Atico Mining Corporation (TSX.V: ATY; OTCQX: ATCMF) anunció que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) concluyó con éxito el proceso de participación comunitaria para la consulta ambiental, último paso del proceso previo al otorgamiento de la licencia ambiental para la explotación.
Con esto, el gobierno quiere dar por concluida una batalla legal entre el Gobierno y los comuneros.
El 25 de marzo de 2024, un juez de Sigchos ordenó la suspensión de la consulta ambiental y la desmilitarización del territorio tras una acción de protección presentada por la Alcaldía de esa población.
El 5 de agosto de 2024, el juez Darwin Paredes emitió una nueva sentencia desfavorable para los intereses de los comuneros. Finalmente, este 15 de agosto de 2025, un tribunal de la Corte Provincial de Cotopaxi rechazó la apelación, cerrando la posibilidad de continuar el caso en segunda instancia.
Luego de esta decisión legal, el Maate convocó un nuevo proceso de consulta ambiental realizado el 23 de agosto.
“Para Atico, la finalización exitosa de este proceso marca un hito importante en el camino del proyecto La Plata hacia la construcción”, declaró Fernando E. Ganoza, director ejecutivo. “Además, refuerza nuestro compromiso de colaborar estrechamente con la comunidad local en el área de influencia y sus alrededores, garantizando que nuestras actividades se realicen con responsabilidad social y ambiental, en pleno cumplimiento de las leyes ecuatorianas y las mejores prácticas internacionales”.
De acuerdo al comunicado oficial, el proceso comenzó con la visita de facilitadores ambientales al área de influencia social del proyecto para recopilar la información necesaria para establecer mecanismos de convocatoria, información y consulta, de acuerdo con la normativa ambiental.
A continuación, se llevó a cabo la fase informativa para compartir la descripción del proyecto, sus posibles impactos ambientales y el Plan de Gestión Ambiental (PGA), que incluye medidas de prevención, mitigación y control. El proceso concluyó con éxito con la consulta ambiental a los residentes del área de influencia social directa del proyecto minero.
Siguiendo con el comunicado, el 23 de agosto un número significativo de residentes de Las Minas de La Plata y San Pablo de La Plata asistió a la asamblea de consulta del Maate. Los facilitadores ambientales presentaron actualizaciones y mejoras al estudio de impacto ambiental aprobado y al Plan PGA para el proyecto minero La Plata. Más del 90% de los participantes expresaron su apoyo al proyecto, coincidiendo en que se debe otorgar la licencia ambiental a la minera para que pueda continuar con las actividades de explotación y beneficio.
Atico es una empresa centrada en la exploración, el desarrollo y la explotación de proyectos de cobre y oro en Latinoamérica. La empresa genera un flujo de caja significativo mediante la operación de la mina El Roble en Colombia y está desarrollando su proyecto de alta ley de un yacimiento sulfuro masico vulcanogénico, La Plata, en Ecuador.
El conflicto ambiental relacionado con el proyecto minero La Plata, ubicado en las parroquias de Palo Quemado y Las Pampas, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, y Alluriquín, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se centra en la oposición de las comunidades locales a la explotación minera.
Hay una fuerte resistencia comunitaria y el proceso legal que mantuvo paralizada la consulta ambiental. Las preocupaciones centrales giran en torno a la protección de los recursos hídricos, la producción agrícola y ganadera, y los derechos de las comunidades a una consulta adecuada.
En marzo de 2024, las parroquias de Palo Quemado y Las Pampas tuvieron un fuerte enfrentamiento con policías y militares durante un proceso de socialización para la consulta ambiental. El operativo derivó en una represión que dejó heridos, algunos de gravedad.
El Ministerio justificó la socialización con base en una sentencia de la Corte Constitucional, que permitía continuar con el proceso, siguiendo los estándares del decreto 754, mientras se elabora una ley orgánica para regular las consultas ambientales.
La acción de protección presentada por el alcalde de Sigchos, Óscar Monge, logró que se apliquen medidas cautelares que prohibían la continuación de la socialización y el ingreso de fuerzas públicas o actividades mineras en la zona hasta que se resuelva la acción.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, MICC, y la asociación de la sociedad civil Frente Nacional Antiminero, mantienen el apoyo a las comunidades opuestas al proyecto.
No obstante, algunos habitantes de Palo Quemado han mostrado interés en conocer los beneficios económicos del proyecto, mientras que la población de Las Pampas es aparentemente antiminera.
Atico Mining ha completado el estudio de viabilidad y está listo para solicitar la licencia ambiental y con ello pasar a fase de explotación, con planes para iniciar la construcción en este mismo año, si se aprueba la licencia.
Crónica de una resistencia anunciada
El conflicto se ha avivado por la política del gobierno de Daniel Noboa, quien ha promovido inversiones mineras, incluyendo un contrato de protección de inversiones con Atico Mining firmado en marzo de 2024 en Canadá.
Las acusaciones de criminalización de la protesta (70 campesinos denunciados por terrorismo) y la represión policial persisten como puntos de controversia.
El alcalde de Sigchos estuvo tramitando una consulta popular para declarar el cantón libre de minería.
