Los country manager, CEO y gerentes de las empresas asociadas a la Cámara de Minería de Ecuador, así como un representante de EcuaCorriente, operadora de la mina Mirador; se reunieron la tarde del pasado martes siete con el presidente Guillermo Lasso en el Palacio de Carondelet para conversar en torno a una agenda de seis puntos que, en opinión de los asistentes, son los más importantes en la actual coyuntura.
El presidente estuvo acompañado de varios de sus ministros y otros altos funcionarios. Iván Correa, en ese momento secretario de la Administración Pública, Francisco Jiménez, también ex ministro de Gobierno; Diego Ordóñez, secretario de Seguridad y los titulares de Ambiente, Energía y Minas y Producción, Gustavo Manrique, Fernando Santos y Julio José Prado, respectivamente; los dos primeros asistidos por sus viceministros José Antonio Dávalos y Álvaro Ordóñez, escucharon las propuestas de los mineros. En esta ocasión no estuvo el secretario técnico de asociaciones público privadas, Roberto Salas, quien sí había estado presente en una reunión anterior con el Ejecutivo.
Minutos antes, el jefe de Estado reiteró lo que había declarado hace unos días en el Foro de Davos: que su Gobierno impulsará la inversión minera sustentable que trabaje de manera coordinada con las comunidades. Y que lo hará con empresas de prestigio que respeten los derechos laborales.
Quedó en claro también que para estos fines, el interlocutor reconocido es la Cámara de Minería del Ecuador.
Yendo al grano de la reunión, se recordó la decisión de considerar a la minería ilegal como una amenaza para el Estado y se informó que para garantizar la continuidad de las operaciones, se había designado al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, como punto focal para las coordinaciones.
Los asistentes comentaron algunas acciones que se han estado llevando a cabo en las últimas semanas. El ofrecimiento de dictar un decreto ejecutivo definiendo estrategias contundentes quedó en pie y junto con los asuntos reglamentarios y ambientales será uno de los temas a tratarse en sendas mesas de trabajo que se coordinarán con la Cámara de Minería.
Dado que el siete de febrero aún no se conocían en detalle los resultados del referéndum, lo relacionado con la incorporación de las áreas de protección hídrica al sistema nacional de áreas protegidas quedó en el plano técnico y considerando que se quiere enfocar el asunto con criterios profesionales, se entiende que la Cámara de Minería deberá conformar un equipo que se dedique a estudiar a fondo esta problemática.
Como no podía ser de otro modo, los representantes del sector minero insistieron en la necesidad de tener abierto el catastro minero. Una vez más, las autoridades respondieron que “pronto será reabierto” y, probablemente, por etapas.
El tema de las consultas, es decir, la ambiental, la prelegislativa y la consulta previa, libre e informada, remitió a los asistentes a lo sentenciado por la Corte Constitucional y la necesidad de tomar en cuenta sus recomendaciones. Una de ellas, precisamente, indica que una norma transitoria podría ser una de las salidas hasta que se promulgue la ley orgánica. Otra propuesta del Ejecutivo fue la de tener en los próximos 60 días el proceso prelegislativo que viabilice la consulta ambiental.
Aunque es difícil calificar de acuerdos a las coincidencias manifestadas en la reunión, se quedó en que además de las mesas de trabajo que conformarán la Secretaría de Administración de la Presidencia y la Cámara de Minería de Ecuador, se instalarán mesas en territorio con el fin de acopiar información de lo que sucede en esos lugares.
Reuniones intragubernamentales en las que se unifiquen los criterios de las diversas instancias y niveles de gobierno, tanto a nivel nacional como de las provincias mineras, serán posibles en el futuro después de lo conversado en este encuentro que dejó muy claro el interés del presidente Guillermo Lasso en el desarrollo y avance del sector minero.
