Las autoridades del Gobierno Parroquial 6 de Julio de Cuellaje han dado a conocer su descontento con la respuesta que han recibido del gobierno por su oposición al proyecto Llurimagua.
El GAD parroquial de Cuellaje envió el pasado 18 de abril un oficio a la Presidencia de la República en el que, entre otras cosas, expresaban su preocupación por “un proyecto que nunca fue consultado con las comunidades… fue impuesto a la fuerza y, por lo tanto, consideramos el proyecto ilegal e ilegítimo”.
El oficio, firmado por presidente del GAD parroquial, Angel Flores, decía también: “En Intag llevamos más de 25 años en esta lucha a favor del agua y la vida y sabemos en términos científicos y geológicas (sic) por qué el proyecto Llurimagua es un desastre ambiental y humano de enormes proporciones para las provincias de Imbabura, Pichincha y Esmeraldas”.
Dicho oficio fue derivado al ministerio de Energía y Recursos No Renovables que, en oficio del 27 de mayo, respondió a las autoridades parroquiales deseándoles “el mejor de los éxitos en las nobles funciones que desempeñan” y reseñando el art. 261 de la Constitución según el cual “el Gobierno Central tiene la competencia exclusiva sobre la planificación nacional y los recursos naturales”.
El oficio en mención, firmado por el coordinador general jurídico, Pedro Francisco Fernández de Córdova Arteaga, reseña además otros cuerpos legales y doctrinarios y termina señalando (al presidente del Gad parroquial) que “la promulgación de un acto normativo… que pretenda prohibir la actividad minera en cualquier régimen, podría dar lugar a la interposición de acciones legales ante los Tribunales de Justicia, tanto en el ámbito constitucional como contencioso administrativo…”.
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