Otro aspecto que habría alimentado la vertiente del NO en la consulta popular convocada por el Gobierno y que le resultó adversa en las dos preguntas de referéndum y dos de consulta popular, sería la represión, el trato cruel, discriminatorio y estigmatizante a los participantes, violentos o no, del paro indígena de septiembre y octubre que concluyó a los 31 días.
Frente al paro indígena, el Gobierno argumentó que el subsidio al diésel beneficiaba a contrabandistas y mineros ilegales, y su eliminación provocó el paro como respuesta. Estas acusaciones tendrán que demostrarse en los juicios, por terrorismo en algunos casos, a unas 65 personas entre líderes indígenas, activistas y abogados de derechos humanos.
Sorpresivamente, el 9 de noviembre en plena campaña por la Consulta Popular, el general Milton Rodríguez Rojas, jefe de la Casa Presidencial, fue destituido por el Presidente Noboa, y el coronel del Ejército, Mauricio Granda, fue detenido para ser investigado en el caso “Oro verde” de nexos con la minería ilegal. Y hay más generales convocados a audiencia.
Pedimos a Grok indicios, evidencias, pruebas y declaraciones sustentadas que demuestren que el paro indígena fue financiado por la minería ilegal y/o el narcotráfico. La desafortunada aseveración se sigue repitiendo desde el sector minero, inclusive por abogados especialistas serios como la firma Puente y Asociados, en un reciente webinar de actualidad minera.
Resultados de la provincia de Imbabura.
Esto nos apuntó Grok: La afirmación de que el paro fue financiado por la minería ilegal y/o el narcotráfico proviene principalmente de alegaciones del Gobierno ecuatoriano y analistas afines, sin que se hayan presentado pruebas documentales públicas como transferencias bancarias o auditorías. El paro indígena en Ecuador de 2025, fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, desde septiembre, principalmente contra la eliminación de subsidios al diésel y proyectos extractivos.
Sí pues, la Conaie mantiene una línea de oposición a la minería de gran escala, sobre todo a cielo abierto, y fue uno de los temas sin acuerdo de las mesas de diálogo establecidas en el gobierno de Guillermo Lasso luego del paro de 2022, que debían seguirse tratando.
Volviendo al presente, las acusaciones se centran en la provincia de Imbabura, donde las protestas fueron más intensas y donde desde 2018, hay intermitentemente alta actividad de minería ilegal que ya ha sido detenida con operativos de control de la Policía. El Gobierno vincula esto a grupos delictivos organizados (GDO) que buscan distraer a las fuerzas de seguridad para proteger rutas de extracción y tráfico de oro, posiblemente lavando dinero.
Las declaraciones las han hecho, Zaira Rovira, desde hoy ex ministra de Gobierno, quien afirmó que operativos contra la minería ilegal en Buenos Aires revelan que estos grupos financian los movimientos de protesta.
También Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, quien indicó que financian “a muchos de estos grupos, sobre todo los violentos». Lo atribuyó a inteligencia militar que “detecta presencia de grupos como Oliver Sinisterra (de origen colombiano relacionado con disidencias de las FARC) en Imbabura, financiando manifestaciones para cubrir rutas de tráfico”. Además, inteligencia habría señalado que ciertas explosiones en puentes tras operativos antiminería (en octubre) se interpretan como una retaliación de mafias afectadas por el subsidio al diésel, usado en sus operaciones.
Wagner Bravo, general en servicio pasivo, explicó que las mafias podrían usar el financiamiento de protestas para lavar dinero: «Lo que ellos quieren es lavar el dinero en el Ecuador y ese lavado hoy se lo podría estar empleando en esta protesta porque de otra forma están monetizando los recursos y los hacen legales».
Cantón Tena, en provincia del Napo, otras zonas profundamente implicados en minería ilegal.
Franklin Soria, periodista y abogado dueño del medio Prensa Minera, entrevistado en «Vera a su Manera», afirmó que líderes locales en Imbabura, beneficiados por la minería ilegal, en alianza con mafias y autoridades locales financian el paro creando redes de lealtades. Señaló a Chical, en la provincia de Carchi, como un ruta fronteriza para transportar oro. En su opinión, “la Conaie se presta a esto para avanzar en el caos”.
Carlos Vera, activista político que funge de periodista oficialista, declaró que la minería ilegal, “aliada con grandes corporaciones y autoridades locales, financia y promueve el paro sectorial con tácticas terroristas”.
Reportes de la ong Insightcrime describen que en el contexto económico criminal la minería ilegal se asocia con narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y explosivos. Indican que es menos riesgosa que el tráfico de drogas, y que grupos criminales ecuatorianos han migrado a ella.
Un “ataque” con una bazuca casera que lanzaba fuegos de artificio cuando había un helicóptero sobrevolando, según se vio en el video que se viralizó, y un cuartel incendiado con la destrucción de los vehículos de la policía durante el paro, se atribuyeron a infiltrados financiados por mafias para generar caos y distraer recursos estatales.
Los medios de información repitieron la versión oficial hasta el hartazgo, pero, los reportes no muestran detalles acerca de la vinculación con los organizadores del paro indígena.
Grok anota lo mismo respecto a Ecuavisa, Expreso.ec y medios digitales abiertamente oficialistas como ElDato, mencionan que el Gobierno afirma el financiamiento por minería ilegal o narcotráfico, aunque sin detalles específicos.
Activistas en redes sociales como el economista de Análisis Semanal, Alberto Acosta B. y el ex ministro Mario Cuvi, señalaron que el paro no tuvo fuerza nacional porque las autoridades vigilan el financiamiento del narcotráfico, que se concentra en provincias con minería ilegal.
En efecto, el paro no tuvo fuerza en provincias amazónicas como Napo, Sucumbíos y Orellana en donde la minería ilegal campea y causó la muerte de 11 policías hace pocos meses, emboscando de sorpresa a un grupo que hacía operativos de vigilancia y el Gobierno lo atribuyó al grupo Comandos de la Frontera, otro supuestamente disidente de las Farc.
Estos elementos son alegaciones y circunstanciales, no pruebas judiciales concluyentes, el Gobierno las usa para justificar operativos y estados de excepción, mientras que informes la Alianza por los Derechos Humanos, critican la represión y niegan vínculos ilícitos, enfocándose en demandas legítimas, concluyó Grok. Fuentes: Insigthcrime, Confirmado.net, Ecuavisa, Youtube, Equis.
