Mediante el sorpresivo acuerdo ministerial Nro. MEM-MEM-2025-0006-AM, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ordenó que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), deje sin efecto todas las inscripciones de títulos mineros que contradigan la sentencia de casación del 3 de abril de 1996 sobre las áreas denominadas proyecto Cumbaratza.
El proyecto Cumbaratza tiene 30 000 hectáreas destinadas para la explotación de oro, ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe, al sur oriente de Ecuador, vecinas al rico territorio minero de Nambija, que viene siendo explotado sistemática aunque caóticamente, desde hace más de 30 años. Y es un sector de minería ancestral conocido por sus altas concentraciones del metal amarillo, por todo geólogo y minero ecuatoriano.
En la disposición de la autoridad, se realiza también una denuncia en los considerandos al incluir que el Ministerio de Energía y Minas, MEM, ha manifestado públicamente, a través de escrito de 14 de julio de 2023 que “en dicho proceso judicial, que este y otros mandatos de ejecución fueron obtenidos con artificios, y fueron emitidos violando la ley; por lo tanto, son nulos y no surten ningún efecto jurídico”.
Miles de mineros han sido los afectados con este caso, 15 000 según afirmaba en el año 2019 Salvador Quishpe Lozano, ex prefecto provincial, ex asambleísta y líder indígena de la región Amazónica, de la etnia saraguro. Quishpe es enemigo jurado del líder histórico del partido político Revolución Ciudadana, que auspicia a la candidata Luisa González. La aspirante a la Presidencia de la República, desde la semana pasada cuenta con apoyo condicionado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) con la cual Quishpe se mantiene enfrentado.
Otro de los perjudicados con la falta de aplicación de la sentencia del más alto tribunal de la nación, ha sido la Empresa Nacional Minera, Enami EP, propietaria de títulos mineros dentro del área. Su proyecto Campanillas, conformado por las concesiones mineras Campanillas y Campanillas 1, ha tenido que postergar la inscripción de contratos de operación minera en esas concesiones debido a la negativa de la Arcernnr, ahora Arcom de inscribirlos en el Registro Minero.
La Enami EP incluso ha obtenido la licencia ambiental para Campanilla en 2022, y mantenido contratos de operación con empresas de pequeña minería locales como Pimicape S.A. y con operadores como Stalin Barrinuevo y Raúl Ausberto Zúñiga, ex presidente de la Cámara de la Pequeña Minería provincial. Tampoco ha podido renovar los contratos de operación que estuvieron vigentes hasta diciembre de 2022.
Del otro lado, la empresa Cumbaratza ha efectuado acuerdos de regularización de la actividad minera con la Cooperativa de Producción Minera 11 de Julio, de Loja, con 540 miembros, que dice contar con títulos mineros en el sector Nambija, parroquia San Carlos de las Minas del cantón Zamora, superpuestos dentro del polígono de las 30000 hectáreas
La incumplida sentencia de casación corresponde a la entonces Corte Suprema de Justicia, Instancia No. 9/96 de 10 de enero de 1996, publicada en el Registro Oficial No. 918, de 03 de abril de 1996. Al respecto, la ministra afirma que esta constituye sentencia de última instancia con fuerza de cosa juzgada y, por ende, se dejen sin efecto todas las inscripciones que contradigan dicha sentencia y limitaciones que consten en el Registro Minero.
Posterior a la expedición de la sentencia de casación se han planteado una serie de acciones, impugnaciones, nulidades, recursos y demandas auspiciadas por la Empresa Minera Cumbaratza S.A., con el propósito de desconocer la mencionada sentencia, mismas que han sido rechazadas tanto por la Procuraduría General del Estado como por el MEM.
Estas acciones, impugnaciones, nulidades, recursos y demandas han generado un escenario de incertidumbre en las operaciones mineras de la zona, afirma el documento.
Específicamente, en esta resolución, del 26 de febrero del año en curso, Manzano ordena al Especialista de Registro Minero en Territorio de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe de la Arcom cumplir con la sentencia.
En el mismo orden, dispone la desgraficación de las áreas de la empresa Cumbaratza, que se encuentren dentro del polígono de 30 000 hectáreas. Esa fue la superficie que le entregó en concesión el entonces Ministro de Recursos Naturales y Energéticos, el 18 de septiembre 1974, con el contrato de prospección minera en el área con el mismo nombre e inscrito en el Registro de Minería de la entonces Dirección General de Geología y Minas, el 17 de octubre del mismo año.
Entre los considerandos, además, la ministra Manzano incluyó que entre los autos de ejecución y resoluciones emitidos “en contradicción de la ley, el orden público y en violación de la garantía de la seguridad jurídica”, se canceló títulos mineros otorgados a favor de diversos titulares mineros, y esto generaría una masiva vulneración a la seguridad jurídica de dichos titulares mineros.
A continuación afirma que, al ser inejecutables los autos dictados con posterioridad a la sentencia de casación, los titulares mineros que actualmente operan en la zona de Nambija, San Carlos de las Minas, Cumbaratza y Zumbi, mantendrán vigentes sus derechos de conformidad con los plazos de cada título minero.
En la resolución, dispuso a todas las instancias de la gestión minera estatal, desde el Viceministerio de Minas, a las Coordinaciones Zonales, a la Coordinación General Jurídica de su Cartera de Estado hasta la Arcom, que cumplan y hagan cumplir la Constitución de la República del Ecuador, el Mandato Constituyente No. 6 y la normativa sectorial minera, en especial, la Ley de Minería; y, de igual forma, la anotada sentencia de casación.
Adicionalmente, declaró como irrenunciables los derechos del Estado ecuatoriano sobre el área Cumbaratza en virtud del efecto vinculante de dicha sentencia de casación y de las posiciones institucionales adoptadas por la Procuraduría y el MEM, “en defensa de los intereses del estado y de la legitimidad de dicha sentencia”.
Al respeto de las alegaciones de la empresa que iban en contra de la sentencia de casación, la Ministra señala que los supuestos derechos reclamados “no solo fueron negados por la Corte Suprema de Justicia, sino que además, no pueden ser reconocidos por esta Cartera de Estado, puesto que:
a) el Mandato Constituyente Minero resolvió declarar la extinción sin compensación económica alguna de todas las concesiones mineras incursas en los casos de los artículos 1,2, 3, 4, 5 de dicho mandato; y, ordenó que aquellas concesiones metálicas que no se encontraban incursas en dichas causales debían ajustar sus condiciones al nuevo marco regulatorio de la Ley de Minería, expedida en 2009; y
b) el nuevo régimen jurídico minero actualmente vigente en el Ecuador, exige que para el otorgamiento de concesiones mineras se requiere superar como condición ineludible una subasta o remate público, para lo cual se deberá (i) cumplir múltiples requisitos legales para ser calificado como un solicitante idóneo; (ii) presentar la mejor oferta que, una vez calificada permitirá la emisión de la adjudicación de la concesión.
Además, consignó que la impugnación de la sentencia por medio de un recurso contencioso administrativo propuesto por el abogado Jorge Drouet Mármol, con el carácter de subjetivo, había caducado por el transcurrir de nueve años…
Y 11 páginas más de jerga jurídica, que en todo caso no altera nuestro entendimiento de la resolución que constituye una posición institucional muy clara para dar por terminado un capítulo de un conflicto extendido por 40 años en la pequeña minería ecuatoriana.
