La Policía Nacional realizó el pasado 3 de agosto el operativo de cumplimiento a la orden judicial que mandaba desalojar a los pobladores que impedían el ingreso de los vehículos contratados por la empresa Hanrine a su zona de operaciones en la parroquia La Merced de Buenos Aires.
Según la Defensoría del Pueblo hubo personas heridas. Los efectivos policiales -250 de acuerdo a su versión y 500 para otros- cumplieron la orden del Juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito, Byron Andrés Vallejo; sin embargo, hacerlo de madrugada es algo que rebasa las consideraciones de tipo humanitario que deben observarse para solucionar un problema que empezó hace mucho tiempo y no tiene visos de solución a la fecha.
Los policías no tuvieron mucho trabajo. Bloqueando el paso y en medio de la pista encontraron a unas 200 mujeres de rodillas rezando padrenuestros, avemarías, glorias y el credo. Rezaban y de rato en rato gritaban “queremos paz, queremos paz” mientras frente a ellas, usando altoparlantes y con voz grave, un jefe de los efectivos daba a conocer cuál era el propósito de su presencia en la vía y a las tres de la madrugada, pero no le hicieron caso.
Después vino el desalojo y cuando la vía quedó despejada, fueron pasando los camiones y otros vehículos de la empresa minera. En esa zona hay varias concesiones formalmente otorgadas en las que se han autorizado actividades exploratorias. Sin embargo, las mineras no podían explorar nada por el cierre de vías que han declarado algunas personas.
Pasaron tres días desde la noche del operativo policial y llegaron los asambleístas de la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.
Frente a ellos, una señora aclaró que no estuvo arrodillada ante los policías sino encomendándose a Dios para que la mantenga viva y pueda seguir defendiendo a su tierra.
La cosa es que la resolución del juez quiteño siguió a la que antes había tomado el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Urcuquí, Manuel Sucuzhañay, quien dictó medidas cautelares para que la empresa minera desaloje el ingreso del pueblo y evitar enfrentamientos con la población.
El conflicto entre las sentencias lleva al plano legal una historia que merece un capítulo aparte en la vida de las comunidades andinas ecuatorianas. Para el asambleísta imbabureño Mario Ruíz, quien es el que más se ha interesado por lo que está pasando en Buenos Aires, “hay dos sentencias que se están contraponiendo; una que establece que se debe precautelar la paz y la seguridad del pueblo de Buenos Aires y de los trabajadores de la minera, y la sentencia de Quito dice que se debe utilizar al Ejército y a la Policía para entrar a la fuerza a Urcuquí”.
Ruiz y otros asambleístas escucharon a los pobladores tanto en la parroquia como en sus oficinas. En ambos lugares los agricultores les dijeron lo mismo: “No somos antimineros. Somos campesinos, hijos y nietos de campesinos que vivieron sembrando frejol, maíz, tomate y naranjilla. También tenemos vaquitas para la leche… si nos quitan nuestra tierra, a dónde vamos a ir”.
La sensación de que debido a la actividad minera van a perder sus cultivos y sus territorios actúa como la fuerza que los moviliza. La certeza de que la ciudad no los aceptará ni siquiera como vendedores informales les desarrolla un sentido de resistencia a eso que llaman desarrollo que, en su caso, es una palabra hueca e intrascendente.
Los asambleístas tomaron nota de los relatos de los pobladores y leyeron la resolución y el comunicado que habían aprobado unos días antes sobre el caso Buenos Aires. “Venimos a levantar información, a monitorear los derechos humanos, los derechos colectivos y los de la naturaleza… si se han violado, habrá fiscalización… si se vulneraron los derechos, comparecerán los responsables”, dijo Fernando Cabascango, presidente de la Comisión.
