Mayo 29 del 2022.- En un acto más de la larga historia que envuelve a la explotación de la concesión Gaby, en “la Ponce” Enríquez, el gerente de la Empresa Nacional Minera, Julián Agurto Erique anunció el inicio del proceso de firma de nuevos contratos de operación para desarrollar el proyecto minero Muyuyacu 3622.
La ceremonia se ampara en un mandato judicial que resume el fin de una lucha voraz entre intereses económicos y políticos envueltos en una batalla campal por el oro fácil. El acto fue en un local cerrado, con fuerzas de seguridad y mineros, aplausos a favor y murmullos en contra; y se realizó el pasado jueves 26 de mayo en donde se ubica la Junta de Agua, en el cantón Ponce Enríquez.
“Tras la suscripción de un convenio de coadministración por la cotitularidad entre Enami EP y Oromining S.A., socio estratégico en el proyecto, que se llevó a cabo el pasado 19 de mayo, arrancó el proceso para definir nuevos contratos de operación en las próximas semanas”, anunció el ingeniero Agurto.
El Gerente de la Enami señaló que su objetivo consiste en impulsar el aprovechamiento responsable de los recursos mineros y mantener buenas relaciones comunitarias. “Con el acuerdo que hemos alcanzado ustedes van a estar respaldados, porque Enami va a liderar la administración con nuestros socios cotitulares, con quienes hemos llegado a acuerdos sólidos, viables, equitativos, con respeto al ambiente y las comunidades”, manifestó.
En un comunicado que circuló los días previos en la zona conocida como La Ponce, firmado por el gerente de Oromining se afirma que las “cotitulares” evaluarán y definirán conjuntamente los bloques de operación propios o en asociación con operadores especializados.
Estuvieron en la mesa directiva Baldor Bermeo, alcalde del cantón, y los empresarios colombianos Carlos Efraín Florez Cárdenas y Carlos Huerta, gerente general y presidente de Oromining S.A., respectivamente.
Los tribunales más veloces del mundo
Oromining S.A. es la representante de las empresas panameñas Gaby Panamá Corp. y Guadalupe Mining Corp. Por su parte, Guadalupe fue la empresa que logró que una sala especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas ratificara la sentencia a una acción de protección solicitada para despojar a Enami EP de varias concesiones que en 2017 se unificaron en la Muyuyacu 3622 y Gaby se benefició con una “modulación” de la sentencia.
Oromining obtuvo el 66,6% de la concesión mediante una regla de tres que aplicó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables para ejecutar a toda velocidad una sentencia en un proceso jurídico iniciado el 26 de marzo de 2019 y sentenciado en ocho días.
La regla de tres se aplicó en lugar de un proceso sumario para valorar el área del proyecto de 1.171 hectáreas que había cambiado cuantitativa y cualitativamente luego de 7 años de haber constado entre los bienes incautados a los hermanos Isaías, ex banqueros quebrados que viven en Miami y ahora demandan al Ecuador por US$ 2000 millones.
A las partes demandadas Enami EP, el Banco Central del Ecuador (BCE) e Inmobiliar se les convocó a audiencia sin tiempo necesario para preparar la defensa. Sin una buena defensa en la que ni el ministerio, como autoridad sectorial, ni la Arcom y posteriormente la Agencia de Regulación y Control de los Recursos Naturales no Renovables (Arcrnnr), como organismos reguladores y técnicos intervinieran para defender los intereses del Estado, se perdió el caso.
La demanda mediante la que obtuvieron la restitución de las áreas sin ser revalorizadas fue ratificada en tres meses. Pero nadie la quería ejecutar. En agosto de 2020, el BCE interpuso un recurso de acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
Igual procedió la Enami en octubre de 2019 pero estos recursos fueron un saludo a la bandera. A dos gerentes de Enami, Danilo Icaza y Hernán Guasumba, les costó el cargo. El ingeniero Guasumba presentó otro recurso constitucional que no avanzó ni un centímetro porque lo sacaron de la empresa.
