Catastro minero nacional: luz al final de túnel, pero en 2026

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Foto referencial (Pexels)

Luego de siete años en suspenso, se ha puesto en marcha un proceso sistemático de ordenamiento, sinceramiento y actualización del sistema de gestión minera, dirigido desde el viceministerio de Minería, con el apoyo político y también la experiencia profesional de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, quien es abogada especializada en derecho ambiental.

La prioridad de la viceministra de Minería, Rebeca Illescas, una abogada con una firme vocación por la gestión pública con amplia experiencia en la gestión de los recursos naturales, fue poner orden en el caos existente en el Ministerio, área del viceministerio de Minería, obviamente.

Con esa aspiración y haciendo espacio para muchas otras metas ambicionadas que no mencionaremos en esta nota, la Viceministra ordenó en octubre a las coordinaciones zonales que se haga una pausa en las actividades. De esa manera, que no se mueva nada hasta que el levantamiento de toda la información esté realizado. El actual sistema de gestión minera que data de 2016, además de tener pocas seguridades informáticamente hablando, es espectacular, pero necesita actualizarse y, para bien o para mal, no permite una simple migración de la información que contiene a un nuevo soporte.

Y como la información siempre es poder. Como para cualquier gestión pública, la información es el insumo indispensable que debe estar a tiempo para que la nueva plataforma pueda ofrecer los datos depurados y los servicios en línea y el país cuente con la herramienta actualizada y con nuevas características, digamos un catastro 3.0.

La compra del nuevo Sistema de Software de Gestión Minero fue adjudicada a la empresa canadiense Pacific Geotech Systems Ltda, por un monto de US$ 2 654 792 más el 12% de IVA financiado con el préstamo/convenio BID No. 4989/OC-EC, denominado Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables e Infraestructura Asociada, el cual estuvo disponible para el país desde fines del año 2020. Del préstamo se ha contratado también la compra de los nuevos servidores y equipos asociados.

«Heredamos un crédito con el BID que no se ha ejecutado en los últimos cuatro años. A partir de esta administración se lo está ejecutando y eso nos permite hacer fortalecimiento institucional, porque dentro de los principales componentes que tiene este crédito y programa, es que tengamos sistemas de control y modelos de gestión para que podamos hacer la gestión efectiva de los minerales del país», reveló Rebeca Illescas.

El accidentado contrato con esta empresa, de octubre de 2023, ha sido uno de los motivos de la demora en la solución de un problema de programación especializada en cuya licitación solo participó esta empresa. Como tuvo problemas en la presentación de garantías bancarias, varias postergaciones, autoridades pasajeras (al menos 25 viceministros en los últimos siete años), en definitiva la “desestructuración de las instituciones” mencionada por la Viceministra al inicio de la conversación con Vía Minera, que tuvo lugar en su despacho el viernes 4.

En fin, la Pacific Geotech llevó al Ministerio a una mediación, por medio de la cual puso contra la espada y la pared al Estado ecuatoriano que, para evitar una nueva licitación que llevaría innumerables trámites internos y externos y meses para justificar a la contraparte BID, aceptó que en lugar de las garantías bancarias, no se le entregue el anticipo de orden.

Para no alargar la historia, el contrato está por fin en marcha y mientras los señores programadores arman el software y lo instalan con la estructura, la interoperatividad y las nuevas características requeridas para el sistema, los analistas, abogados, archivistas y demás técnicos del viceministerio y sus subsecretarías preparan la información en siete fases, por régimen legal, por régimen minero (artesanal, pequeña minería, mediana y gran minería, metálicos y no metálicos), etc.

Es decir que periódicamente, y la nueva administración que venga con el resultado de las elecciones nacionales no podrá cambiar esta programación porque ahí están los plazos, el viceministerio tendrá en limpio, toda o aproximadamente toda, la información sobre cuántos, quienes y donde están los mineros artesanales de este país, por ejemplo.

Solo que ese levantamiento tomará varios meses todavía, porque el plazo de ejecución del contrato con la Pacific Geotech vence a fines del 2026. Así que, el Viceministerio tiene una, en la práctica, unidad ejecutora realizándolo. ¿En qué consiste su labor? Pues básicamente en lograr que la burocracia, sobre todo de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, sus coordinaciones zonales remuevan archivos manuales como digitales, carpetas y expedientes, sobre trámites de concesiones, requisitos, procesos legales, permisos, informes, etc., lo que implica también mover a las oficinas de la secretaría de calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, a la Empresa Nacional Minera, Enami EP, y a toda institución que pueda aportar un documento supuestamente faltante o un certificado equivalente.

Hasta el momento, menos de seis meses de gestión, incluso, han tenido que mover a los propios concesionarios a que ubiquen y remitan de sus archivos la papelería que legitima los procesos incompletos y desordenados. ¿Podrá poner el orden al caos? ¿Se dejarán remover los intereses que se han beneficiado de este?

Son apenas 5432 concesiones en análisis. Para hacernos una idea de la dificultad técnica, según la asociación de Municipalidades del Ecuador, 54 municipios del país tienen digitalizados sus catastros, georeferenciados, con trámites asociados, con modernas seguridades para los funcionarios que tienen acceso con capacidad de modificación y con acceso del público a información de millones de predios.

Entretanto se preparan los términos de referencia para una cuarta contratación para el nuevo sistema de gestión minera, digamos que para limpiar de desorden, desidia, imprecisión, negligencia, y algo de corrupción, que consistirá en digitalizar todas las carpetas y expedientes, la papelería del país minero, con un costo aproximado de un millón y medio de dólares.

Entre las nuevas características del sistema, de acuerdo a Rebeca Illescas, se incluyen modernos sistemas de seguridad y la posibilidad de realizar los trámites en línea, además de la interoperatividad con las demás instituciones del Estado que forman parte de los procesos administrativos que demanda la actividad minera en el país. Así está siendo programado el software especializado que, según ha dicho al menos cada viceministro en cada postergación de la reapertura del catastro, tenía que ser configurado por una empresa “de clase mundial”.


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