Dado que en opinión de algunos organismos de diversos sectores de la comunidad internacional los flujos financieros ilícitos constituyen una de las principales causas del subdesarrollo e inestabilidad económica de la región, la campaña contra el anonimato en la titularidad de las empresas mineras está ganando terreno en América Latina y el Caribe.
La denominada Red de Justicia Fiscal publicó un documento en el que señala que diez países de la región cuentan con leyes que exigen la creación de registros de beneficiarios reales, “lo que contrasta positivamente con lo que sucedía hace cinco años, cuando sólo cuatro países tenían este tipo de normativa”.
Hablando del tema: Una nueva herramienta de Open Ownership, OpenSanctions y Linkurious combina conjuntos de datos abiertos de alta calidad para ayudar a descubrir relaciones ocultas entre los beneficiarios reales, políticos, los personas sancionadas y las redes de empresas.
Voceros de la Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas, EITI, sostienen que en América Latina, el impacto de esos movimientos de dinero no está limitado a la pérdida de recursos fiscales fundamentales para financiar las políticas públicas (seguridad social, educación, salud, juventudes, y cuidados) sino que, al extraer divisas de las economías, exacerban la fragilidad financiera de los países de la región.
Los flujos financieros ilícitos son uno de los principales disparadores de las crisis externas que resultan en profundas y graves consecuencias sobre la calidad de vida de las grandes mayorías.
La fuga de capitales hacia los principales centros financieros del mundo es un rasgo estructural y permanente de las economías de América Latina y el Caribe desde mediados de la década de 1970.
Las más recientes estimaciones realizadas por la Cepal evidencian que el costo de las maniobras de evasión y elusión fiscal en Latinoamérica ascendió al 6,1% del PIB en 2018, una cifra equivalente a 325 000 millones de dólares.
A su vez, el organismo dependiente de la ONU estima que los flujos financieros ilícitos que salen de la región como consecuencia de la manipulación de precios del comercio internacional de bienes alcanzaron los 85 000 millones de dólares en 2016, monto equivalente al 1,6% del PIB regional.
La última edición de Estado de la Justicia Fiscal estima que América Latina pierde, todos los años, 35 mil millones de dólares al abuso fiscal.
La inclusión de una meta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la reducción de los flujos financieros ilícitos (FFI) (meta 16,4), es un reconocimiento importante por parte de los países a nivel mundial sobre las implicaciones de desarrollo de los flujos financieros ilícitos.
Hay mucho por hacer por los países a nivel nacional y regional, pero siendo un problema global que involucra el movimiento transfronterizo de dinero ilícito, es indispensable la cooperación internacional.
¿Qué significa la transparencia de beneficiarios finales?
La transparencia de beneficiarios finales tiene como objetivo central garantizar que las autoridades y demás partes interesadas consigan acceder a la información sobre quiénes son los sujetos de carne y hueso que, en definitiva, poseen, controlan o se benefician de determinada persona o estructura jurídica.
En nuestras sociedades, gran parte de las actividades económicas se llevan a cabo a través de empresas, fundaciones, fideicomisos y otros vehículos legales.
Desde poseer la titularidad de un inmueble, hasta obtener acceso a licitaciones públicas, las entidades y estructuras legales son un componente central de la organización social contemporánea.
Aunque la mayoría de las veces las entidades son utilizados con fines legítimos, también es cierto que la opacidad permite que éstos sean mal-utilizados para canalizar flujos financieros ilícitos.
Episodios como los Panamá o Pandora Papers demostraron una y otra vez que, si un sujeto quiere ocultar su situación financiera de las autoridades, una de las principales formas para hacerlo es través del uso de una o varias entidades legales (como una empresa fantasma, o un fideicomiso).
Esconderse detrás de una (o más) entidades legales, son formas comunes de generar opacidad y así lograr lavar dinero malhabido, esconder potenciales conflictos de interés, o para escapar de sus obligaciones tributarias.
Ante el desafío de evitar este mal uso de las entidades legales con fines diferentes para los cuales deberían ser creadas es que surge la necesidad de identificar a los beneficiarios finales, o sea a los verdaderos dueños.
Cuando nos referimos a la transparencia de beneficiarios finales estamos hablando de entender la cadena de titularidad y control que vincula a una persona humana con un determinado activo o flujo financiero.
Para una mejor comprensión del alcance de lo que esto significa es importante diferenciar entre dos conceptos, la titularidad legal y los beneficiarios finales. Los beneficiarios finales son las personas humanas que efectivamente y en última instancia poseen, controlan o se benefician de entidades legales como empresas, sociedades, fideicomisos o fundaciones.
Mientras que los titulares legales, se refiere a los poseedores o propietarios directos o inmediatos de una entidad legal (el primer nivel).
Un propietario legal puede ser una persona humana (incluyendo un testaferro) u otra entidad legal.
Si una persona posee y controla directamente una entidad legal, sería el propietario legal y el beneficiario final al mismo tiempo.