Entonces, el abogado Rodrigo Aguayo entró de gerente general y la institucionalidad sectorial se aprestó a llevar a ejecución la crítica sentencia de acuerdo a los lineamientos dictados por una viceministra de Minas encargada, María Elena Hurtado Muñoz, a través del memorando N°. MERNNR-VM-2021-0094-ME del 1 de junio del 2021.
Aguayo había sido director jurídico de Minería en el Ministerio y asumió la gerencia el 5 de diciembre de 2020 con René Ortiz como ministro y entregó el cargo al ingeniero Agurto a fines de marzo de este año (2022). También ha sido abogado patrocinador de Oromining.
Otro baile en donde los que sobran pierden el pan
No hay que ser minero para saber lo que es el pan de cada día de miles de familias en “la Ponce”, el inmenso valor del oro de Muyuyacu. El proyecto también denominado Gaby cuenta recursos estimados en 3,9 millones de onzas de oro. En 2018 fue parte del portafolio de proyectos de la Enami EP. Por los 40 000 metros de perforación a diamantina realizados antes de 2008 y los 279 durante ese año, cuenta con valiosa información geológica.
Es conocido en el cantón que en el área históricamente existió minería ilegal y que Enami EP reguló en parte esas actividades a través del establecimiento de contratos de operación con dos agrupaciones de mineros y empresas privadas como Minervilla que afirma haber invertido allí 3,2 millones de dólares.
Otra operadora que ha perdido es la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre, constituida por unos mil trabajadores, que ha protagonizado dos marchas masivas, una llegó hasta Quito para exigir que se respeten los contratos que tenía con Enami.
Representantes de esta operadora conocida como “la 12”, califican de fraudulenta la devolución de las concesiones mineras incautadas entre los bienes que pertenecían a los hermanos Isaías por parte de la Ugdep en los años 2012 y 2013. Y denuncian como írrita la repartición porcentual sucedida el año 2021, mediante la cual la Enami EP aceptó un 33% de derechos mineros sobre la concesión minera en tanto que los patrocinados por el abogado de los Isaías, doctor Ricardo Noboa Bejarano, se quedaron con el 66%.
“La lucha del pueblo minero de Camilo Ponce Enríquez no cesará hasta que sus legítimos derechos sean respetados y no permitirá que los premiados por estas acciones fraudulentas se apropien del esfuerzo y sacrificio de muchos años”, afirmó Patricio Vargas, representante de la cooperativa de mineros.
¿Pronunciamiento del Procurador del Estado alcanza a Muyuyacu?
Vargas trae a colación el pronunciamiento de Íñigo Salvador, procurador general del Estado, acerca de lo que fue el fundamento de la decisión de la jueza a favor de los empresarios: un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 2016 los hermanos Isaías recibieron un dictamen similar en el cual el mismo Comité solicita al Estado reparar a los hermanos por una vulneración de sus derechos.
El procurador del Estado, doctor Íñigo Salvador, afirmó en entrevista televisiva reciente que eso no puede entenderse como una disposición para devolver los bienes que les fueron incautados. Señala que “era un tema relacionado con el debido proceso y el derecho a la defensa. De ninguna manera ese dictamen no vinculante hacía referencia a la devolución de bienes “.
El procurador afirma: “no es un dictamen vinculante. Es una simple recomendación para el Estado ecuatoriano. El juez hace mal en darle un valor mayor al que realmente tenía».
La Procuraduría ha apelado a la sentencia del juez Johnny Lituma Jines y este recurso será resuelto por la Corte Provincial del Guayas.
“Mientras se resuelve este recurso los bienes no pueden ser devueltos a los Isaías”, afirmó el Procurador. Además, presentó una queja en el Consejo de la Judicatura contra el juez que también intervino en 2018 para impedir el remate de los bienes de los banqueros.
