El NRGI y el Programa MinSus de la cooperación alemana han creado el Grupo de Trabajo “Una nueva mirada al acceso a la información: ¿Qué ofrecen las certificaciones internacionales de minerales?”, un grupo de expertos regionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil y la academia de la región andina, pero sin Ecuador.
NRGI son las siglas del Natural Resource Governance Institute, una ONG con sede en Nueva York que se dedica “a mejorar la gobernanza de los países sobre sus recursos naturales para promover un desarrollo sostenible e inclusivo”, según ellos mismos. El Programa MinSus es implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán).
La idea del grupo es presentar y familiarizar a las partes interesadas de la región Andina con las principales certificaciones que operan a lo largo de las cadenas de suministro mineras y determinar qué información a nivel de mina debería ponerse a disposición para asegurar que las certificaciones apoyen a los objetivos de transparencia y acceso a la información de los actores locales.
Parten de que a nivel global se adoptan leyes -como la iniciativa de la Ley de Cadenas de Suministro europea y alemana-, al igual que múltiples certificaciones al nivel de mina, como por ejemplo, el Proceso de Aseguramiento y Validación del International Council for Mining and Metals (ICMM), The Certification of Raw Materials (CERA), The Copper Mark, The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), Towards Sustainable Mining.
“A medida que avanzamos hacia una economía más sostenible, la cual pivota en torno a la transición energética y la lucha contra el cambio climático, aumentará la demanda de minerales. Este nuevo escenario, va acompañado de una mayor conciencia ciudadana sobre los impactos ambientales, sociales y las vulneraciones a los derechos humanos generados por las actividades extractivas que están, a su vez, con una mayor presión de inversionistas hacia las empresas por cumplir con los estándares ambientales y de derechos humanos, impulsando cadenas de suministro más sostenibles y responsables”, dicen los organizadores.
Ellos esperan producir un documento, que podría estar listo el primer trimestre del próximo año, con recomendaciones concretas sobre cómo las certificaciones pueden ser de mayor utilidad para las partes interesadas e impactadas por la minería a nivel local.
Participan en el grupo el director para América Latina de Insuco y representantes de dos ONG peruanas; dos ONG bolivianas, dos ONG colombianas, una chilena y otros expertos.
