Un grupo de concesionarios del cantón Camilo Ponce Enríquez viene denunciando la parálisis que afecta a funcionarios del sector que se hacen de la vista gorda frente a la extracción no autorizada de minerales en diversas partes del país.
La última semana, con el inventario de lo decomisado en la intervención en Yutzupino ascendiendo a 104 retroexcavadoras, hubo otro operativo anti mineros sin permiso que es más ruido que nueces. Esta vez en Azuay, en el sector el Carmen de Pijilí.
La página Machalamovil.com reportó sobre un decomiso de un puñado de armas, municiones y explosivos supuestamente usados en minería no autorizada llevado a cabo por la Brigada de Infantería Nº. 1 El Oro y el Grupo de Artillería Nº. 1 Bolívar, por información de Inteligencia Militar y en coordinación con personal de la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr).
El medio digital dijo que los explosivos y armas fueron trasladados en cadena de custodia para los trámites de ley correspondientes.
En el caso de Yutzupino, provincia de Napo, se desconoce todavía la estrategia legal que implementarán la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno para que los que se identifiquen como dueños de las máquinas sean procesados después de que la ministra Alexandra Vela expresara que el megaoperativo, que continúa desplegado en la comunidad de Yutzupino y sus alrededores, no se hizo antes por falta de colaboración de la Judicatura del Napo.
Según un boletín de prensa, Vela rechazó las afirmaciones de quienes aseguran que el operativo se debió realizar antes, al tiempo de enfatizar que jamás hubo demora de parte del Gobierno Nacional. “No tuvimos ayuda ni colaboración de la Judicatura local. Actuamos de forma urgente, pero esto responde a un marco legal que teníamos que respetarlo, para que el operativo tenga los resultados que hoy podemos contar a la ciudadanía”, enfatizó.
Vía Minera viene solicitando a las autoridades información sobre cómo están enfrentado casa adentro la dura lucha contra las “inversiones empresariales ilegales”, como ha calificado la ministra Vela a las ingentes cantidades de dinero que se han gastado involucrando a comunidades enteras, que no ven más alternativa -antes de migrar como lo están haciendo miles de ecuatorianos- que actividades ilegales como fuentes de ingresos rápidos.
Un propietario de una excavadora entrevistado por Ecuavisa afirmó que le pagaban 30 dólares la hora por alquilar su equipo, que no tenía más donde emplearlo y no lo había amortizado desde que lo compró por la paralización de obras de infraestructura y construcción.
A estas alturas del problema, la misma Fiscal de la Nación dijo en rueda de prensa que la corrupción ha llegado muy a fondo en las instituciones y que estas actividades ilegales han contado con complicidades de todo tipo.
Al respecto de los procesos internos en las instituciones del sector minero, hasta el momento, esperamos información oficial para saber cómo el Ministerio y la Agencia coordinan con la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, Cecmi, conformada por varias entidades del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el decreto 151, del 5 de agosto de 2021, artículo 8, el gobierno se compromete a erradicar la explotación ilícita de minerales, y para ello, en el artículo 15, dispone al Ministerio de Gobierno que en el plazo de un mes convoque a la Cecmi a intervenir de manera urgente y prioritaria las zonas donde se realizan actividades de explotación ilícita de minerales y encarga a las gobernaciones provinciales coordinar las acciones necesarias en el marco de sus competencias.
Entre los múltiples ecos que llegan a través de fuentes que visitan o que habitan sectores cercanos a zonas mineras en todo el país, como Esmeraldas o Zamora Chinchipe, sobre una extensa presencia de actividades ilegales, han llegado a Vía Minera, las denuncias de Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Cuenca, provincia del Azuay.
El abogado Vargas, que también es vicepresidente de la Cámara Nacional de Minería del Ecuador, presentó denuncias junto a sus representados: José Alberto Sánchez Reyes, administrador y representante legal de la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre; Alfonso Coronel Quezada representante legal de la Asociación de Mineros Autónomos San Francisco de Muyuyacu; Daniel Vicente Herrera Encalada, representante legal de la Minera Quebrada Fría S.A.; Jacinto Rigoberto Orellana Chávez, gerente y representante legal de la Compañía de Explotación Minera Brecha de oro Brechaoro S.A. y Efrén Jaramillo Carrión, gerente de Orenas S.A.
Ellos apuntan una supuesta inacción en la Coordinación Zonal 6 de Azuay, actualmente encabezada por el ingeniero Xavier Espinosa Pachar, para cumplir y hacer cumplir las disposiciones de ley que le corresponden, así como sus propias resoluciones, algunas del año 2015.
Si con suerte las denuncias generaron alguna vez resoluciones oficiales, dicen los denunciantes, estas se quedaron en el papel. Exponen como ejemplos lo ocurrido en las áreas mineras Muyuyacu (código 3622), Muyuyacu I (cód. 100589.1), San Sebastián II (cód. 101455) y Papagrande (cód. 26).
Afirman que no se ha cumplido con lo dispuesto a propósito del Amparo Administrativo de diciembre de 2018, que obtuvo la Empresa Nacional Minera EP a insistencia de los operadores en Muyuyacu (cód. 3622). Esto es, no se habría cobrado una multa por sanción a la compañía Orominex S.A. por US$ 663 388,95 “valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente de conformidad con el informe constante en memorando No. ARCOM-CGRCM-2014-1064-ME del 6 de noviembre de 2014”.
El 22 de septiembre de 2020, presentaron una nueva denuncia contra la misma compañía en la Agencia con la ubicación precisa y respaldo fotográfico de las actividades ilegales.
Los denunciantes aseguran que no se han cumplido las órdenes de paralización de las actividades, no se han realizado desalojos, ni incautaciones, ni se ha cobrado multas y que es necesario “proceder con una nueva cuantificación de los materiales extraídos desde la última valoración realizada hace varios años”.
En otro ejemplo, afirman que la Agencia misma certificó que los denunciados no cuentan con autorización alguna para ejecutar trabajos mineros en el área Papagrande, pero que no han sido obligados a desalojar ni investigados.
Mientras tanto en el sector minero resuena la pregunta: ¿Dónde no hace falta otro megaoperativo? En la zona de Congüime, cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, por ejemplo, hay un secreto a voces desde al menos hace un año: la orilla del río está siendo destruida.
