el sitio las actividades exploratorias, defendió el derecho de los pueblos indígenas a decidir de manera soberana sobre los aspectos cruciales de la vida en comunidad.
Explicó que la autonomía no puede significar provocar conflictos y enfrentamientos inclusive, al interior de las familias; y que los dirigentes para ser tales deben respetar las decisiones que tomen las organizaciones de base.
Las personas shuar que no ocupan cargos en la dirección poco esperan de los líderes que de manera radical se oponen a la actividad minera. Creen que por esa razón, es decir, por defender sus ideas que rechazan la presencia de la minería, algunos dirigentes no hacen nada para encontrar una salida al conflicto que hay entre las comunidades shuar.
Insisten, sin embargo, en remarcar su respeto a la estructura organizacional de la PSHA y en particular a su presidenta, a quien invitan constantemente a dialogar en busca de una solución que termine con los enfrentamientos internos.
Le invocan también que tome conciencia del papel que viene desempeñando al frente del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam y revise, en una reflexión que atañe sólo a ella, si está respondiendo al sentir de todas sus bases o está tomando una posición que perjudica a quienes la han elegido.
Señalan también que esperan que Josefina Tunki tome decisiones que fortalezcan a la organización shuar y la hagan salir del estado de marasmo en que se encuentra, que enfrente la división por apetitos personales y la apatía que en los últimos meses ha generado el fracaso de tres reuniones del consejo directivo.
Proponen la realización de una gran asamblea de todo el pueblo shuar para que se reinstale el proceso de diálogo entre las comunidades shuar que toman posturas diferentes frente a la minería.
Asamblea de comunidades shuar la parroquia San Antonio
Un paso en ese sentido fue la asamblea en la parroquia San Antonio realizada el 25 de septiembre con la participación de los síndicos de 13 de las 23 comunidades de la zona. Allí, después de una amplia exposición de las razones populares, se tomó como primera resolución respetar el acuerdo de las comunidades Warints y Yawi con la empresa minera.
Gonzalo Tiwi, vicepresidente de la Asociación de Nunkui y vocal de la junta parroquial San Antonio, explicó que era obligación de los líderes respetar las decisiones propias que en defensa de su autonomía y el derecho al autogobierno que asiste a las poblaciones indígenas toman las comunidades de base.
Enfatizó que las autoridades de la organización shuar no pueden desconocer los derechos de las comunidades a las que representan.
Dos acuerdos más fueron tomados en dicha asamblea. Uno tiene que ver con la solicitud a los funcionarios del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables para que socialicen las normas vinculadas a la actividad minera, de forma tal que las comunidades estén debidamente informadas cuando tengan que decidir si se faculta o no a las empresas para que realicen actividades exploratorias en sus territorios.
El otro acuerdo tuvo relación con el cierre de vías, su legalidad y el rol que deben desempeñar los representantes del Estado nacional y en este caso ellos propusieron que se convoque a una mesa de diálogo con la participación de la señora Josefina Tunki y todas las demás autoridades ya que el bloqueo viene perjudicando principalmente a los pobladores de base.
“Están en su derecho a oponerse a la minería pero no se puede vulnerar los derechos de las comunidades”, sentenció.
Zaruma: Patrimonio Mundial en peligro por desorden minero
Entrevista a Edgar Granda Aguilar
Octubre 3 de 2021.- Ingeniero geólogo con 36 años de experiencia en los sectores minero y petrolero, consultor privado, nativo de la ciudad minera y miembro de la veeduría ciudadana sobre la situación de vulnerabilidad de Zaruma, Edgar Granda denuncia incumplimientos y llama a las autoridades a atender las recomendaciones del informe final de los veedores.
El 8 de julio del 2020 se presentó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el informe final y resolución de la veeduría ciudadana “Un Zaruma para todos”, dedicada a la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones emitidas en el Decreto 169 y la aplicación de la pregunta No. 5 de la Consulta Popular del 4 de febrero del 2018 referente a la prohibición para el desarrollo de la actividad de minería en todas sus fases en áreas protegidas, fuentes de agua y sitios poblados.
