La Corte Constitucional del Ecuador dictaminó que la consulta sobre la creación de un subsistema de protección hídrica en el Sistema de Areas Protegidas se ajusta al ordenamiento legal vigente y garantiza la libertad de los electores.
Sólo el juez Jhoel Escudero Soliz presentó un voto salvado frente a la pregunta 7 que plantea:
¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Areas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7?
En buen castellano, si la población vota sí a la pregunta 7, las áreas de protección hídrica pasarían a formar parte de las áreas protegidas y, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 407 de la Constitución, en ellas no se podría realizar actividades mineras.
En la jerga de los magistrados de la Corte Constitucional, los considerandos de la pregunta están correctamente formulados, excepto uno que debería volver a redactarse para quedar así: Que, como consecuencia en las áreas protegidas que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas no se puede realizar actividades extractivas de recursos no renovables ni minería metálica.
La Corte Constitucional dice también que la frase introductoria debería formularse de la siguiente manera: Frase introductoria: La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica.
Y en cuanto a la pregunta 7 la Corte señala que cumple con los parámetros exigidos en el artículo 105 de la LOGJCC, lo cual, a su vez, garantiza la carga de claridad y lealtad exigida por el numeral 3 del artículo 103 de la LOGJCC.
