El antropólogo jurídico Roberto Narváez, participó en un foro sobre la actualidad de conflictividad en el territorio y apeló a un diálogo franco que sirva para un codiseño de los proyectos desde sus etapas tempranas, incluyendo la opción de ajustes si no se cumplen ciertas condiciones.
Calificó a la suya de una tesis audaz pero la sostuvo desde su experiencia. Y ocurrió en el Día 2 del Foro Minería 360°, que se llevó a cabo el 11 de diciembre, dedicado al eje Seguridad y Responsabilidad Social, dos pilares esenciales para el desarrollo sostenible y ético de la industria minera.
El organizador de la jornada, fue la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador y contó con el auspicio de SolGold, Kluane Drilling, GeoCamb, Grüntec Environmental Services y Datamine, empresas que respaldan el impulso hacia una minería moderna, segura y socialmente responsable. Aquí una reseña de su exposición sobre la legitimidad en el licenciamiento ambiental.
“Desde la visión comunitaria y de la sociedad misma, tanto como desde la estructura normativa, el proceso de licenciamiento es visto como un permiso que se otorga una vez o como un requisito. Y esto no debe ser así.
“Más bien, el licenciamiento social tiene que ser establecido como un proceso continuo ideológico de legitimidad. Es decir, el diálogo le da la legitimidad con el entorno social. Ya sea en las comunidades de las zonas de influencia directa o también en las de influencia indirecta.
“Y esto solo puede ser construido con las comunidades locales. Aquí es importante que podamos cambiar la visión, pero sobre todo la forma de accionar que se ha tenido hasta el momento. Porque esta transformación requiere pasar de un trámite a un proceso de codiseño. Es decir, un proceso de construcción participativa y esto exige cambios radicales en la estructura de poder y en la temporalidad del diálogo.
“Y ahí son cuatro elementos los que tenemos que considerar. Mi experiencia de trabajo con comunidades en procesos judiciales me ha permitido acercarme a las realidades locales que han activado los conflictos. En muchos de los casos he podido identificar varios elementos y construir al menos una propuesta que primero reconozca que el diseño no es solamente técnico, sino también social y cultural.
“Un proyecto minero no solamente excava o extrae minerales, sino también altera un tejido social y cultural. Estas actividades necesariamente van a generar esa alteración.
“El codiseño que mencionaba significa abrir la caja negra del proyecto desde su concepción más temprana, es decir, un espacio donde se reporte todo lo que se conversa, justamente, todo lo que se dialoga y queden establecidas las visiones de cada una de las partes. Ese como primer elemento.
“El segundo es un planteamiento tal vez atrevido. Desde mi perspectiva y experiencia es necesario institucionalizar el principio del derecho a decir no y sobre todo a la capacidad de reajustar. Para que el diálogo sea franco tiene que poder cambiar el resultado. Esto implica establecer desde el inicio de manera vinculante umbrales de viabilidad social, acordados con la comunidad o con las comunidades.
“Si en la etapa de exploración, por ejemplo, se identifica un glaciar un río, un árbol, una fuente de agua sagrada que puedan ser afectados, deben existir mecanismos prepactados de revisión, de modificación o incluso de suspensión del proyecto o de cambios de la trayectoria, por decir algo. Sin estas opciones reales, las negociaciones se convierten en coacciones, formas de dominar y de ejercer el poder.
“Y aquí es donde tenemos una gran limitante porque ese es el factor que no se considera, si no que se relega al cumplimiento de un estudio de impacto ambiental con su plan de relaciones comunitarias y una gestión social programada o programática. Miren la diferencia.
“La tercera, crear instancias de gobernanza compartidas desde el día cero. Antes de cualquier trabajo de campo se deben construir mesas de diálogo permanentes, con representación paritaria, con representación de la empresa, de las comunidades, de otros actores y sobre todo con una capacidad vinculante de las comunidades, siguiendo protocolos que vayan siendo establecidos de manera acordada, y con garantías de la empresa y el Estado.
“Esta instancia tiene que tener varias capacidades, como ejemplos, revisar y aprobar términos de referencia de estudios, supervisar contrataciones de consultores independientes para estudios críticos, negociar y aprobar proyectos de acuerdos previos que establezcan condiciones sociales, ambientales, culturales, es decir, elementos que sean sensibles para la comunidad.
“Y por último, del mismo modo buscando establecer estándares internacionales de derechos humanos que son los que generalmente llevan a suspensiones, acciones de protección o a procesos internacionales de litigación, es importante adoptar metodologías de consentimiento no solo de consulta.
“La consulta previa que si bien se aplica a comunidades de pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianas y mestizas, es un mecanismo para validar decisiones ya tomadas, a pesar de los estándares que tenemos en derechos humanos. Aquí mi planteamiento puede ser considerado atrevido: debemos evolucionar hacia procesos de consentimiento que impliquen la posibilidad de vetos comunitarios.
“Esto haría incluso más exigente el cumplimiento de requisitos y sobre todo de procesos. La participación, entonces, ya no es solamente cómo se implementa, sino si se implementa y bajo qué condiciones fundamentales.