La cadena de titularidad engloba todas las entidades legales que pueden existir entre la entidad y el sujeto de carne y hueso final. En las últimas décadas, la importancia de registrar información sobre beneficiarios finales con autoridades gubernamentales ganó mayor importancia para organismos internacionales, vinculados a temas como el lavado de dinero, la transparencia fiscal, y transparencia en el sector extractivo.
Este interés internacional generó un avance significativo hacia la mayor transparencia, principalmente el establecimiento de registros centrales de beneficiarios finales. Cabe recordar que hasta hace algunos años se aceptaba como suficiente que la información estuviera disponible apenas en instituciones financieras, o incluso con la propia empresa.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), por ejemplo, por muchos años se apoyó en medidas de debida diligencia de instituciones financieras y prestadores de servicio no financieros (como abogados, contadores etc.) para buscar garantizar el acceso a información de beneficiarios finales.
En marzo de 2022, luego de detectar muchas dificultades en la implementación de la transparencia de los beneficiarios finales, el GAFI reformó su Recomendación 24 sobre transparencia de beneficiarios finales de personas jurídicas, requiriendo la implementación del llamado enfoque múltiple.
El enfoque múltiple incluye que “[l]os países también deben exigir que la información de BF [beneficiarios finales] esté en manos de una autoridad u organismo público que funcione como registro de BF o pueden utilizar un mecanismo alternativo si dicho mecanismo también proporciona un acceso eficiente a información de BF adecuada, precisa y actualizada por parte de las AC [autoridades competentes]”.
La reforma de este estándar refuerza acompaña el movimiento hacia el establecimiento de registros centrales de beneficiarios finales. Sin embargo, incluso en el contexto de tales avances, los estándares siguen teniendo lagunas muy importantes. Estas lagunas van desde una interpretación muy limitada de los sujetos identificados como beneficiarios finales, hasta una comprensión sumamente restrictiva de los usos potenciales de información de beneficiarios finales, lo que limita el número de sujetos que tienen acceso a esa información.
¿Por qué (y para qué) es importante contar con registros de beneficiarios finales en América Latina?
La creación de registros de beneficiarios finales es fundamental para sumar esfuerzos regionales en pos de disminuir los flujos financieros ilícitos. Sin embargo, la importancia de dichos registros, tanto a nivel regional como internacional, no se limita solamente a este objetivo.
En primer lugar, la creación de registros centralizados de beneficiarios finales es importante para disuadir el abuso de entidades y estructuras jurídicas, y combatir el lavado de activos. Además de desarrollar fines preventivos, desalentando la creación de empresas de fachada o fantasmas, los registros permiten generar una gran cantidad de datos y tipologías sobre estructuras societarias complejas.
Estos datos son insumos valiosos, que pueden fortalecer el análisis de riesgos por parte de las autoridades. Los registros también contribuyen a la persecución de la delincuencia económica, al permitir identificar a aquellos que se benefician del resultado de un delito, y eventualmente pueden ayudar la recuperación de activos para la atención de víctimas o a aplicar de sanciones.
Además, la transparencia de las personas y estructuras legales es fundamental para garantizar la justicia y la transparencia fiscal, tanto a nivel doméstico como internacional. A nivel internacional, el intercambio automático de información y el intercambio a requerimiento contemplan la inclusión de la identificación de beneficiarios finales como información de vital importancia para combatir la evasión y la elusión trasnacional, y prevenir el abuso de los tratados para evitar la doble imposición (treaty shopping).
A nivel doméstico, la eficacia y la justicia de un sistema tributario depende, entre otras cuestiones, de que el Estado pueda saber quién es dueño o dueña de qué y en dónde. Si no se conoce a los beneficiarios finales de las personas y otras estructuras jurídicas, se genera una situación funcional a la elusión, evasión fiscal y la fuga de capitales. La transparencia de informaciones sobre beneficiarios finales también cumple un papel fundamental para garantizar la integridad de los mercados.
En un escenario donde no exista información sobre los sujetos que en última instancia se benefician de una transacción, un/a inversor/o comerciante puede no saber con quién realmente está haciendo negocios.
La ausencia de transparencia también puede ocultar conflictos de interés y generar distorsiones en licitaciones públicas mientras que la transparencia permite la detección de eventuales oligopolios o monopolios mercantiles. Por eso, es fundamental que la información de beneficiarios finales esté disponible para las autoridades, y para todas las personas interesadas del público.
Además, el acceso ampliado a información de beneficiarios finales importa no solamente por razones de integridad de mercado. La sociedad, en su conjunto, tiene derecho a conocer y a solicitar información sobre las estructuras que participan y determinan, en algunas ocasiones, la ingeniería económica y financiera de un país.
Un registro público es la única forma de que los periodistas y la sociedad civil puedan acceder a esta información de manera ágil y sin trabas burocráticas, creadas al efecto de obstaculizar el derecho de acceso a la información. Por otra parte, la publicidad del registro permite y promueve la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas que se sirvan de los datos contenidos en dicho registro.
(Publicado originalmente en el boletín mensual del EITI)
