A corto y mediano plazo no se vislumbra una amenaza significativa de sustitución del cobre por otros productos, sostiene un estudio reciente de la Comisión Chilena del Cobre. Al contrario, en el contexto de una progresiva electrificación urbana e interurbana así como de modernización de los medios de transporte, entre otros sectores, el cobre seguirá siendo preferido como el conductor por excelencia a nivel mundial, agrega el documento.
Actualmente hay materiales como el aluminio, el acero inoxidable, la fibra óptica y los plásticos que, en algunas aplicaciones, reemplazan al cobre e inclusive son más baratos. El aluminio, por ejemplo, es tres o cuatro veces más económico; pero su demanda no aumenta.
Por eso se eleva el precio del cobre que, en los últimos días, ha logrado mantenerse sobre la barrera psicológica de los US$4 la libra, aunque existe inquietud en la industria minera mundial respecto a si cotización podrá continuar en esos niveles en el corto y mediano plazo.
Es así como este jueves, cerró la jornada con un alza de 0,70% en la Bolsa de Metales de Londres (LME).
La libra de cobre se cotizó en US$ 4,123 (US$ 9.090,00 la tonelada), lo que se compara con los US$ 4,095 la libra del miércoles, y los US$ 4,067 la libra del martes.
Basándose en estos números, el subsecretario de Minería chileno, Edgar Blanco, informó que Cochilco elevó la proyección promedio del precio del cobre para este año a US$ 3,30 la libra respecto a la anterior estimación que fue de US$ 2,90 la libra.
«Como nunca, la minería ha jugado un rol fundamental para la reactivación de la economía del país, ya que fue el único sector que registró cifras positivas, gracias a que las faenas mineras lograron mantener sus operaciones debido al compromiso de los trabajadores y la implementación de estrictos protocolos sanitarios por parte de las empresas», afirmó Blanco.
Respecto a las perspectivas de oferta mundial de cobre refinado para los años 2021 y 2022, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, señaló que la tasa de crecimiento promedio anual sería superior a la demanda del metal.
El director de Estudios y Políticas, Jorge Cantallopts, señaló que se prevé que la demanda mundial de cobre refinado llegue a 23,9 millones de toneladas este año, lo que significa un alza de 3% respecto de 2020; y que los principales países consumidores, excluyendo China, incrementarán su consumo de cobre, pero sin alcanzar el nivel registrado en 2019. En tanto, para 2022 se proyecta una demanda de 24,6 millones de toneladas, esto es un aumento de 2,8% respecto de 2021.
Para las autoridades chilenas, la producción de cobre se situaría en 6,1 millones de toneladas el año 2022.
Aún así, el panorama a mediano plazo puede presentar complicaciones. “La industria del cobre necesita gastar más de $ 100 mil millones para cerrar lo que podría ser un déficit de suministro anual de 4,7 millones de toneladas métricas para 2030 a medida que despeguen los sectores de energía limpia y transporte”, según estimaciones de CRU Group recogidas por Mining punto com.
La revista señala que para no tener problemas de desabastecimiento, se necesita que entren en producción ocho minas del tamaño de Escondida de BHP Group en Chile, la mina de cobre más grande del mundo.
Pero no hay tal oferta. Se espera que entre en producción la mina Grasberg, en Indonesia, desarrollada por Freeport-McMoRan Inc; también se espera el inicio de la producción en Kamoa-Kakula en la República Democrática del Congo y en el proyecto Quellaveco, de Anglo American Plc en Perú.
Volviendo a Chile, pese al repunte del precio, no todas las noticias son buenas. El cambio en el modelo de explotación en Chuquicamata significó un recorte en los puestos de trabajo de 1.001 trabajadores. En “Chuqui” la planilla pasó de 4.899 al cierre de 2019 a 3.898 a fines del año pasado, lo que representa una reducción del 20% solo en doce meses.
De otro lado, el alza en el precio impulsa a que los legisladores de izquierda a pedir que se impongan impuestos más altos a la industria para ayudar a financiar programas sociales y estímulos en medio de la crisis del coronavirus.
Los empresarios dicen que eso es imposible. Que no pueden pagar más y que 11 de las 21 minas analizadas en un estudio reciente están sufriendo costos operativos prohibitivamente altos.
«Hemos llegado a un límite, en el que todavía podemos sobrevivir», dijo Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile.
Tenemos que hablar
La transparencia en el sector minero,
un asunto de deber y necesidad
Por César Reyna Ugarriza (*)
7 de marzo de 2021.- En la presente columna planteamos que la transparencia de las empresas mineras como la del sector gubernamental encargado de regularla es un asunto de deber y necesidad a la vez. Lo es porque las actividades de las empresas tienen que ganar cierto respaldo o legitimidad en los entornos sociales en donde operan. Es decir, una necesidad ligada a la naturaleza y las particularidades del negocio. Pero al mismo tiempo es un deber porque los procedimientos legales lo establecen de muchas maneras.
En las áreas en las que las compañías deben ser transparentes es principalmente en la divulgación oportuna de información ambiental relacionada con los impactos que genera la actividad minera. De modo que cuanto más transparentes sean en ese aspecto, tanto las autoridades como la ciudadanía podrán tener un mejor conocimiento de las potenciales afectaciones de los proyectos antes de que entren en operaciones. Esto ayuda mucho a construir una imagen de responsabilidad en la industria porque permite prevenir de una manera más eficaz los impactos.
De otro lado, es necesario que las empresas sean igual de transparentes en la información referida a sus ingresos, pagos de impuestos, regalías y otras contribuciones al fisco. Es de suma importancia que las operadoras demuestren efectivamente los costos de explotación o producción y las rentas obtenidas. Ello contribuye a clarificar los importantes recursos económicos generados por la actividad. En ese orden de ideas, a medida que más empresas se adhieran a mecanismos como el EITI, Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva, programa dirigido a aumentar la transparencia acerca de los pagos realizados por empresas privadas del sector extractivo en los países en los que operan, se fortalecerá la gestión responsable de los recursos mineros.
Asimismo, es necesario promover la transparencia en materia de generación de empleo directo e indirecto en las distintas fases de la actividad minera, así como en la contratación de proveedores locales para propiciar mayor confianza en el sector como generador de bienestar colectivo en materia laboral y económica. Esto mejoraría la percepción de las empresas ya que a través del empleo solicitado y el desarrollo de cadenas de valor (proveedores) se redistribuye localmente gran parte de la renta generada por la minería.
No debemos olvidar que la divulgación de información debe ser comprensible (en el idioma local) y por canales o medios adecuados, de otro modo no cumpliría su principal cometido. Ello implica el uso de redes sociales, además de los medios tradicionales, para llegar a un vasto público deseoso de conocer sobre los planes inmediatos y futuros de los proyectos. A muchos les interesa, por ejemplo, conocer sobre las condiciones o estándares de contratación de las mineras para convertirse en proveedores de bienes y servicios. A otros, en cambio, recibir o acceder a información relevante de carácter ambiental para realizar un seguimiento o monitoreo efectivo de las operaciones, sobre todo en el caso de la población ubicada en las áreas de influencia.
La transparencia, como necesidad y deber, debe empujar a las empresas hacia una política de puertas abiertas para con la sociedad que las recibe o acoge. Ello generalmente supone asumir una serie de compromisos que a la larga se transformen en prácticas habituales que ayuden a disipar temores, desinformaciones, controversias, inexactitudes, incertidumbre o cualquier tipo de duda en torno a los distintos ámbitos en los que comúnmente se desarrollan las operaciones mineras.
(*) César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural para generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado.
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