Dos acuerdos que tendrán un impacto significativo en el desarrollo de la actividad minera en los próximos meses fueron suscritos en la Mesa No.5, denominada de Energía y Recursos Naturales: en virtud del primero el gobierno se compromete a no otorgar nuevos títulos a las nuevas peticiones de derechos mineros, hasta contar con la normativa necesaria para la aplicación de la Consulta Previa, Libre e Informada y, en virtud del segundo, a no otorgar licencias ambientales para el inicio de nuevas actividades mineras hasta contar con la normativa en materia de Consulta Ambiental.
Fue lo sustantivo del acto en el que los integrantes de la Mesa No.5 presentaron sus acuerdos y desacuerdos al tiempo que anunciaron la conformación de seis comisiones técnicas que se instalarán en los próximos días con el propósito de seguir debatiendo en torno a los puntos que viene planteando el movimiento indígena.
En un principio, los representantes de Conaie, Fenocín y la Feine, pidieron:
La moratoria de las actividades mineras; la derogatoria del Decreto 151; que se declare la nulidad de las concesiones mineras otorgadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, incluyendo los subsistemas establecidos en la Constitución y Areas de Protección Hídrica, sin perjuicio de su incorporación al SNAP y la nulidad de las concesiones mineras otorgadas en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas.
También la nulidad de concesiones mineras en Bosques Protectores del Ecuador, la creación de zonas de exclusión minera; la reparación integral de pasivos ambientales de las actividades mineras metálicas; acciones inmediatas contra minería metálica ilegal y transparencia en el acceso a información.
Como en los hechos atender estas demandas significaba una reforma radical del contenido del Decreto Ejecutivo No. 151, que contiene el Plan de Acción para el sector minero del Ecuador, los delegados se pusieron de acuerdo en torno a seis temas que a la postre irían a destrabar el diálogo.
En efecto, en razón del pedido de las organizaciones sociales, el gobierno nacional se comprometió a presentar una propuesta final sobre la moratoria y auditoría en minería y petróleos, la remediación e indemnización, las reformas a la ley de hidrocarburos y ley de minería, las reformas a la Ley de Circunscripción Territorial Amazónica, la creación de la ley de Petroecuador y la creación de la ley de consulta previa, libre e informada.
En torno a esto último, el gobierno se comprometió a garantizar la consulta previa, libre e informada de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, considerando los estándares dictados por la CIDH y la Corte Constitucional ecuatoriana.
En torno a la moratoria, como ya se dijo, el Gobierno Nacional no otorgará nuevos títulos mineros a las nuevas peticiones de derechos mineros, hasta contar con la normativa necesaria para la aplicación de la Consulta Previa, Libre e Informada ni otorgará licencias ambientales para el inicio de nuevas actividades mineras hasta contar con la normativa en materia de Consulta Ambiental.
Respecto a la Consulta ambiental: Se establece una mesa técnica que revise la propuesta legal a Consulta ambiental, las observaciones se deben hacer hasta el 21 de septiembre de 2022.
En cuanto a la evaluación integral en minería e hidrocarburos, se acordó conformar una mesa técnica de evaluación integral de carácter vinculante para la revisión de los expedientes de procedimientos de licencias ambientales, contratos petroleros y derechos mineros otorgados; los impactos de carácter socio ambiental, legal y operacional; y, a la identificación y acuerdo de los mecanismos efectivos de remediación, reparación integral, garantías de no repetición y/o reversión, la cual se instalará el 17 de octubre del 2022.
La mesa estará conformada por representantes de cada una de las Organizaciones Sociales y organizaciones de pueblos y nacionalidades, de los ministerios de Estado competentes en el área, así como por representantes de la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y las Naciones Unidas o la CIDH.
Debe señalarse que en este punto, los Ministerios de Ambiente y de Energía y Minas se comprometieron a entregar en digital toda la información que la mesa requiera con la debida anticipación y buscar alternativas de financiamiento de ser necesario. Están en la mira dos proyectos de minería industrial a gran escala en curso y 21 procesos de exploración de minería metálica, entre ellos Loma Larga, La Plata y Curipamba.
Otro logro de las organizaciones indígenas fue el compromiso del gobierno para desgraficar las concesiones mineras que intercepten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas intangibles en las partes que se encuentren superpuestas.
Un punto en el que no hubo acuerdo fue el del catastro. Las organizaciones indígenas solicitaron que no se vuelva a abrir mientras que el gobierno Nacional respondió que era necesario abrirlo. Al final, los delegados del Ejecutivo se comprometieron a no otorgar nuevos títulos de derechos mineros de las nuevas peticiones hasta que exista la ley de consulta previa, libre e informada en territorios de nacionalidades y pueblos indígenas.
Los representantes del gobierno tampoco aceptaron la propuesta de las organizaciones relacionadas con la derogatoria del decreto 151, así como la moratoria y nulidad de las concesiones mineras. Tampoco aceptaron establecer nuevas áreas de exclusión minera, como mecanismo para evitar conflictos socio ambientales futuros.
Otro punto no aceptado por el gobierno fue que la licencia ambiental se someta a consulta previa, libre e informada. Sin embargo, relacionada con el tema de la consulta está la conformación de una mesa técnica – jurídica para construir de manera articulada el proyecto de ley, con las organizaciones sociales y organizaciones de pueblos y nacionalidades, la cual se instalará el 25 de octubre del 2022.
Esta mesa contará con la participación de un asesor de la Relatoría para pueblos indígenas de las Naciones Unidad y/o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
También se conformará una mesa técnica para abordar las reformas a la ley de minería en base a la adenda presentada por la Fenocin. Esta mesa se instalará una vez que termine sus labores la mesa que tiene a su cargo elaborar el proyecto de Ley de la Consulta Previa, Libre e Informada.
