El escuálido presupuesto de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) no solo que no se incrementó para el ejercicio del año 2026, sino que se redujo, pese a que se anunció que el destino de la tasa de fiscalización minera era “el fortalecimiento de la institución para que tenga la capacidad de ejercer el control de la minería ilegal”.
Las funciones de la Agencia en la actualidad son clave porque en que la minería sufre la extorsión de grupos violentos en 40 de los 387 puntos de actividad irregular a lo largo del país, identificados según la misma agencia, y el precio del oro está en la cifra récord de 4.200 dólares por onza.
El control de la minería ilegal con sus tentáculos de violencia y crímenes asociados, y la auditoría a los ingresos que genera la actividad para el justo pago de los impuestos que debe tributar al estado ecuatoriano, son objetivos nacionales, por el estado de guerra interna decretado por el Gobierno y porque las exportaciones ilegales de oro ascienden a unos US$ 1.000 millones, según estimaciones especializados.
En la PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO – POR ENTIDAD GRUPO, el monto asignado a la Agencia es de US$ 5.272.772,47, un 9,2% menos que el asignado para el año que termina, 2025.
Esto ocurre mientras el Ministerio del Ambiente y Energía paralelamente realizó la “entrega” de 9 vehículos 4×4 que representaron una inversión de 600.000 dólares, y fueron entregados a la Arcom, para que formen parte de su deteriorada flota integrada por 29 vehículos, según el informe de gestión del 2024.
Según información oficial, las nuevas camionetas cuentan con equipamiento de última tecnología, incluyendo sistema de grúa, luces tipo baliza, sirena y dispositivos especializados para operativos en zonas de difícil acceso.
Pero no son camionetas blindadas como las requería la Arcom, en su propuesta oficial de destino de los ingresos que generaría la “tasa minera”, una característica que se considera indispensable para cuidar de la vida de los funcionarios, por el grado de violencia imperante en zonas de minería ilegal, que inclusive se ha cobrado las vidas de 11 militares. Los servidores públicos dependen del cuidado de las Fuerzas Armadas con las que coordinan las inspecciones y controles.
Como parte del fortalecimiento institucional, también se ha procedido a la supresión de puestos de técnicos, que estaban ocupados por funcionarios con al menos 5 años de experiencia. Mediante la Resolución
Nro. ARCOM-ARCOM-2025-0034-R del 26 de julio, se aseguró que no existen partidas que puedan llenarse para los mismos cargos y se eliminó a 13 técnicos cuyas labores se distribuyeron entre el resto del personal.
Al efecto, la Arcom, de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Minería es “el organismo técnico- administrativo, encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención y control de las fases de la actividad minera que realicen la Empresa Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privada, la pequeña minería y minería artesanal y de sustento, de conformidad con las regulaciones de esta ley y sus reglamentos”.
Además, es “una institución de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, está adscrita al Ministerio Sectorial y tiene competencia para supervisar y adoptar acciones administrativas que coadyuven al aprovechamiento racional y técnico del recurso minero, a la justa percepción de los beneficios que corresponden al Estado, como resultado de su explotación, así como también, al cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad social y ambiental que asuman los titulares de derechos mineros”.
El 23 de octubre de 2024, la Presidencia de la República decretó: “Disponer al Ministerio de Energía y Minas; Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológico; la Agencia de Regulación y Control Minero; y, otras instituciones vinculadas, la actualización inmediata y coordinada del catastro minero y de los registros correspondientes a las autorizaciones administrativas ambientales mineras, en un plazo no mayor a seis meses.
De acuerdo al informe de labores de 2024 de la Arcom, la Dirección de Catastro y Registro determinó 8463 derechos mineros; de los cuales, 6579 se encuentran debidamente inscritos; en tanto que 1884, se encuentran aún en trámite.
Hay que recordar que la Presidencia de la República decretó el 08 de mayo de 2024 escindir la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables en las antiguas agencias: Arcom; Agencia de Regulación y Control de Electricidad; y, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.
Desde entonces hasta octubre la institución ni siquiera tenía información institucional establecida en la Ley Orgánica de Acceso a la Información (Lotaip) en su página web.
Actualmente, se puede observar que toda la entidad a nivel nacional cuenta con 205 funcionarios.
Entre los procesos técnicos que requieren atención constan en el Informe de Gestión 2024, la implementación de una Dirección Técnica de Estadística e Información, que no existe, así como una Unidad de Muestreo y Análisis Químico Metalúrgico, unidad especializada que tampoco se encuentra implementada.
Respecto al estado del sistema integrado de gestión minera, una plataforma tecnológica anclada al catastro minero, en el informe de gestión del año 2024, se señala: “Aunque la Arcom cuenta con un sistema de gestión minera que ha automatizado gran parte del proceso de otorgamiento de derechos mineros, los usuarios aún deben presentar documentos físicos en las oficinas, lo que va en contra de una verdadera automatización”.
