La actividad minera a gran escala tiene su potencial para atraer inversión extranjera, pero para ello se requiere un impulso estatal que salte de los discursos en viajes al exterior y eventos oficiales, a la realidad. Durante la campaña electoral de primera vuelta, sin embargo, el tema estuvo casi ausente.
En la campaña que concluyó el jueves 6 de enero para dar lugar al período de silencio electoral previo a las votaciones efectuadas este domingo 9 de febrero, escasamente se abordó el tema minero.
De un total de 16 binomios, los candidatos presidenciales con más opciones de llegar a la segunda vuelta, según el abanico de encuestas publicadas, dieron pocas luces al respecto en declaraciones y en las escasas acciones propuestas para fortalecer a este sector con un potencial importante para dinamizar las economías regionales y hacer notables aportes tributarios y al comercio exterior.
Tanto el candidato presidente del partido Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, como la candidata de la Revolución Ciudadana-RETO, Luisa González, proponen -de forma escueta- en sus planes de gobierno, combatir la minería ilegal, contrarrestar la inseguridad en la actividad extractiva, mejorar la normativa e impulsar la inversión, pero no explican cómo lo harán.
Apenas agregan en la receta el ingrediente de una gestión con “cuidado ambiental”, en un contexto en el que colectivos ambientales y comunidades radicalizaron -en los últimos años- su oposición a las actividades mineras por un conjunto de motivos, entre los más repetidos, el cuidado del ambiente y la defensa del agua.
En su plan de gobierno de 120 hojas, Noboa propone impulsar la inversión, estableciendo regulaciones y controles que permitan el desarrollo del sector sin afectar a las comunidades y al medio ambiente.
También apunta a fortalecer “los procesos de control de las actividades mineras para prevenir la minería ilegal mediante la emisión de regulaciones efectivas e implementación de sistemas de control”. Nada más.
La propuesta de Luisa González es todavía más escueta. De sus 91 hojas de plan de gobierno, propone dos cosas: combatir la minería ilegal y recuperar la institucionalidad de regulación y control del sector minero. No obstante, en un acto electoral y en entrevistas durante la campaña, González adelantó su postura frente a la oposición de la ciudad de Cuenca al sur del país contra el proyecto Loma Larga operado por Dundee Precious Metals.
“Azuay dijo no a la minería en zonas de recarga hídrica. ¡Yo sí haré respetar la voluntad popular!”, exclamó, lo que acompañó con publicaciones en sus redes sociales en el tenor de: “Atentos, ecuatorianos. Detrás de esto hay intereses oscuros que buscan explotar recursos a costa del agua y la vida”.
Al finalizar la campaña de primera vuelta, entonces, las prioridades programáticas para ambos candidatos han sido otras. Pero, dado que habría una segunda vuelta electoral entre estos dos candidatos, para ambos será un desafío conseguir apoyos del resto de excandidatos, si entre los temas de negociación consta el minero.
Entre los candidatos más opcionados por las encuestas para obtener el ansiado tercer puesto, están la ex ambientalista, por sus propias declaraciones, e ingeniera ambiental, Andrea González, del Partido Sociedad Patriótica, y el opositor de la minería e ingeniero agrónomo, Leonidas Iza, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, cuyos votos tendrán peso en el balotaje.
Andrea González dijo en su plan de gobierno que: “la minería y otras actividades en sectores estratégicos se realicen de manera legal y sostenible, así como proteger los derechos de las comunidades afectadas y promover el desarrollo económico local y asegurar la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental”.
Mientras que Iza en su propuesta planteó: “Implementar de inmediato una moratoria en las futuras concesiones a proyectos mineros, con el objetivo de cerrar definitivamente el catastro minero para la minería metálica en pequeña, mediana y gran escala, y suspender los nuevos permisos para concesiones o avance de fases dentro de las concesiones existentes hasta que se realice una auditoría legal y socio ambiental detallada, para permitir que el Ecuador se convierta en una potencia turística”.
El líder indígena también propuso en su plan de Gobierno “potenciar la extracción de hidrocarburos y minerales de manera ecológica”.
El sector minero requiere sin duda una atención oficial específica, intensa, profunda, urgente y eficaz a su gobernabilidad debido, entre otros desafíos, a que varios proyectos mineros están paralizados por oposición de comunidades y ambientalistas que han logrado sentencias favorables en la justicia.
En la lista de proyectos mineros con problemas legales y con oposición social por la vía judicial están Llurimagua (cobre), en el norte del país; Loma Larga antes Quimsacocha (oro, plata y cobre) al sur, Panantza San Carlos (cobre), al suroriente y Río Blanco (oro), al sur del país.
Antecedentes trascendentes
La candidata Luisa González proviene del partido político liderado por el expresidente Rafael Correa que, después de una moratoria al sector minero impuesta por la Asamblea Constituyente de 2008, promulgó la primera ley de minería en 2009, la cual permitió el ingreso del capital privado internacional a este renglón de los recursos naturales y la apertura de la minería a gran escala en Ecuador.
El desarrollo de los proyectos Cóndor Mirador y San Carlos-Panantza se dio bajo fuertes movilizaciones locales, desplazamientos de poblaciones indígenas y enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares. Cóndor Mirador se transformó en la mina de cobre Mirador, operada por Ecuacorriente, subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan.
El candidato presidente, en cambio, ha enfocado su gestión en detener la expansión de la minería criminal, que está presente en 14 provincias y extiende sus tentáculos a veinte (Ver Vía Minera del 2 de febrero de 2025: ¿La militarización es suficiente para terminar con la minería criminal? ).
En su gestión se ha entregado el permiso ambiental a Curimining, subsidiaria de Silvercom y Salazar Resources, para que desarrolle la mina El Domo-Curipamba. Y también concluyó un acuerdo comercial con Canadá, proceso que empezó el gobierno anterior.
En octubre, anunció que en seis meses se reabriría el catastro minero, cerrado desde 2018, y la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim). El ministerio de Energía y Minas ha tenido cuatro ministros en un año y medio y, desde el 12 de octubre, la ministra del Ambiente es la titular “encargada”.