Granda se graduó en la Universidad Central del Ecuador en 1983 y entre 1984 y 1985 realizó una maestría en Francia en valorización de recursos minerales. Ha trabajado en exploración para empresas mineras major como Cogema, Río Tinto, TVX y ha sido consultor del Banco Mundial y de la pequeña minería en los distritos mineros de Zaruma, Portovelo, Ponce Enríquez, Bella Rica, Nambija, entre otros.
También tiene una vida profesional en el área petrolera en donde trabajó en la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados y en Petroamazonas por 20 años realizando exploración sísmica, perforación de pozos, operación de campos, etc.
Actualmente es consultor privado en un proyecto de AMGI Canadá, para montar
una planta piloto para evitar el uso de mercurio en la pequeña minería y minería artesanal.
Con Vía Minera conversó sobre la situación de su ciudad. Aquí sus declaraciones.
¿Por qué su preocupación sobre el futuro de Zaruma?
Participé en la veeduría como representante técnico de las casas patrimoniales de la ciudad y quiero que se difunda la realidad de lo que pasa en Zaruma y que las autoridades omiten.
Las labores ilícitas, irregulares y antitécnicas de explotación subterránea de recursos mineros han destruido los cimientos de Zaruma. Los mineros legales y los ilegales, los concesionarios y los sableros, se dirigen subterráneamente desde sus respectivas bocaminas, ubicadas en los alrededores de la ciudad, al área de exclusión minera ampliada. Al momento abarcan unas 214 hectáreas aproximadamente.
La responsabilidad estuvo, inicialmente, en concesionarios mineros legales disfrazados de ilegales, que han sido denunciados, y en el momento actual se han convertido en cómplices directos para que los sableros usen sus concesiones y continúen con la destrucción.
En el 2013 la ingeniera Flor Alvarado, funcionaria de la Arcom Machala, denunció ante el alcalde de entonces, el economista Danilo Mora, la introducción de ciertos concesionarios en la zona de exclusión minera. No hicieron nada y continuó el desastre hasta lo que vimos en el 2016.
En octubre de 2016 destruyeron la centenaria escuela La Inmaculada por un hundimiento en el centro colonial de la ciudad.
No descansaremos en la defensa de Zaruma. Acudiremos a instancias internacionales a denunciar esta destrucción de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1998, con sus 245 casas patrimoniales, por la codicia de unos pocos sinvergüenzas que, además, han dividido a todo un pueblo.
¿Qué ha ocurrido con la zona de exclusión minera?
Desde 1993 existe y se creó con 74 hectáreas para protección de la ciudad. Ha sido objeto de manejos politiqueros y obviamente antitécnicos, con ampliaciones y reducciones, por lo que en la actualidad de 240 has ha quedado reducida a 177,7 has.
Aunque la autoridad minera es la que determina el área de exclusión desde su creación han participado empresas mineras y autoridades. Por ejemplo, el alcalde en 1993 dejó fuera de la zona de exclusión el 50% de la parte urbana de la ciudad así como el lugar de sus instalaciones mineras.
Con los resultados de la consulta popular de 2018, en donde ganó el 70% la opción de “no minería en centros poblados”, es así de fácil, la zona de exclusión abarca toda la ciudad y todos desconocen esto o se hacen los locos.
Cuáles y qué tan efectivas han sido las acciones de las autoridades para proteger a la ciudad?
A raíz de la destrucción de La Inmaculada, en 2017 la Secretaría de Gestión de Riesgos ratificó la alta vulnerabilidad de la ciudad y su subsuelo por efectos de fenómenos antrópicos, cosa que ya había hecho en marzo del 2015 y diciembre de 2016.
Posteriormente, el 28 de septiembre del 2017 el gobierno emitió el Decreto Ejecutivo 169 y formó el comité de Remediación y Fomento Productivo de los Cantones Zaruma-Portovelo con un cronograma valorado en 23 millones de dólares hasta el 2023, el mismo que con una ejecución mínima se ha incumplido hasta el presente.
Han pasado 12 años de la vigente Ley de Minería (2009) y 120 días del gobierno “del encuentro” que en minería solo ha dictado soluciones parche y el Estado se evidencia incapaz de hacer los reglamentos especiales para Zaruma, para precautelar la vida, la salud y el medio ambiente de su población como lo establece esa Ley.
En su séptima transitoria dice: “En el plazo de 180 días el Ejecutivo dictará los reglamentos especiales para precautelar la vida, la salud y el ambiente en las zonas de La Josefina, Portovelo y Nambija”. Esto se hizo para Nambija y La Josefina, pero nunca para Zaruma-Portovelo.
¿Qué piden los veedores en su informe?
Ese informe está muy claro y fue realizado con gran profesionalismo por cinco ingenieros de diferentes ramas y señala, entre las principales recomendaciones:
El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables a través del ente de control minero, Arcom, ahora ARC, debe realizar el monitoreo de las zonas de mayor amenaza (principalmente en las áreas de viviendas), el levantamiento de las labores mineras de las zonas de mayor amenaza, el
Ubicación del hundimiento de la escuela La Inmaculada.
mapeo en 3D; la investigación con expertos geólogos, estructuralistas, ingenieros civiles, expertos en minería y expertos en túneles para analizar en terreno las propuestas de soluciones.
Como responsabilidad compartida entre el Ministerio y el Municipio, en lo que corresponde a cada uno, realizar el ordenamiento territorial y ordenamiento territorial minero con visión de desarrollo.
El levantamiento de las labores mineras subterráneas de las zonas de mayor amenaza, es un paso fundamental ya que de este paso depende el resto de la propuesta.
La Secretaría de Riesgos no ha considerado como prioridad la elaboración del mapa de riesgos de las zonas de Zaruma-Portovelo, siendo éste un insumo fundamental en una zona de alto riesgo, ya que servirá para el plan de gestión integral de riesgos y el plan de ordenamiento territorial. Este último plan extrañamente fue aprobado por Senplades sin contar con esta valiosa información.Es necesario que el gobierno ratifique el Decreto 169, ya que se necesita -de urgencia- realizar el mapa de riesgos integral de la ciudad, para determinar los sectores afectados de la ciudad, para la remediación inmediata. Además, es necesario para la ejecución del Plan de Agua Potable para Zaruma.
¿Cuál es la situación actual de protección de Zaruma?
La ciudad se mantiene en alto riesgo de vulnerabilidad. Siguen en riesgo casas patrimoniales por las detonaciones en el subsuelo. Por ejemplo: en el barrio 9 de Octubre se observan fracturas de tipo horizontal en varias casas. La destrucción del subsuelo produjo un socavón en la calle Gonzalo Pizarro que se ahonda continuamente.
Los técnicos del Instituto de Investigación Geológico y Energético, IIGE, estuvieron en Zaruma haciendo un trabajo puntual, es decir, un parche.
¿El proyecto de reformas al instructivo de otorgamiento de concesiones para la pequeña minería del viceministerio afecta a Zaruma?
Están “socializando” ese documento para aplicarlo en los próximos días. Como zarumeño estoy seriamente preocupado porque para una nueva base legal tendrían que hacer un estudio a cada una de las concesiones que están en Zaruma-Portovelo. Un estudio técnico bien hecho, sin corrupción.
Porque si les ratifican será por otro periodo de 20 ó 30 años más de explotación ya que estas concesiones están por extinguirse.
Si les ratifican sus concesiones destruyen Zaruma en los próximos 30 años y eso no lo vamos a permitir.
Está bien lo que están haciendo apuntalando la inversión con el Decreto 151, pero tampoco den un cheque en blanco para destruir ciudades. El distrito Zaruma-Portovelo con 41 años de minería en pequeña escala tiene que ser bien reordenado técnica y ambientalmente.
INFORME DE VEEDURía parte 1
informe de veeduría parte 2
informe de veeduría parte 3
Galerías mineras bajo el Coliseo de Deportes de la ciudad de Zaruma.
El progresivo deslizamiento de la calle Gonzalo Pizarro desde 1998, en 2019 se volvió más agresivo. Toda la población vive en riesgo, no solo la que habita en el casco patrimonial.
Espaciador
